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WASHINGTON (AP) — Varios senadores demócratas manifestaron una gran inquietud ante la eventualidad de que la iniciativa del Pentágono de emplear abogados militares como magistrados de inmigración contravenga la prohibición de emplear a fuerzas armadas en tareas de aplicación de la ley y repercuta en la justicia militar.
La misiva, dirigida a los diferentes cuerpos militares y entregada a The Associated Press, se presentó dos semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizara la transferencia de hasta 600 abogados militares al Departamento de Justicia para que actúen como jueces de inmigración de carácter temporal. Esta acción forma parte de la serie de medidas que la administración Trump ha adoptado para emplear al ejército en ámbitos más amplios que los tradicionales, sobre todo en su política de contención migratoria, que ha incluido el envío de la Guardia Nacional a municipios de EE. UU. y la movilización de tropas en servicio activo a lo largo de la frontera con México.
«Estos oficiales militares quedarían bajo la autoridad y supervisión del Departamento de Justicia y emitirían resoluciones administrativas bajo la guía de esa secretaría», afirma la carta, la cual está firmada por 12 demócratas del Comité del Senado de Servicios Armados. El documento también señala que «tales actos son, por naturaleza, funciones de aplicación de la ley que no pueden ser desempeñadas por personal militar».
«Nos mantiene sumamente inquietos el efecto que produce la utilización de personal militar para desempeñar tareas que históricamente corresponden al Departamento de Justicia», declararon los senadores.
Los tribunales de inmigración de la nación, abarrotados con un atraso de cerca de 3,5 millones de expedientes, se han convertido en el eje del proyecto del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria. Desde que Trump volvió al poder, decenas de magistrados de inmigración fueron removidos, y varios más presentaron su renuncia o se retiraron anticipadamente.
La misiva de los senadores, remitida el lunes a las oficinas de los principales abogados militares de los cuatro servicios, pide al Pentágono que revele el origen de los cerca de 600 licenciados y que entregue datos sobre el estudio jurídico que el ejército ha llevado a cabo para verificar si la iniciativa contraviene la Ley Posse Comitatus. Dicha normativa prohíbe que las fuerzas armadas intervengan en tareas de aplicación de la ley salvo en situaciones de emergencia extrema.
Un memorando del Pentágono que detalla el programa indica que los abogados no permanecerán asignados por más de seis meses. El escrito también revela que los altos funcionarios del Pentágono estaban al tanto de la posible colisión con esa normativa y estipula que el Departamento de Justicia tendrá la responsabilidad de asegurar que los abogados militares no la transgredan.
Los senadores demócratas expresaron estar «profundamente preocupados» de que la remoción de esos abogados pueda repercutir en los miembros del servicio que atraviesan el sistema de justicia militar.
«Estas redistribuciones se producen poco después de que el Congreso examinara la forma en que el ejército investiga y procesa delitos penales graves «cubiertos», al crear las Oficinas de Consejeros Especiales de Juicio (OSTC) en cada rama», señalaron.
El Congreso instituyó esas oficinas en 2022 como parte de una iniciativa de reforma del sistema de justicia militar, transfiriendo la autoridad para juzgar crímenes militares graves, incluida la agresión sexual, a abogados militares autónomos, retirando esa facultad de los comandantes de las víctimas. Las unidades empezaron a recibir casos a finales del año anterior.
La misiva interroga al Pentágono acerca de las acciones que emprenderá para «preservar los avances de las OSTC en la creación de una capacidad especializada de juicio», y qué medidas adoptarán los servicios para «garantizar que la reubicación de las OSTC, los consejeros de juicio y los asesores de defensa no genere retrasos ni degrade la calidad del asesoramiento en los tribunales militares». Los senadores señalan que el proyecto evidencia cómo «la administración Trump percibe al personal calificado como fichas intercambiables entre agencias, en lugar de como profesionales indispensables para sus misiones esenciales, con el fin de impulsar políticas migratorias equivocadas».
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