Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Integrativa online DVCN y Colectivo Salud Mental RD
En la República Dominicana, la partida gubernamental destinada a salud mental representa apenas el 0,7 % del total del presupuesto de salud (cifra 2019 del Atlas de la OMS). Este porcentaje resulta inferior al de varios países de ingreso comparable en la región: Costa Rica (4,6 %), Panamá (3,0 %), Colombia (1,8 %) y Ecuador (1,2 %). Además, el Atlas indica que no se han calculado ni asignado recursos humanos y financieros específicos para ejecutar una política de salud mental, que la integración en la atención primaria no supera el umbral de funcionalidad (autoevaluación 3/5) y que la fuerza laboral global equivale a solo 10,61 profesionales por cada 100.000 habitantes. Estos indicadores demuestran que, sin presupuesto, la capacidad operativa para aplicar una ley será muy limitada.
Las consecuencias del subfinanciamiento y del sesgo hospitalocéntrico son tangibles: en las Américas, la mediana de la brecha de tratamiento para trastornos del ánimo, de ansiedad y por consumo de sustancias llega al 73,5 %; en América Latina y el Caribe alcanza el 77,9 %. A ello se suma que más del 60 % del gasto en salud mental en la región sigue yendo a hospitales, dejando desatendidos los servicios comunitarios, la prevención y el apoyo psicosocial que acercan la atención a mujeres, jóvenes y comunidades. En 2020, en la República Dominicana, el número de establecimientos de salud mental basados en la comunidad era 18, lo que equivale a 0,17 por cada 100.000 habitantes.
La evidencia muestra qué funciona cuando se financia. La atención especializada (psiquiatría, unidades hospitalarias generales) es esencial para casos complejos, pero debe complementarse con apoyo psicosocial, integración en la atención primaria y respuestas comunitarias centradas en la persona y basadas en derechos. La OMS recomienda escalar los servicios comunitarios y reforzar la atención primaria en salud; las revisiones sistemáticas sobre mhGAP demuestran que capacitar a personal no especialista mejora la detección y el manejo de trastornos comunes; y el análisis de retorno de inversión publicado en The Lancet Psychiatry demuestra que cada US$1 invertido en depresión y ansiedad genera aproximadamente US$4 en productividad y salud, un argumento económico clave para los tomadores de decisión.
Más allá de los marcos de derechos, la Ley debe establecer metas presupuestarias graduales y verificables (por ejemplo, acercarse a corto plazo a la mediana regional del 2 % y converger hacia niveles de países pares), con asignaciones protegidas para redes comunitarias y atención primaria (sin descuidar la atención especializada), indicadores de seguimiento y financiamiento de recursos humanos. Esto concuerda con la recomendación de asignar el gasto de forma proporcional a la carga de enfermedad y con los hallazgos del propio Atlas, que documenta la brecha entre leyes y recursos efectivamente asignados. Una ley sin financiamiento no cambia resultados; con financiamiento inteligente, sí.
Agregar Comentario