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CIUDAD DE MÉXICO (EFE). – Un año después del brote de la crisis violenta en Culiacán, provocada por una contienda interna del Cártel de Sinaloa, el balance resulta desolador: 1 828 asesinatos dolosos y 2 390 personas desaparecidas en un intervalo de doce meses que se ha caracterizado por la desesperación, la inquietud colectiva y el miedo entre la población estatal.
“Hemos atravesado un año que, si lo comparáramos, sería como si lloviera sin parar”, explicó en una entrevista Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), una organización no gubernamental que analiza la problemática social de la violencia y la inseguridad con criterios objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos.
El pasado domingo, miles de culiacanecos se congregaron bajo el consignas “¡Ya basta!, queremos paz”, denunciando la pasividad del gobierno de Rubén Rocha Moya.
“En ocasiones la tormenta se muestra intensa, otras como un huracán de categoría cinco, y a veces parece que el cielo se aclara, con una lluvia menos fuerte, pero, lamentablemente, no ha dejado de ‘llover’, pues los hechos violentos siguen repitiéndose semana tras semana”, añadió.
Calderón marcó como los periodos más críticos los meses de octubre y noviembre de 2024 (con 182 y 172 asesinatos dolosos respectivamente) y junio de 2025 (con 207), “cuando se vivieron los episodios más agudos y quizá más dolorosos y trágicos de todo este ciclo”.
Desde septiembre de 2024 se intensifica el enfrentamiento interno del Cártel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por Estados Unidos este año, después de la captura en julio pasado de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización, tras la entrega a EE. UU. de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según datos del propio CESP, el choque entre Los Chapitos y Los Mayos ha generado 1 828 fallecidos en Sinaloa desde que se inició el 9 de septiembre de 2024, además de 2 390 desapariciones forzadas. Calderón subrayó que esas desapariciones se reflejan en la cantidad de grupos surgidos por madres que buscan a sus hijos, “porque la capacidad del Estado está sobrepasada”.
Indicó que se han registrado alrededor de 2 000 denuncias este año “y estimamos que la cifra real podría ser el doble, pues muchas familias desconfían de la autoridad y, en su lugar, depositan su esperanza en la delincuencia para que sus seres queridos regresen con vida”.
El analista recordó que Sinaloa ha atravesado crisis semejantes, la primera entre 2008 y 2011 y otra en 2017, ambas originadas por disputas internas dentro del cártel.
“Como sociedad, lo que diferencia esta situación de crisis anteriores es que ha trastornado nuestra rutina, ha anulado la vida nocturna y, en ciertos momentos, ha interrumpido actividades escolares y laborales”, señaló.
Calderón consideró que, para mejorar el panorama futuro, es indispensable incrementar el presupuesto destinado al fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia del Estado, así como a policías, ministerios públicos y peritos.
“Contamos con instituciones estatales muy débiles para enfrentar estos problemas; en esta coyuntura hemos dependido de las fuerzas de seguridad federales… si no estuvieran presentes, la situación sería dos o tres veces más grave o trágica”, concluyó.
La presidenta Sheinbaum reafirmó el lunes su compromiso de controlar la situación, reconociendo que se trata de un proceso paulatino y de esfuerzo continuo: “Seguiremos trabajando; el gabinete de seguridad se reúne cada quince días, hay presencia del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, de investigación, se están realizando numerosas detenciones y vamos a ir pacificando Sinaloa”, aseguró.
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