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Miami. Washington ha puesto bajo la lupa a los denominados “narcoinfluencers”, personas con gran número de seguidores que emplean sus redes y su posición al servicio del narcotráfico. Su papel como propagandistas y blanqueadores de los cárteles no ha pasado desapercibido para el gobierno estadounidense.
El fenómeno de los narcoinfluencers ya había captado la atención de Estados Unidos, pero el despliegue, en enero de este año, de volantes en Culiacán con una lista anónima de 25 nombres de influencers, de los cuales seis ya han sido asesinados, intensificó el interés.
Washington dio una señal clara el 6 de agosto pasado, cuando el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a tres dirigentes del Cártel del Noreste (CDN) y a su “asociado” Ricardo Hernández Medrano, influencer y rapero conocido como El Makabelico, acusándolo de usar sus conciertos y las regalías de sus transmisiones para lavar dinero a favor del grupo, catalogado por la administración de Donald Trump como Organización Terrorista Extranjera.
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“Ya contamos con los primeros perfiles para sancionar y congelar cuentas bancarias, de modo que el dinero de los influencers no llegue a los criminales”, declaró a EL UNIVERSAL una fuente involucrada en una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. contra los narcoinfluencers.
La DEA ha advertido que “las plataformas de redes sociales y las apps encriptadas amplían el alcance de los cárteles… Los traficantes y sus colaboradores emplean la tecnología para anunciar y vender, cobrar, reclutar y entrenar mensajeros; y para efectuar entregas sin contacto cara a cara”. Los influencers forman parte de ese esquema.
Un influencer, que prefirió mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, explicó a este diario que el modus operandi de los narcoinfluencers es “bastante simple: inyectar dinero sucio para inflar cuentas mediante bots y granjas de clics, monetizar con cifras elevadas en YouTube, Instagram o Facebook, principalmente; y luego, una vez que el dinero pasa por el sistema financiero de alguno de estos países (México o EE. UU.), se devuelve una parte al grupo delictivo, ya con apariencia de ingreso lícito”.
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Estados Unidos sigue de cerca las acciones de la Unidad de Investigación Financiera mexicana (UIF), que abrió pesquisas sobre un bloque de 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado a través de redes, entre ellos Markitos Toys, quien lo negó públicamente: “Nunca he lavado dinero para nadie”, declaró, aunque ya redujo su presencia en redes.
Los expertos consultados coinciden en que el capital blanqueado mediante influencers es menor en comparación con otras vías.
El abogado Salvador Mejía, especialista en finanzas ilícitas, comentó a este medio que “el crimen organizado siempre buscará nuevas rutas para lavar dinero”, pero que los influencers “siguen siendo un canal relativamente pequeño para ese fin; lo verdaderamente valioso es la propaganda”.
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Y esa propaganda, como en cualquier conflicto, es determinante. Javier Llausás, director de la ONG Building Spaces for Peace, la describe así: “Esto es una guerra; y como en toda guerra, la propaganda es crucial”. En Sinaloa, la lucha entre facciones trasladó el mensaje al terreno digital y quienes moldean las narrativas se convierten en activos estratégicos.
Más allá del dinero, los cárteles ganan poder narrativo. “Un influencer presta su prestigio digital para dar forma a la conversación: normaliza el lujo, vende la imagen de ‘benefactores’ que reparten despensas y, al mismo tiempo, desacredita a rivales o a las autoridades”, explicó a este medio el influencer consultado. “Cuando esa versión se impone en el ‘feed’, la violencia parece distante o justificada y la comunidad empieza a observar con simpatía, o resignación, a quienes dominan la plaza”.
Los cárteles también obtienen acceso directo a los jóvenes. “Los videos, los corridos y la estética buchona actúan como puerta de entrada a sus emociones: prometen pertenencia, respeto y admiración social. Ese gancho abre un mundo de reclutamiento que va desde ‘hacer el paro’ en asuntos menores hasta integrarse en su logística, vigilancia o cobro”, continuó el influencer. Para la DEA y los fiscales estadounidenses, ahí ya existe un delito potencial a perseguir.
El uso de influencers refuerza la legitimidad simbólica. Un patrocinio, un concierto, una rifa “por una buena causa” y la foto con celebridades crean la sensación de que el negocio forma parte del tejido local. Aunque sea una fachada, la reputación funciona como escudo: vecinos, autoridades menores e incluso marcas dudan en confrontar a quien parece querido por el barrio.
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En la cotidianidad, los cárteles obtienen ventajas operativas. “Una cuenta con millones de seguidores puede sembrar rumores para distraer a la policía, señalar a un rival, desmentir filtraciones o ‘calentar la plaza’. El mensaje circula más rápido que cualquier comunicado oficial”, subraya el creador digital. Para las agencias de EE. UU., ese uso de plataformas ya forma parte de las tácticas de reclutamiento, contrabando y encubrimiento de los cárteles.
Una fuente del Departamento de Justicia explica que, desde la perspectiva estadounidense, “los narcoinfluencers ingresan por dos avenidas a la lista de sospechosos: las finanzas, sancionables o punibles, y la propaganda, con perturbación de legitimidad y reclutamiento”. No es casual que OFAC ubique el caso de Makabelico bajo terrorismo y drogas, y que coordine con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la DEA; el objetivo: cortar los ingresos de los narcoinfluencers y, por ende, del narcotráfico, y desactivar los altavoces digitales.
El costo humano de esta guerra de narrativas se ha hecho evidente, especialmente en 2025.
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Sobre los volantes con las caras de influencers que aparecieron en Culiacán, algunos supuestamente vinculados a Los Chapitos, marcados con el sello “ELIMINADO”, la fuente del Departamento de Justicia indica que, con ello, la facción atribuida a El Mayo “busca desactivar el altavoz propagandístico de sus enemigos y forzar a esos creadores a huir, reducir su presencia en redes, autocensurarse o, en el extremo, eliminarlos físicamente”.
Para medios y analistas, la violencia contra creadores refleja el lugar que estos ocupan “en la propaganda”. Eliminarlos, según afirman, equivale a silenciar esa caja de resonancia.
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