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Tim Bakken manifestó su intención de salvaguardar la libertad de expresión y la autonomía docente en una entidad donde ha alcanzado importantes progresos, pese a sus críticas abiertas a la academia y al ejército estadounidense.
La Academia Militar de EE. UU. en West Point impide que los docentes expresen sus opiniones en clase, y restringe ciertos libros y asignaturas, una serie de disposiciones que contravienen la Primera Enmienda, según declaró un profesor de derecho de la institución en una demanda interpuesta el lunes que pretende obtener el reconocimiento de acción colectiva.
Tim Bakken introdujo la querella ante el tribunal federal de Manhattan, señalando a la academia y a sus directivos como réus. Afirmó que desea defender la libertad de expresión y la autonomía docente en una entidad donde ha conseguido notables avances, pese a sus críticas públicas a la academia y al ejército estadounidense.
En la demanda, Bakken también indicó que posee un contrato editorial para lanzar un libro que cuestiona ciertos aspectos de West Point y que no pretende solicitar la autorización de la administración antes de su publicación, pues “es altamente probable que esa autorización sea rechazada”.
La demanda pretende conseguir la condición de acción colectiva para el cuerpo docente civil de West Point, estimado en más de 100 integrantes, así como una orden judicial que ponga fin a las limitaciones a la libertad de expresión, acompañada de una indemnización indefinida y la cobertura de los honorarios de los abogados.
Según la demanda de Bakken, la academia empezó a monitorear el discurso del profesorado tras una orden ejecutiva de enero del presidente Donald Trump, que solicitaba “revisar minuciosamente a los dirigentes, los planes de estudio y a los instructores de las Academias de Servicio de EE. UU. y otras entidades académicas de defensa”.
En febrero, West Point promulgó una normativa que prohíbe a los docentes emplear la “afiliación o marca” de la institución al hacer cualquier comentario o publicación pública sin autorización previa, según la demanda. La política también declara su objetivo de “controlar, atenuar y reprimir el discurso del profesorado”.
La demanda indica que, durante la primavera, la academia suprimió libros de su biblioteca, suprimió términos y expresiones de los planes de estudio del cuerpo docente, anuló cursos y especializaciones, y amenazó o sancionó a los profesores por enseñar, expresarse o redactar sin la previa autorización institucional.
En verano, la academia borró de sus sitios web toda referencia a libros publicados, artículos, ensayos y becas de los docentes, según la demanda. Además, instruyó a los profesores a no manifestar opiniones en clase.
“Como docente de derecho, la imposibilidad del demandante de compartir opiniones sobre la materia impartida resulta asfixiante y perjudica el proceso educativo”, se indica en la demanda, añadiendo que ya no puede explicar a los estudiantes por qué una postura mayoritaria o minoritaria resulta convincente.
Hasta la fecha, la academia militar no ha respondido a la solicitud de comentarios.
Bakken, catedrático civil de derecho que lleva 25 años en el Departamento de Derecho y Filosofía de la academia, es el docente con mayor tiempo de servicio en la historia de West Point y ha publicado libros, artículos y ensayos, así como participado en podcasts, radio y televisión, según la demanda.
Conforme a la demanda, viajó junto a soldados estadounidenses a Kabul en 2007, en el marco de la guerra en Afganistán, y fundó el Departamento de Derecho en la Academia Militar Nacional de ese país.
Su objetivo es obtener el reconocimiento de acción colectiva para el cuerpo docente de West Point y una orden judicial que ponga fin a las limitaciones a la libertad de expresión.
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