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Las Cruces, NM – En una jornada cargada de tensión y descontento social, los comisionados del Condado de Doña Ana aprobaron, con cuatro votos a favor y uno en contra, la emisión de bonos destinados al Proyecto Júpiter, un centro de datos de inteligencia artificial estimado en 165 mil millones de dólares que se construirá en Santa Teresa.
La medida se tomó después de semanas de audiencias públicas en las que residentes, activistas y autoridades locales manifestaron su oposición. La sala de comisionados estaba colmada de manifestantes que pidieron detener la votación, alegando que la iniciativa supone un riesgo para el suministro hídrico y para el futuro de la región.
Aunque los dirigentes del Condado insistieron en que la votación no constituye una aprobación definitiva, sino únicamente la autorización de bonos de ingresos industriales, la decisión avivó los ánimos entre los vecinos, activistas y representantes locales que exigen frenar el proyecto.
“Ya tenían el plan y sólo nos dieron trámite para escucharnos. Este proyecto nos va a quedar sin agua en unos años y es un peligro para la comunidad”, denunció uno de los protestantes, entre los gritos de “¿Dónde está la democracia?” que resonaban en el recinto.
Según documentos oficiales, los comisionados podrían autorizar hasta 165 mil millones de dólares en bonos para respaldar la iniciativa de la empresa Borderplex Digital Assets, que pretende erigir el centro de datos y otras instalaciones vinculadas.
El concejal de Sunland Park, Alberto Jaramillo, recriminó que la carta enviada por el alcalde Javier Perea –respaldada por el Cabildo de esa ciudad– fue ignorada por los comisionados. También cuestionó la legitimidad de una encuesta presentada por representantes del proyecto, que supuestamente mostraba un 83 % de apoyo ciudadano.
“Esa encuesta es una farsa. La verdad es que cientos de personas llegaron durante horas a manifestarse en contra y apenas un puñado habló a favor. Los comisionados conocían la realidad y aun así aprobaron el proyecto”, sostuvo Jaramillo.
El concejal advirtió, además, que al igual que ocurre en otros estados con desarrollos similares, los costos de infraestructura y los aumentos en tarifas de agua y electricidad acabarán repercutiendo en los bolsillos de los contribuyentes.
“Estamos recibiendo datos al mismo tiempo que se publican comunicados de prensa, y eso no cubre mucha información”, era uno de los reclamos del alcalde Javier Perea en la carta dirigida a los comisionados del Condado de Doña Ana, la cual quedó sin respuesta.
La comisionada Susana Chaparro fue la única que votó en contra. A pesar de atravesar un duelo familiar, asistió a la sesión y ganó el respeto de los manifestantes al sostener su postura contraria, argumentando la falta de información y la necesidad de priorizar las preocupaciones de la comunidad.
La delegada estatal Micaela Lara Cadena también solicitó posponer al menos 60 días el proceso para permitir una participación más amplia de la ciudadanía.
Por su parte, activistas como Daisy Maldonado, de Empower NM, señalaron la ausencia de estudios previos: “Falta un análisis económico, un estudio ambiental y, sin duda, falta la voz y la aceptación de la comunidad para este proyecto”.
En contraste, la representante del distrito de Sunland Park, Gloria Gameros, votó a favor, lo que desencadenó reclamos de vecinos que se sintieron traicionados. “El Condado está desesperado por dinero y decidió venderse. Antepusieron el interés económico sobre lo social”, gritaban varios manifestantes mientras la Policía los desalojaba del recinto.
Durante la reunión pública, que se extendió casi siete horas, el subdirector del Condado, Stephen López, defendió la magnitud del plan. “El Proyecto Júpiter representa el mayor proyecto comercial potencial en la historia del Condado de Doña Ana y, de hecho, uno de los más grandes del estado. Podría generar al menos 750 empleos permanentes, miles de puestos en la construcción y cientos de cargos bien remunerados”.
Los funcionarios aseguraron también que la operación de los centros de datos no agravará la escasez de agua, pues usarán un sistema de refrigeración de circuito cerrado y comprometerán inversiones millonarias en infraestructura hídrica y de saneamiento.
“Así se ve la democracia aquí: se aprueba lo que ya estaba decidido y se ignora la voz del pueblo”, corearon al unísono los manifestantes mientras los agentes del orden los retiraban. “Luchamos por justicia para la gente, pero no quisieron escucharnos”, añadió una voz entrecortada.
El ambiente se tornó aún más tenso después de la votación. Entre gritos, fue necesaria la intervención policial para restablecer el orden. Los inconformes acusaron que la decisión se tomó de forma precipitada y exigieron reprogramar la votación al menos dentro de seis meses, petición que no fue atendida.
Aunque los comisionados enfatizaron que la resolución del viernes no es definitiva y que se trata de un paso previo relacionado con la autorización de bonos, los opositores insistieron en que el condado “se vendió a los intereses de las empresas” y anunciaron que interpondrán acciones legales contra la medida.
Líderes locales y organizaciones comunitarias lamentaron que no se haya tenido en cuenta la voz de la comunidad de Sunland Park, expresada en una carta aprobada por el Cabildo que pedía posponer la votación.
“Estamos recibiendo datos al mismo tiempo que se publican comunicados de prensa, y eso no cubre mucha información”, reiteró el alcalde Javier Perea en su misiva, señalando la falta de información.
La delegada estatal Micaela Lara Cadena volvió a solicitar un retraso de al menos 60 días para permitir una participación más amplia de la comunidad, mientras que activistas como Daisy Maldonado denunciaron la ausencia de estudios económicos y ambientales y la falta de aceptación popular.
En la sesión, marcada por consignas y protestas, decenas de residentes exigieron mayor transparencia y acusaron a los comisionados de apresurar una decisión histórica sin consultar debidamente a los afectados.
Aunque la aprobación no equivale al visto bueno final para la construcción, los críticos temen que el proceso ya esté encaminado sin considerar alternativas.
“Podrían haber votado en contra y las empresas tendrían la posibilidad de volver a presentar la solicitud. No había necesidad de acelerar”, sostuvo Maldonado. Otros manifestantes aseguraron que, con la autorización de los bonos, el Proyecto Júpiter seguirá su curso, entre promesas de desarrollo económico y una creciente ola de desconfianza ciudadana.
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