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La euforia que les invadió se ha visto eclipsada por la espera de su concreción bajo el silencio de las autoridades competentes.
Tras protestas en los alrededores del Congreso Nacional y constantes encuentros con distintos senadores y diputados, hace dos años se promulgó la Ley No. 43‑23, que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana. Un hito que llenó de alegría a las personas con discapacidad auditiva; según Pablo Taveras, integrante de esa comunidad, “pero aún falta mucho, quedan muchas cosas por hacer”.
La alegría que los inundó el pasado 1 de agosto quedó opacada por la espera de su materialización bajo el silencio de los funcionarios a cargo.
“Después hubo como un mutismo y seguimos esperando, pero los sordos no nos quedamos callados”, comenta Pablo a través de su novia, quien hoy le acompaña como intérprete de señas. “Vamos a seguir luchando, moviéndonos; el gobierno, por ejemplo, puede decir que aprobó la ley y ya deberíamos estar contentos. Pero no, seguimos aguardando que eso se haga realidad, que el gobierno cumpla con la normativa para derribar esas barreras que persisten”.
Algunas preguntas que atormentan a los jóvenes con esta discapacidad en este Día Internacional de las Lenguas de Señas son: “¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no hay avances? Tenemos la ley, ¿qué ocurre?”.
El gran ausente, y posible respuesta a esas inquietudes, es el reglamento que debe regular la aplicación de la ley. Ese reglamento debía publicarse 180 días después, pero su estado actual es desconocido.
Pablo dispone de información que señala que el gobierno tiene previsto cumplir con el reglamento este año y espera que se materialice pronto; en contraste, la Ley de Atención, Inclusión y Protección para Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tardó poco más de un año en concretarse.
El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) atribuye el retraso a procesos de estudio con organismos equivalentes sobre la ejecución de normativas similares en otros países, y, sobre todo, a la carencia de suficientes asociaciones de personas sordas que permitan un diálogo y consenso entre todos los sectores involucrados.
“Cuando hablamos de reunir a todos los actores relevantes, nos encontramos con una dificultad nacional: no contamos con ninguna asociación o fundación de personas sordas legalmente constituida y habilitada (…) ni siquiera con la Ansordo”, señaló Katherine Rodríguez, directora técnica del organismo, argumentando que no se pueden tomar decisiones sobre la lengua de señas sin la participación de sus usuarios.
La Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana (Ansordo), principal entidad que congrega a esta comunidad, reconoce que la necesidad de celebrar una asamblea para sus elecciones internas ha influido en el retraso, pero también señala una debilidad: la falta de recursos y fondos para llevar a cabo dicho proceso.
La organización está iniciando una nueva fase y espera a que se consolide la presidencia para poder avanzar en la regulación de la ley.
“La norma está excelente, pero sin los reglamentos no hay manera de asegurar su cumplimiento, de que reciba el apoyo del Estado y de otras instituciones que garanticen su ejecución”, afirmó el presidente interino de Ansordo, Alan Jesurum.
Jesorum también opina que el reglamento debería contemplar apoyos económicos para que las personas sordas puedan pagar los servicios de interpretación y acceder a becas para sus estudios, así como campañas de sensibilización sobre este futuro marco normativo.
“La rama médica, que hoy está prácticamente desatendida, es un área crucial; si una persona sorda se enferma, ¿cómo puede contar con un intérprete a su favor?”, expresó Melqui Pérez, intérprete y hijo de padres sordos.
En efecto, el sector salud no fue incluido en la ley y, en la práctica, Johanny Florentino, quien lleva más de una década acompañando a sordos como intérprete, asegura desconocer la existencia de intérpretes fijos en hospitales o centros médicos, es decir, “personas que estén permanentemente en una unidad para que, cuando la persona sorda tenga una cita o una urgencia, pueda solicitar al intérprete; eso todavía no existe”.
“Cuando la persona sorda necesita acudir a una consulta médica, tiene que buscar al intérprete por su cuenta, y no solo hallarlo, sino también pagarle”, indica Florentino, recordando que la situación económica de la mayoría de los sordos no es favorable.
Por otro lado, Greysi García, expresidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana (Anilesred), considera que este es uno de los ámbitos más complejos; sin embargo, cree que, si las instituciones se enfocan en capacitar intérpretes especializados, se podrá avanzar.
Y si el acceso a la salud en general ya resulta dificultoso, la salud mental presenta aún mayores obstáculos.
“A veces la propia familia no domina la lengua de señas o carece de un intérprete que los acompañe al psicólogo, y los propios psicólogos y centros de salud mental en la República Dominicana no están preparados ni han pensado en esta comunidad”, afirma Florentino.
Listín Diario contactó al Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) para identificar a algún profesional de salud mental que domine la lengua de señas, pero no consta ninguno en su directorio.
Sin embargo, el Instituto para Sordos Santa Rosa, Inc. brinda estos servicios a niños, adolescentes y adultos con pérdida auditiva, así como a padres o familiares de personas con discapacidad auditiva.
Con plena conciencia de esta realidad, el Conadis está gestando un proyecto de centro de llamadas que permitiría a las personas sordas acceder a intérpretes mediante videollamadas.
“Es complicado garantizar un intérprete en cada hospital, en cada consulta, en cada especialidad; es muy complejo”, comenta Rodríguez, “pero en muchos países se utilizan intérpretes itinerantes, que van y vienen, o se brinda el servicio por videollamada”. En nuestro caso, esa propuesta sigue en fase de investigación.
La experta en inclusión reconoce la necesidad y el deseo de privacidad de algunas de estas personas, así como la urgencia de ayuda económica para costear los intérpretes. No obstante, Rodríguez aclara que “en la mayoría de los países el intérprete lo sigue pagando la persona sorda, con apoyo gubernamental”.
En cualquier caso, la directora técnica del Conadis señala que no cuentan con la cantidad de intérpretes necesaria para contratar en el sector público.
Uno de los puntos clave es la responsabilidad del Estado frente a la comunidad sorda: “fomentará y apoyará (…) la integración de intérpretes y guías intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general”, además de impulsar la lengua de señas en transmisiones oficiales, tanto del Poder Ejecutivo, como del Poder Judicial, de las cámaras legislativas y de órganos extrapoder.
Tras revisar las nóminas de todos los ministerios mediante los portales de transparencia, a mayo 2025 no se registra la contratación de intérpretes de lengua de señas como personal fijo. En algunas entidades estatales sí aparecen uno o dos intérpretes. En el Ministerio de Educación destacan los monitores de educación sorda.
Tanto la Presidencia de la República como la Cámara de Diputados cuentan con intérpretes, aunque en esta última no siempre son visibles durante toda la transmisión de las sesiones. El Senado de la República no tenía intérpretes en sus transmisiones en los últimos meses de la legislatura anterior, tampoco en el canal de YouTube del Poder Judicial.
Para obtener datos más precisos, la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Administración Pública solicitó el número de intérpretes nombrados en instituciones públicas. Sin embargo, el organismo rector del empleo público remitió la consulta al Conadis, alegando que no dispone de esa información.
Al respecto, la ingeniera Alma Ferrera, responsable de la división de Desarrollo de Normativas del Conadis, respondió mediante una solicitud de información que no ofrecen servicio externo de interpretación a lengua de señas, pero disponen de intérpretes internos en planta y externos contratados bajo demanda.
Además, colaboradores de la entidad indican que recomiendan agencias de intérpretes a otras instituciones, y que esas contrataciones se gestionan a través de los departamentos de Compras y Contrataciones.
Los gastos en intérpretes para otras entidades desde la entrada en vigor de la ley alcanzan RD $5,878,617; el Defensor del Pueblo es la instancia que más ha destinado fondos a este fin desde 2023, según datos publicados por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Con el objetivo de que las personas sordas ejerzan plenamente los derechos establecidos por la Constitución y la normativa, tres artículos de la Ley 43‑23 (artículos 5, 6 y 13) hacen referencia a la integración de intérpretes, pero no especifican quién supervisará el cumplimiento ni las sanciones en caso de incumplimiento.
En este sentido, el Conadis “debe motivar a que todas las instituciones cuenten con intérpretes”, según Rodríguez, “pero no le corresponde asegurar o proporcionar esos intérpretes”.
Los expertos coinciden en que el reglamento debería incluir sanciones. No obstante, la directora técnica del Conadis afirma que aún no se ha iniciado ese proceso.
“Al final, el reglamento no es un equipo técnico que…” (texto incompleto).
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