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El presidente Luis Abinader no favorece la corrupción; al revés, la combate con las herramientas que le otorga la normativa. “Tengo amistades, pero no socios”, ha afirmado. Quien, aprovechándose de su vínculo con el mandatario, incurra en conductas indecentes, contrarias a la ética y la moral, sea quien sea, afrontará las consecuencias.
Los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y sus voceros intentan vendernos la idea de que, en el pueblo dominicano, todos somos iguales y que la corrupción es un mal generalizado que nos afecta a todos por igual, desde el ciudadano más modesto hasta el más poderoso.
Las clases populares no rechazan la corrupción siempre que no les cause daño, siempre que les toque una parte del pastel estatal. No obstante, los más vulnerables, convertidos en ludópatas por las loterías que perpetúan la pobreza, son los más perjudicados, pues solo reciben migajas, el “boroneo”, unos centavos, 500 pesos o un pollo al horno a cambio de sus votos, sin percatarse de que también venden de manera miserable el futuro de sus hijos. El PLD nos hizo creer que todos somos iguales, en una mezcla donde no importa si eres honesto o ladrón. Con la honestidad, pues, no se compra nada en el supermercado ni en la farmacia.
Sin embargo, no es verdad que todos los políticos sean idénticos, que todos mientan, engañen, roben e incluso asesinen. Existen representantes serios que no acuden al Estado para enriquecerse a costa de la educación y la salud del pueblo.
En el caso Odebrecht, los hechos –no las declaraciones– fueron el núcleo del entramado corrupto de extorsión, chantaje y soborno que se instaló en la República Dominicana por considerarse el lugar más “seguro y fiable”. Hoy sabemos que la corrupción durante los gobiernos del PLD, bajo Leonel y Danilo, no se detenía en la puerta de ningún despacho; la mayor parte de los parientes de los expresidentes realizaban negocios con el Estado, amontonando fortunas.
Los gobiernos del PLD convirtieron al sistema de justicia en un búnker para resguardarse y evitar la cárcel. Fiscales, jueces, generales de la Policía, del Ejército, de la Armada, de la Aviación, dirigentes políticos de su propio partido y de la oposición, abogados, periodistas, sindicalistas, ingenieros, médicos, contratistas, proveedores del Estado, alcaldes, directores de distritos, clubes deportivos y culturales, juntas de vecinos… Todo el tejido social fue corrompido bajo los mandatos de Leonel‑Danilo.
El presidente Luis Abinader, ante algunas denuncias de corrupción en su gestión, ha reiterado que tiene amistades, pero no socios, y que cualquiera que incurra en actos corruptos será llevado ante la justicia, no para saciar la morbosidad de las redes ni de plataformas digitales convertidas en basureros, sino para que se haga justicia.
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