Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
– Un 63.5% de niños de 1 a 14 años han sufrido violencia en casa.
– Expertos consideran peligrosa “la pela” como método de disciplina.
Santo Domingo.- Como sacado de una película de terror, en las últimas semanas, la sociedad dominicana ha sido consternada por hechos violentos donde, desafortunadamente, los más vulnerables han sido las víctimas de quienes se supone deben ser sus cuidadores: madres y padres que han quitado la vida a sus propios hijos.
Lo más preocupante es que estos casos de violencia podrían estar relacionados con el mal manejo de las llamadas “pelas”, advirtió el psicólogo Luis Vergés .
Según un estudio de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), titulado “Análisis de la situación de los niños, las niñas y los adolescentes ante la violencia en República Dominicana”, el 63.5% de niños y niñas entre 1 y 14 años ha experimentado algún tipo de violencia dentro del hogar.
La sola lectura de estas historias provoca negación, rechazo y pesar; un encogimiento en el pecho como si el corazón se arrugara por tanta aflicción. Pero esta no es una noticia más narrada con frialdad. Se trata de un drama social donde un inocente paga, de la manera más espeluznante, la ignorancia de su verdugo, la indiferencia de los vecinos y las fallas de un sistema que llega tarde.
Más allá del crimen, la muerte de un niño a manos de uno de sus padres tiene raíces profundas: la formación que recibió su progenitor, la condición mental en la que se encuentre y la cultura de “la pela” como método de disciplina.
El estudio de Unicef revela, además, que el 70 % de infantes entre 3 y 4 años ha sido expuesto a métodos violentos, siendo este el segmento más afectado. Indica que existen variaciones dependiendo del nivel educativo de las madres y el nivel socioeconómico del hogar, con diferencias de 9 y 5 puntos porcentuales, respectivamente.
El psicólogo clínico Luis Vergés explica que rara vez este tipo de casos son el resultado de un único factor. Expone que hay muchos problemas complejos y entrelazados, que se acumulan silenciosamente: “Se combina la vulnerabilidad de un niño que no se puede defender, con la necesidad de protección por parte de un cuidador que esté capacitado para dar ese cuidado y si el cuidador no es la persona adecuada, no siempre es porque tenga una patología o una enfermedad mental”.
Es decir, estos crímenes también pueden ocurrir aunque la persona no tenga un diagnóstico psiquiátrico. Ocurren incluso por ignorancia: “Hay quienes entienden que educar con castigo físico es lo correcto y que mientras más fuerte golpeen, mejores resultados obtendrán en la disciplina, lo cual es un error”.
Muchos de los padres que cometen estas acciones en su niñez también fueron maltratados. De modo que esta práctica se convierte en un ciclo que se repite en generaciones, padres que perpetúan el mismo comportamiento del cual fueron víctimas.
Los perfiles más comunes en estos padres, según el especialista Vergés, son de inestabilidad emocional: son personas que suelen sobre reaccionar, sentirse desbordadas e inadecuadas. Cuando buscan obediencia o disciplina en los hijos y no lo logran, caen en una frustración intensa que descargan en forma de enojo y violencia hacia los niños.
Sin padecer necesariamente una enfermedad mental grave, muchos presentan errores de interpretación: entienden la conducta infantil como un desafío personal, cuando en realidad los niños solo están siendo niños, curiosos, espontáneos, impulsivos y creativos por naturaleza.
De igual manera, el entorno familiar también influye en los trágicos desenlaces que en la actualidad se están registrado, pues al analizar los datos de homicidios en niños, niñas y adolescentes ocurridos del 2020 al 2025 Unicef identificó dos grupos de edad como los más afectados por conflictos familiares, violencia intrafamiliar y de género: los niños de 0 a 4 años, con 17 casos registrados, y los adolescentes de 15 a 17 años, con 23 casos.
Por otro lado, los homicidios vinculados a riñas o disputas afectan principalmente a los adolescentes, con 81 casos reportados.
El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Ley 136‑03 en su artículo 396 establece que se considera abuso físico cualquier daño que reciba el niño, niña o adolescente, de forma no accidental y en que la persona que le ocasione esta lesión se encuentre en condiciones de superioridad o poder.
Este delito será castigado con penas de dos a cinco años de prisión y multa de tres a diez salario mínimo establecido oficialmente, vigente al momento de cometer la infracción, si el autor o autora del hecho mantiene una relación de autoridad, guarda o vigilancia (maestro, guardianes, funcionarios, policías etc.) sobre el niño, niña o adolescente y se producen lesiones severas, comprobadas por especialistas en el área, se aplicará el máximo de la pena indicada anteriormente.
La norma legal indica que si el abuso es cometido por el padre, la madre y otros familiares, tutores o guardianes, responsables del o de niño, niña o adolescente, en contra de sus hijos, hijas o puestos bajo su guarda o autoridad, serán sancionados con privación de libertad de dos a cinco años y multa de uno a cinco salario mínimo establecido oficialmente. En todo caso, la pena debe ir acompañada de tratamiento sicoterapéutico.
Sin embargo, para la abogada especializada en derecho de familia, sustracción internacional de menores, adopciones y derecho civil, Dilia Leticia Jorge Mera, el marco legal requiere modificaciones ya que dejar a criterio del padre o tutor la disciplina puede ser muy peligroso para la seguridad del menor, por tanto entiendo que debe prohibirse definitivamente el castigo físico.
“Aquí no se puede dejar al pensamiento de lo que yo creo porque lo que para mí es una pela suave tal vez para ti es una pela dura, o sea son muy subjetivos, entonces para mí hay que prohibir el castigo físico de manera específica. Yo pienso que estamos viviendo los resultados de no haberlo sancionado antes y se ha normalizado mucho estarle dando pela a los muchachos con correa”, explica.
Añade que actualmente el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), bajo la coordinación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), evalúan el Código para la Protección de Niños para estudiar su posible modificación y mejoras.
Dilia Leticia, quien fue jueza interina del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y ha sido una voz activa en torno a los derechos humanos, alertó sobre las ambigüedades que también presenta sobre este tema el nuevo Código Penal.
“Incluso hay un artículo del Código Penal que fue aprobado ahora, donde dicen que el padre o la madre dentro del ejercicio de sus funciones, como desde el ejercicio de sus derechos de la autoridad parental, pueden disciplinar a sus hijos siempre y cuando en el marco del interés superior del niño. ¿Y qué es eso? No especifica. Pues yo puedo estar diciendo que yo le estoy dando una pela a mi hijo porque estoy ejerciendo mi derecho como madre y eso es en el beneficio del interés superior de ese niño. ¿Y quién dice? O sea, queda muy a la interpretación de la persona y eso no esta correcto”, reclama Jorge Mera.
De su lado, el terapeuta familiar Julio Sánchez señala que otro detonante es la naturalización de los golpes y la humillación como parte del día a día.
“Todos sabemos que esta situación es muy común. Por eso, es clave concientizar y abrir espacios de diálogo a través de campañas y programas de prevención”, explica.
La perspectiva del especialista Julio Sánchez se confirma con otras conclusiones que arrojó la investigación de Unicef, quien al analizar la manifestación de la violencia según el tipo y el contexto en que ocurre, observó que un 45.5 % de las mujeres de 15 a 17 años (y mayores) ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito educativo a lo largo de su vida.
Mientras que en el ámbito laboral, la proporción es de 22.2 %, mientras que en el ámbito social o comunitario, el 47.2 % ha sido víctima de violencia en algún momento de su vida, y un 37.2 % reportó haberla sufrido en los 12 meses previos a la encuesta.
Estos datos reflejan la persistencia de la violencia tanto en espacios públicos como privados, afectando significativamente a mujeres adolescentes y adultas.
En septiembre de 2020 un tribunal condenó a una mujer a dos años de prisión por ocasionarle a su hija de dos años de edad quemaduras en las manos y glúteos en un hecho ocurrido, en el sector Cristo Rey de Santo Domingo Norte.
El pasado 21 de agosto una jueza impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que agredió con un clavo a una hija de un año y once meses, en un hecho ocurrido la semana pasada en el municipio Villa Riva, de la provincia Duarte.
El más reciente que ha consternado a la sociedad dominicana es el de una pareja imputada por la muerte de una niña de 7 años de edad, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.
Estos casos de maltrato y muerte de niños a manos de sus propios padres son más que hechos aislados: son el reflejo de una cultura que aún normaliza la violencia como disciplina.
Mientras la sociedad siga tolerando “la pela” como método educativo, el riesgo de que ese castigo se transforme en tragedia estará latente en cada hogar. No basta con sancionar después del hecho: se necesita prevención, educación y un cambio cultural profundo que enseñe a criar sin violencia.
Romper este ciclo no es solo responsabilidad de las familias, sino también del Estado y de toda la comunidad. Porque cada niño maltratado no solo carga con las huellas de la violencia, sino que también nos recuerda el fracaso colectivo de proteger lo más sagrado: la infancia.
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