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California. — Este sábado 20 de septiembre de 2025, el gobernador de California, Gavin Newsom, suscribió una norma que prohíbe a agentes de inmigración y a policías locales el uso de coberturas faciales en el estado. La iniciativa surge ante la creciente inquietud por la falta de identificación en operativos migratorios, particularmente en el área de Los Ángeles, donde se han difundido videos de agentes enmascarados inmovilizando a migrantes, según El Diario MX.
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La disposición, cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2026, veta el empleo de pasamontañas, cuellos de lana o cualquier otro tipo de cubierta que oculte la identidad de los oficiales. Quedan exceptuadas las mascarillas médicas, respiradores, protectores faciales transparentes y dispositivos de seguridad ocular. Cualquier transgresión será sancionada como falta menor.
Aunque se trata de la primera norma de este calibre en EE. UU., juristas constitucionales advierten que será objeto de litigio, sobre todo por su alcance sobre agentes federales. La profesora Aya Gruber, de la Universidad del Sur de California, anticipa que el gobierno federal solicitará una orden judicial para detener su aplicación y que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema.
El Departamento de Seguridad Nacional manifestó su rechazo, argumentando que la prohibición expone a los agentes a represalias. Tricia McLaughlin, vocera del organismo, calificó la medida de “despreciable” y sostuvo que los oficiales deben protegerse ante amenazas reales.
La propuesta ha generado opiniones divididas. Mientras figuras demócratas y académicos como Erwin Chemerinsky la defienden como una acción simbólica contra prácticas que “aterrorizan” a la ciudadanía, representantes policiales como Brian R. Marvel la describen como una “traición preocupante” que podría perjudicar el reclutamiento y la seguridad de los oficiales locales.
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Además de esta legislación, Newsom aprobó cuatro iniciativas adicionales que limitan el acceso de agentes migratorios a escuelas y hospitales sin orden judicial, y obligan a las instituciones educativas a informar a padres y tutores si autoridades migratorias se encuentran en el campus.
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