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Miami. El lunes, Donald Trump firmó la orden que autoriza el envío de la Guardia Nacional a Memphis, Tennessee, sumándose así a Washington DC en la utilización de estos efectivos para frenar lo que el mandatario estadounidense describe como una “ola imparable” de violencia e inseguridad. Según él, la criminalidad nunca había alcanzado niveles tan altos en Estados Unidos. La realidad es diferente.
En cifras concretas, la violencia no motivada políticamente en EE. UU. está disminuyendo. El FBI informó que en 2024 los crímenes violentos retrocedieron un 4,5 % respecto a 2023; los homicidios cayeron cerca del 15 % y también se redujeron los robos, violaciones y agresiones agravadas.
Ese mismo descenso se confirmó en la primera mitad de 2025 en 42 ciudades, de acuerdo con el estudio del Council on Criminal Justice: homicidios, asaltos con arma y robos siguieron bajando respecto a 2024 y, en promedio, están por debajo de los niveles de 2019 (antes de la pandemia), aunque no todas las urbes han vuelto aún a los índices previos a 2020. Las localidades con los problemas de violencia más graves son: St. Louis, considerada la ciudad más peligrosa del país, Detroit, Baltimore, Memphis y Kansas City. No obstante, a grandes rasgos, la violencia se está reduciendo.
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“El uso de la Guardia Nacional que ordenó Donald Trump en la capital –Washington DC– parece más una maniobra política y jurídica de gran impacto que una solución probada contra el delito”, declaró el politólogo Pablo Salas a EL UNIVERSAL. El 11 de agosto, la Casa Blanca proclamó una “emergencia por crimen” en Washington DC y, dos semanas después, dictó “medidas adicionales” que incluyeron la coordinación de la policía local con fuerzas federales bajo la autoridad del fiscal general; el propio Departamento de Justicia (DoJ) emitió una instrucción para que el jefe de la Administración de Control de Drogas (DEA) actuara como enlace y pudiera solicitar los servicios de la policía metropolitana durante la emergencia.
Al cumplirse los 30 días, la intervención federal cesó y la alcaldesa retomó el mando del cuerpo policial, aunque la Guardia y agentes federales permanecen en la zona. Todo ello sucedió pese a que DC cerró 2024 con el nivel más bajo de delitos violentos en tres décadas.
¿Funcionó? Por ahora, “todo lo que hemos observado sugiere que la operación se utilizó más con fines migratorios que para reducir la violencia en la capital, la cual ya estaba en descenso antes de la llegada de los soldados”, subraya Salas.
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Ese mismo enfoque lo confirma un análisis de Associated Press, que indica que más del 40 % de los arrestos durante el “súper operativo” en la capital fueron por motivos migratorios y que menos de una cuarta parte de esas personas tenía antecedentes penales, en una ciudad que muestra fuertes caídas de violencia desde 2024.
Sin embargo, en la percepción del público el “clima” de inseguridad sigue elevado a pesar de la bajada de delitos. A nivel nacional, dos tercios de los adultos consideran que el crimen es un problema importante que necesita atención; el 67 % de los encuestados del Pew Research Center clasifican la delincuencia en las grandes ciudades como “un gran problema”.
El sesgo partidista es muy pronunciado. En la encuesta anual 2024 de Gallup, el 64 % de los estadounidenses indicó que había “más crimen” que el año anterior; entre los republicanos, esa cifra alcanzó el 90 % frente al 29 % de los demócratas. Asimismo, la gravedad percibida difiere: el 78 % de los republicanos describió el asunto como “extremadamente o muy serio”, contra solo el 35 % de los demócratas.
Sobre el apoyo a la Guardia Nacional, la población está dividida y, una vez más, la brecha partidista predomina. Un sondeo del Associated Press‑NORC Center for Public Affairs Research (AP‑NORC) de agosto halló que el 55 % considera aceptable que militares y Guardia asistan a la policía local en grandes ciudades, pero solo un tercio aprueba que el gobierno federal tome el control de los departamentos policiales; cerca de ocho de cada diez republicanos respaldan el apoyo militar, mientras que la mayoría demócrata se muestra en contra. Otro estudio de YouGov/Economist reveló que, ante la pregunta de si apoyarían que Trump enviara tropas federales a “su propia ciudad”, el 39 % votó a favor y el 52 % en contra. Entre republicanos, el apoyo alcanzó el 77 %, mientras que entre demócratas sólo el 9 % estuvo a favor. Una encuesta nacional de Reuters/Ipsos mostró un panorama similar: el 32 % está a favor del despliegue de tropas en ciudades, pero el 62 % de ese apoyo proviene de republicanos.
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La forma en que la gente se informa influye en el miedo que percibe; el Pew Research Center documenta que el consumo frecuente de noticias locales sobre crimen está asociado con una mayor preocupación personal y que la televisión local potencia ese efecto. Esta dieta informativa ayuda a explicar por qué la sensación de crisis persiste aunque los datos oficiales mejoren.
Finalmente, la cuestión migratoria pesa más en la base republicana: el 73 % de los republicanos afirma que los inmigrantes incrementan la delincuencia en sus comunidades, frente al 17 % de los demócratas, lo que hace más populares entre los republicanos las respuestas “de mano dura”, incluidos los despliegues y la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aun cuando la evidencia que relacione crimen y migración sea escasa.
Según datos oficiales de EE. UU., los focos más altos de crimen violento se concentran mayoritariamente en estados republicanos, aunque también aparecen en algunos demócratas: Nuevo México (demócrata), Alaska (republicano), Tennessee (republicano), Arkansas (republicano) y Luisiana (republicano); los picos de homicidios se ubican en Misisipi (republicano), Luisiana (republicano), Alabama (republicano), Nuevo México (demócrata) y Tennessee (republicano).
En contraste con esta realidad, las ciudades a las que Trump decidió enviar a la Guardia Nacional son Los Ángeles, California (demócrata), para contener protestas contra redadas, y Washington DC (demócrata), donde además de desplegar a la Guardia para combatir el crimen, colocó a la policía local bajo mando federal temporal. Ahora hará lo propio en Memphis, cuya alcaldesa también es demócrata, aunque el gobierno estatal está en manos republicanas.
Según Salas, los casos de Los Ángeles y de DC dejan claro que las acciones de Trump no están dirigidas a la violencia, sino a la política. “Ambos escenarios ofrecieron un alto rendimiento simbólico a favor de Trump y consolidaron el marco nacional del presidente”, explica.
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Fuera de Washington, la ampliación de tropas enfrenta límites políticos y legales. En Chicago, hasta el 12 de septiembre no existía una orden de despliegue de la Guardia Nacional “y ahora sabemos que eso no ocurrirá, al menos por el momento”, comenta Salas; sin embargo, se anunció un “endurecimiento” de las operaciones del ICE en Illinois, donde autoridades estatales y locales destacan que no debe confundirse con una crisis de seguridad que requiera la intervención militar. Paralelamente, Trump firmó una orden para crear una “fuerza de reacción rápida” de la Guardia Nacional a nivel nacional, lo que ha dividido a los gobernadores y ya ha generado litigios.
El evento más relevante llegó desde California, donde el 2 de septiembre un juez federal determinó que el uso de tropas, Guardia Nacional federalizada y marines para tareas de orden público en Los Ángeles violó la Ley Posse Comitatus, que restringe el empleo de militares en funciones policiales. Esa decisión fue temporalmente suspendida por un tribunal de apelaciones mientras se revisa el caso, pero marca un precedente sobre hasta dónde puede llegar la Casa Blanca fuera de la capital. “Hay que señalar que solo bajo amparo de la Ley de Insurrección o con el consentimiento de los gobernadores un presidente en EE. UU. puede federalizar a la Guardia Nacional o a miembros de las fuerzas armadas, como lo hizo”, indica Salas.
Más allá de los tribunales, la pregunta esencial es de eficacia. Diversos estudios, como los de la National Academies of Sciences, demuestran que militarizar la seguridad pública no reduce la delincuencia; otro estudio de la Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) encontró que las tácticas militarizadas no mejoran la seguridad de los policías ni disminuyen el crimen, y en cambio erosionan la reputación de las fuerzas del orden.
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Centros de análisis en seguridad, incluido el Center for Strategic and International Studies (CSIS), han subrayado que la Guardia Nacional de EE. UU. no está entrenada para tareas policiales cotidianas y que su presencia puede agravar la tensión en los barrios, afectar las tasas de esclarecimiento de homicidios y, a la postre, minar el control del crimen.
Lo que sí tiene respaldo son los enfoques basados en una policía local fortalecida y en la prevención específica: vigilancia de puntos críticos con controles de legalidad, estrategias de disuasión focalizada contra la violencia armada, equipos de investigación que aumenten la tasa de casos resueltos y programas civiles de intervención comunitaria. El informe de la Academia Nacional de Ciencias sobre “policía proactiva” y los metaanálisis recientes evidencian impactos modestos pero reales cuando estas tácticas se aplican con cuidado y con legitimidad frente a la comunidad. En otras palabras, si aumentan los investigadores y fiscales que resuelven casos, habrá menos soldados patrullando calles.
“Si la pregunta es…”.
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