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La Medicina Física y Rehabilitación (también conocida como Medicina de Rehabilitación o Fisiatría) surgió como respuesta a la discapacidad prevenible. Sus bases modernas se establecieron en Estados Unidos gracias al Dr. Frank H. Krusen, quien en 1929 organizó en la Universidad de Temple uno de los primeros programas académicos y unidades de rehabilitación, un hito que impulsó la especialidad en la primera mitad del siglo XX.
A nivel global, la unión profesional se consolidó con la creación en 1968 de la International Rehabilitation Medicine Association (IRMA) y, tras su fusión con la International Federation of Physical Medicine and Rehabilitation, dio lugar en 1999 a la International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM), hoy en día interlocutor reconocido ante la OMS.
En República Dominicana, la Medicina de Rehabilitación cobró fuerza por necesidad histórica. La primera gran epidemia de poliomielitis se registró en 1959, con 315 casos, lo que obligó a organizar respuestas clínicas y formativas que luego se extendieron a otras condiciones discapacitantes como lesiones medulares, amputaciones y parálisis cerebral. El último caso autóctono de polio por virus salvaje se notificó en 1985, y en 2000 Hispaniola afrontó un brote por poliovirus derivado de la vacuna, controlado con refuerzo de la cobertura de inmunización.
En la actualidad, el desafío principal es otro: la discapacidad por accidentes de tráfico. Según el Informe Mundial sobre la Situación de la Seguridad Vial 2023 de la OMS, en 2021 RD tuvo una tasa estimada de 27.4 muertes por 100,000 habitantes (≈3,048 fallecidos), entre las más altas de las Américas. Esta mortalidad afecta a la población en edad productiva y genera una alta demanda de rehabilitación integral (médica, física, ocupacional, del dolor y reinserción laboral).
A esto se suma el envejecimiento: la esperanza de vida en RD ronda los 74.4 años (2023), pero los años vividos con buena salud no crecen al mismo ritmo, por lo que aumentan las necesidades de rehabilitación para artrosis, fragilidad, secuelas de ACV y otras enfermedades crónicas.
Sin embargo, nuestra oferta pública de rehabilitación sigue fragmentada y con falta de financiamiento. Es urgente una política de Estado con tres pilares:
Infraestructura y accesibilidad: normas de diseño universal en edificios públicos y escuelas; movilidad segura dando prioridad a peatones, personas con discapacidad y motociclistas (mayor fiscalización, cascos certificados, control de velocidad y alcohol).
Red hospitalaria de rehabilitación: al menos uno o varios hospitales/unidades especializados distribuidos regionalmente, integrados a trauma, neuro y cardiometabólico, con equipos interdisciplinarios, clínicas del dolor y tecnología para análisis del movimiento.
Cobertura efectiva: aquí entra un punto crucial. Con frecuencia los tratamientos de rehabilitación son negados o limitados por las ARS, debido a un desconocimiento de su verdadero impacto en la recuperación. Esto retrasa la intervención, compromete la ventana terapéutica y obliga a las familias a costear lo que debería estar garantizado. El regulador (SISALRIL) mantiene canales de reclamos, pero se necesita voluntad firme del Estado para que las aseguradoras entiendan que la rehabilitación no es opcional, sino un derecho fundamental para la reinserción social y laboral de los pacientes.
Como médico rehabilitador, mantengo que rehabilitar a tiempo es política económica: cada persona que conserva o recupera su funcionalidad trabaja, estudia y cuida; evita hospitalizaciones y dependencia; y aporta al PIB. El Estado debe, por tanto:
Financiar la rehabilitación como inversión, no gasto: presupuestos multianuales, metas y auditoría de resultados (retorno funcional, reintegro laboral).
Alinear a las ARS con guías basadas en evidencia: autorización ágil, continuidad sin interrupciones administrativas y cobertura explícita de protocolos de alta frecuencia (post-trauma, post-ACV, dolor musculoesquelético).
Formar talento humano (médicos de rehabilitación, terapeutas, ingenieros biomédicos) y equipar centros con tecnología para marcha, fuerza y control motor.
Datos abiertos: crear un observatorio nacional de discapacidad y rehabilitación para monitorear acceso, tiempos de espera y resultados, conectado a seguridad vial.
República Dominicana ya demostró que, cuando se decide, puede erradicar amenazas como la polio y coordinar esfuerzos masivos. Es hora de mirar con empatía y estrategia a quienes viven con discapacidad — por edad, enfermedad o trauma vial — y construir, juntos, un país donde funcionar mejor sea un derecho asegurado.
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