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El pronunciamiento TC/076524 de la Suprema Corte fijó un plazo de doce meses para que el Congreso Nacional redacte una nueva normativa que solucione la “inconstitucionalidad formal” que afecta a la Ley 10‑15.
En febrero de 2015 la República Dominicana aprobó la Ley 10‑15, que modificó el marco del Código Procesal Penal (CPP), el cual no se había revisado desde 2002.
Años después, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el proyecto convertido en ley por el Legislativo y promulgado por el Poder Ejecutivo, al constatar violaciones a preceptos constitucionales y anomalías en el procedimiento legislativo.
El dictamen TC/076524 estableció que, de no cumplirse el mandato constitucional dentro del año previsto, el CPP perdería los 110 artículos que fueron reformados en la última enmienda de la Ley 76‑02, obligando al país a retrotraerse al régimen de 2002 y a aplicar el antiguo documento procesal en los tribunales.
“Al concluir ese plazo, la Ley 10‑15 quedará automáticamente sin vigor y será excluida del ordenamiento jurídico, reinstaurándose el régimen procesal penal contenido en la Ley 76‑02, que constituye el Código Procesal Penal”, señalaron los magistrados el 6 de diciembre pasado.
Hasta la fecha, los legisladores solo han logrado actualizar el Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el 3 de agosto del próximo año; esa pieza señala los delitos tipificados en el territorio nacional, mientras que el CPP regula la forma en que se ejecutan las sanciones.
Paralelamente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado lleva más de dos meses analizando un proyecto que podría solucionar los vicios constitucionales y evitar que el país vuelva a aplicar un código procesal de más de dos décadas de antigüedad.
Con el reloj corriendo, el presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, aseguró que se está trabajando para remitir el proyecto de ley final consensuado a las instituciones vinculadas al conjunto de normas sobre los mecanismos punitivos.
El congresista explicó que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, otras dependencias del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), la Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), la Participación Ciudadana (PC) y las facultades de Derecho de las principales universidades podrán presentar sus observaciones una vez reciban el documento elaborado por los integrantes de la comisión senatorial.
“Más o menos en quince días haremos un taller por si tienen algún comentario; vengan y coordinemos”, comentó al ser entrevistado por los medios.
Los senadores Omar Fernández, el representante Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras son los autores, cada uno por separado, de las tres iniciativas que estudia la comisión y que fueron unificadas. Además, existe otra propuesta en la Cámara de Diputados presentada por el legislador Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), que permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el 6 de junio, fecha en la que expiró el plazo destinado a su análisis.
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