El Estado ha suscrito más de 158 000 millones para 2025, y las compras absorben el 32 %

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Las adquisiciones públicas representan el 32 % del Presupuesto General del Estado y, en lo que va del año, las instituciones han gastado 158 915 millones de pesos mediante 7 931 contratos. Detrás de esa cifra se encuentran 129 813 proveedores registrados, de los cuales 38 943 mantienen una participación activa.

Estos datos convierten al sector en el de mayor riesgo para la gestión del dinero público, según Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), durante su intervención en el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio.

Pimentel señaló que la participación en los procesos de compra del Estado ha crecido más del 42 % porque se ha generado mayor confianza, existe más información y un ente decisor.

Lo acompañaron Katherine Gutiérrez, directora de Investigaciones y Reclamos; Raquel Miranda, directora jurídica; Daniel Alburquerque, jefe del Departamento de Análisis e Investigaciones; y Ana Lisania Batista, responsable de Prensa y Relaciones Públicas.

Hasta la fecha, el total de proveedores inhabilitados y suspendidos asciende a 810, mientras que en lo que lleva del año se han intervenido 21 300 procesos mediante monitoreo preventivo y se emitieron más de 11 000 alertas preventivas. Dichos contratos involucraban un importe de 134 729 millones de pesos, de los cuales 1 951 millones fueron reencauzados.

En la actualidad, el Sistema Electrónico de Compras Públicas (SECP) cuenta con 625 unidades de compra distribuidas en 297 instituciones, de las cuales 115 son hospitales y 213 gobiernos locales.

En cuanto a las entidades que más denuncias reciben en la DGCP, Pimentel indicó que, habitualmente, son aquellas que más adquieren o manejan procesos más complejos por la gran cantidad de ofertas recibidas, destacando al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) como la principal, seguido de los ministerios de Educación, Obras Públicas y la Policía Nacional.

El director explicó con detalle los niveles de intervención de la DGCP en los procesos de compra, los cuales se limitan al inicio o después de adjudicado el contrato, cuando surge una denuncia o de oficio; nunca intervienen en la fase de recepción de ofertas ni en la adjudicación, pues no pueden ser juez y parte. “Las entidades contratantes son responsables de sus procesos”, subrayó.

Mencionó que los últimos tres procesos anulados del INABIE tenían un pliego de condiciones correcto, pero se produjeron fallos en la evaluación y adjudicación, lo que motivó la intervención de la DGCP tras una denuncia mediática.

Respecto a la cancelación del contrato entre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la empresa Farmacard, la DGCP actuó a raíz de la denuncia de un ciudadano; la anulación se debió a la contratación directa sin licitación, en contravención de la normativa. En el caso de la suspensión del proceso convocado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para la compra de pitos, la medida se tomó porque la entidad no pudo demostrar cómo se determinó un precio de referencia de RD$ 1 900 por unidad.

Indicó que ese costo unitario debió estar sustentado en estudios previos y comparaciones con productos de idénticas especificaciones.

Arbitrar controversias, garantizar el cumplimiento de los topes de compra por sector, lograr que más entidades gestionen sus procesos a través del SECP y aplicar la nueva legislación son algunos de los principales retos de la DGCP.

Pimentel añadió que la entidad debe conocer los conflictos entre contratantes y proveedores y brindar respuestas en tiempo razonable, además de reducir los plazos de contratación. En cuanto al desafío de cumplir con el 20 % de la ley destinado a Mipymes en las compras públicas, aseguró que, hoy, más del 40 % de los contratos van dirigidos a ese segmento y de ellos, un 8 % a mujeres.

Sin embargo, el mayor desafío de la DGCP es implementar la nueva Ley 47‑25, que transforma por completo el sistema, reforzando los controles y estableciendo un régimen de sanciones más estricto.

Pimentel informó que este mes se abrirá una consulta pública del reglamento de la ley para que todos los sectores puedan opinar y contar con una normativa adecuada. “Los desafíos que enfrenta la Dirección General de Contrataciones Públicas como órgano rector son variados según su rol y competencias”, concluyó durante el encuentro.