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Este jueves, otros 20 estudiantes del Centro Educativo Ana Celeste Fernández, situado en la comunidad de La Guama, en San Francisco de Macorís, también se vieron afectados por la misma causa de intoxicación.
Una psicóloga de la Escuela Laboral Fidelina Reyes, del municipio de Mao, sigue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital local, tras los envenenamientos por pesticidas que se registraron el miércoles anterior y que afectaron a, al menos, 14 alumnos.
Este jueves, nuevamente 20 niños del Centro Educativo Ana Celeste Fernández, en La Guama, San Francisco de Macorís, fueron intoxicados bajo idénticas circunstancias.
En los videos que llegaron a la redacción de LISTIN DIARIO, se observan varias ambulancias arribando al plantel para asistir a los estudiantes, la mayoría de los cuales presentaron desmayos y mareos.
Una madre que acudió a la escuela a buscar a su hija comentó que el olor a veneno se percibe intensamente en el entorno y que es necesario tomar medidas al respecto.
No se trata de un suceso aislado en San Francisco de Macorís. “Cada ciclo lectivo, cientos de niños quedan expuestos de forma recurrente a esta práctica agropecuaria, que atenta directamente contra su salud y vulnera un derecho esencial: recibir educación en un ambiente sano y seguro”, señaló la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en esa zona.
Desde la ADP advirtieron que no permitirán, bajo ninguna condición, que incidentes de esta índole sigan deteriorando la salud de los estudiantes y, con ello, agravando la situación económica de familias que ya enfrentan múltiples dificultades.
“No creemos que las autoridades gubernamentales esperen a que se produzca una tragedia con la pérdida de una vida humana para luego aparecer con su típica actitud populista, intentando tomar decisiones tardías para presentarse como ‘salvadores’ ante la sociedad dominicana”, subrayó la entidad en un comunicado.
Añadió que la prevención no puede postergarse: “las acciones deben emprenderse ahora, mientras aún sea posible evitar consecuencias mayores”.
Remarcaron que son años los que llevan reclamando al gobierno que escuche el clamor de estas comunidades.
Indicaron que, aunque en ocasiones se han emitido normas que regulan el uso de agroquímicos y pesticidas en entornos escolares, la realidad muestra que no existe un marco efectivo de sanciones; y, de existir, falta voluntad y mecanismos claros para su aplicación.
“La salud y la vida de la niñez dominicana no pueden seguir subordinadas a intereses económicos ni a la negligencia de quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley”, afirmó el presidente de la ADP, Robert Frías.
“Si realmente se desea hablar de compromiso con la educación, este debe comenzar asegurando entornos libres de riesgos, donde cada alumno pueda aprender sin temor, sin intoxicaciones y sin que su derecho más sagrado – el de vivir – se vea amenazado”, concluyó.
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