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La jueza neoyorquina aumenta la presión. Desea saber qué activos están fuera del país para que cobren los fondos buitres.
Una vez más la jueza Loretta Preska, de la Corte de Apelaciones de Nueva York, se inclinó a favor de los fondos especulativos que demandan a Argentina en el caso por la reestatización de YPF. En esta ocasión la magistrada aprieta de nuevo: ordenó al país presentar una lista completa de todos los activos argentinos en el exterior, incluidos los estratégicos de defensa.
Preska insiste con una solicitud que había planteado antes y que la defensa argentina se negó a responder: exige estar al tanto de cuáles son los bienes del país en el extranjero para intentar embargos que permitan a los capitales especulativos apropiarse de los 16.100 millones de dólares, más intereses diarios. La suma fue fijada por la misma jueza, en beneficio de los demandantes Bulford y Eton Park, a quienes incluso respaldó con un dictamen que obliga a entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal.
Esta resolución extrema se encuentra frenada y en proceso de apelación, e incluso llegó a ser cuestionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que consideró la decisión una intromisión en la soberanía y un peligroso precedente que podría afectar las relaciones internacionales de la Casa Blanca.
El Segundo Circuito de los tribunales de Manhattan le dio la razón a Argentina y por ahora no debe entregar las acciones de YPF. Tras conocerse el fallo, Preska casi de inmediato decidió solicitar al país el contenido de las comunicaciones en chats y correos electrónicos -relacionados con el caso- de los dos últimos ministros de Economía: Sergio Massa y Luis Caputo. La defensa solicitó la revisión de esa medida pero la magistrada no hizo lugar y reiteró la petición.
“Caso YPF: Mañana (jueves) a las 11 am (NY) se realizará una audiencia en el juzgado de Preska para que las partes informen a la jueza sobre el estado y los avances en la entrega de información de descubrimiento”, informó el especialista en la materia, Sebastián Soler, en redes sociales.
La constante reiteración de requerimientos de esta jueza al Estado argentino no resultan extraños. Los abogados del país se refugian en la estrategia que tiene continuidad histórica, aunque haya habido diferentes cambios de signo político -muy opuestos entre sí- en la conducción del Ejecutivo.
Cuando Preska pidió la lista de activos en el exterior por primera vez, la defensa argumentó que era necesaria la diferenciación entre bienes “comerciales” de aquellos estratégicos, como por ejemplo los que se usan en Defensa. En este sentido, demandó al tribunal que reconsidere limitar los requerimientos de descubrimiento exclusivamente a activos “potencialmente ejecutables”.
Pero entonces llega otro rechazo de la jueza, quien aseguró que será ella la encargada de decidir qué bienes son embargables y cuáles podrían estar exentos de cumplir obligaciones comerciales. “Preska resuelve que la inmunidad no puede invocarse si antes no se conoce la información solicitada por los demandantes y se identifica un activo específico. La Jueza sí reconoce que Argentina puede, en general, intentar resistir pedidos de descubrimiento si son desproporcionados o irrazonablemente engorrosos”, explicó Soler.
La Procuración General del Tesoro, a cargo de la defensa de YPF, indicó en un comunicado que: “Esta decisión se suma a la emitida la semana pasada, que también desestimó la solicitud de reconsideración referida a los pedidos de descubrimiento sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios y exfuncionarios”, y que en ambas presentaciones, “Argentina sostuvo que los requerimientos cuestionados resultan contrarios tanto a la jurisprudencia de los Estados Unidos como a la legislación argentina”.
Entre los próximos pasos, se espera que Argentina impugne la última sentencia. Mientras tanto quedan pendientes dos apelaciones. Por un lado, contra el fallo que ordena pagar los más de 16.000 millones de dólares y, por otro, contra la orden de entregar el 51 por ciento de las acciones de la compañía como castigo por no haber cumplido el dictamen anterior.
