Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Respecto a Bolsonaro, que está bajo detención domiciliaria desde agosto del año pasado, se le acusa en este proceso de cinco delitos: destrucción violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, banda criminal armada, daño al patrimonio protegido y lesión calificada.
En la audiencia celebrada este jueves, el magistrado relator impuso el agravante de liderazgo, indicando que la Fiscalía lo catalogó como “cabeza” de la banda criminal que urdió un plan para bloquear la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva luego de su triunfo electoral en 2022.
En otro orden, Collor de Mello (presidente entre 1990 y 1992) cumple una pena de ocho años de prisión por un caso de corrupción desde 2023. En mayo de este mismo año, la Corte Suprema le concedió la detención en su domicilio con monitor electrónico en tobillo.
Mientras tanto, Lula da Silva (mandatos 2003‑2011 y 2023‑2027), presidente en funciones de Brasil, recibió condenas en diversas instancias por al menos tres casos de corrupción, con penas que alcanzaron los doce años de prisión, aunque todas las resoluciones fueron revocadas. Continúa con varios procesos judiciales pendientes.
Álvaro Uribe, de 73 años, se transformó el 28 de julio pasado en el primer exmandatario colombiano sentenciado penalmente. Una magistrada le dictó 12 años de prisión domiciliaria y ordenó su captura inmediata, pero un juzgado acogió un recurso de su defensa y, pocos días después, le concedió la libertad mientras se tramita la apelación en segunda instancia.
En primera instancia, Uribe fue declarado responsable de fraude procesal y cohecho en curso penal, al haber abonado a exparamilitares detenidos para impedir que lo relacionaran con el paramilitarismo de derecha que había combatido contra las guerrillas durante el conflicto armado colombiano.
Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000). En 2009 recibió una condena de 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, en relación con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, así como secuestros posteriores al autogolpe de 1992. Fue puesto en libertad en diciembre de 2023 mediante un indulto humanitario y falleció en 2024.
Alejandro Toledo (mandato 2001‑2006). En octubre de 2024 fue sentenciado a 20 años y medio de prisión por colusión y lavado de dinero, vinculados a los sobornos de Odebrecht por la adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica. Cumple su condena en Barbadillo, la prisión conocida como la de los expresidentes, tras haber sido extraditado desde EE. UU. en 2023.
Ollanta Humala (presidente 2011‑2016). El 15 de abril de 2025 recibió una pena de 15 años de prisión por lavado de activos, al haber aceptado fondos ilícitos de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela para sus campañas. Cumple su condena en Barbadillo.
Pedro Pablo Kuczynski (mandato 2016‑2018). Se encuentra bajo detención domiciliaria desde 2019 por presunto lavado de activos, derivado de los pagos que Odebrecht realizó a su compañía Westfield Capital cuando ocupaba el cargo de ministro. La Fiscalía solicita 35 años de cárcel.
Martín Vizcarra (presidente 2018‑2020). Su causa está en fase de juicio oral desde octubre de 2024 por cohecho propio, al presuntamente haber aceptado sobornos por 2,3 millones cuando era gobernador de Moquegua. La Fiscalía pide una condena de 15 años de prisión.
Pedro Castillo (presidente 2021‑2022). Enjuiciado por rebelión, abuso de autoridad y alteración del orden público tras intentar disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción el 7 de diciembre de 2022. Actualmente se halla en prisión preventiva en Barbadillo y la Fiscalía solicita 34 años de reclusión.
Ricardo Martinelli (mandato 2009‑2014). Fue arrestado en EE. UU. y extraditado a Panamá en 2017, donde ingresó en la cárcel. Fue juzgado y declarado “no culpable” en 2019 en el caso “Escuchas”, aunque la sentencia se revocó al año siguiente y se ordenó repetir el proceso en 2021, tras lo cual fue absuelto. En 2023 recibió una condena de 10 años y medio de prisión.
Al año siguiente, una vez confirmada la condena, se refugió en la Embajada de Nicaragua, que le otorgó asilo; aunque un juzgado panameño ordenó su detención preventiva, en mayo de 2025 viajó a Colombia tras obtener un salvoconducto y recibido también asilo allí.
Carlos Menem (presidente 1989‑1999). Fue procesado al menos en tres oportunidades por diferentes casos, aunque nunca llegó a prisión. En 2015 la justicia le impuso una pena de 4 años y medio de cárcel y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por haber creado un esquema de desvío de fondos reservados de inteligencia hacia ministros y secretarios durante sus gobiernos. Falleció en febrero de 2021 sin que la Corte Suprema confirmara la sentencia.
Cristina Fernández de Kirchner (mandatos 2007‑2011 y 2011‑2015). El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina desestimó el recurso interpuesto por la expresidenta y confirmó la condena a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, impuesta en 2022 por irregularidades en la adjudicación de obras viales.
Jamil Mahuad (presidente 1998‑2000). En octubre de 2020 se confirmó una condena de ocho años de cárcel por peculado, debido a decretos que provocaron el denominado “feriado bancario” en marzo de 1999. Reside en el exilio en Estados Unidos.
Rafael Correa (mandato 2007‑2017). En 2020 fue sentenciado a ocho años de prisión y 25 años de inhabilitación política por cohecho, y se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, nación que le concedió condición de asilado político y estatus de refugiado.
Antonio Saca (presidente 2004‑2009). Fue el primer exmandatario salvadoreño condenado por corrupción, recibiendo una pena de 10 años de prisión en septiembre de 2018 por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto del Estado durante su administración.
Mauricio Funes (mandato 2009‑2014). En mayo de 2024 fue sentenciado a 14 años de cárcel por los delitos cometidos en el contexto de una tregua entre pandillas durante su gobierno entre 2012 y 2014. Fue juzgado en ausencia, pues el expresidente residía en Nicaragua desde 2016 y falleció en enero del presente año.
Jeanine Áñez (presidenta interina 2019‑2020). Fue condenada en 2022 a 10 años de cárcel por incumplimiento de deberes y decisiones contrarias a la Constitución en el caso denominado “Golpe de Estado II”, por los hechos vinculados a la crisis de 2019 tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Además, enfrenta otros procesos en la vía ordinaria.
Juan Orlando Hernández (presidente 2014‑2022). Extraditado a EE. UU. en abril de 2022, fue acusado de haber recibido fondos del narcotraficante mexicano “El Chapo” Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de su participación en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína al país. En marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres delitos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad bajo vigilancia.
Alfonso Portillo (presidente 2000‑2004). Extraditado a EE. UU. en 2013, se declaró culpable de conspiración para lavar 2,5 millones de dólares en sobornos del gobierno de Taiwán. En mayo de ese mismo año fue sentenciado a 5 años y 10 meses de prisión y a la restitución del dinero recibido. Cumplió 70 meses de reclusión y fue liberado en febrero de 2015, cuando retornó a Guatemala.
En septiembre de 2023, el expresidente se reconoció culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude dentro de una trama corrupta durante su gobierno, recibiendo una condena de ocho años de prisión.
Agregar Comentario