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MADRID, 26 de septiembre (EUROPA PRESS) – Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que las autoridades de la India intentan “callar y criminalizar la disidencia” tras el fallecimiento de al menos cuatro personas y unas 80 heridas por disparos de la policía en las manifestaciones de los últimos días en Ladaj, zona montañosa del norte de Cachemira que está en disputa con China, a favor de la autonomía.
Según Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de la ONG, “el Ejecutivo indio ha procurado en repetidas ocasiones acallar la oposición encarcelando a activistas y manifestantes pacíficos, acusándolos de los actos violentos que, con frecuencia, son una respuesta a sus propias medidas represivas”. Añadió que los cuatro fallecimientos a manos de la policía ocurrieron el 24 de septiembre en Leh, capital del enclave.
HRW señaló también que el gobierno encabezado por Narendra Modi está incrementando los ataques a las organizaciones de la sociedad civil a través de la normativa que controla la captación y el empleo de recursos extranjeros por organizaciones locales, así como mediante “investigaciones financieras manipuladas y legislación antiterrorista”.
También asevera que el Estado indio está promulgando “normas draconianas” que buscan detener y detener a periodistas, activistas y académicos críticos con su gestión, llegando incluso a imputarles delitos de sedición. “Las autoridades persiguen de forma sistemática la disidencia, prohibiendo manifestaciones pacíficas, bloqueando el acceso a internet y censurando las plataformas sociales”, añadió.
La directora de HRW indicó que, en su lugar, “las autoridades deben actuar con mesura e investigar y sancionar de manera objetiva a los perpetradores de la violencia”. Nueva Delhi responsabilizó al educador y activista medioambiental Sonam Wangchuk, una figura prominente en la zona, de lo que define como un “levante”, tras su huelga de hambre iniciada el 10 de septiembre junto a quince activistas.
Según la ONG, Wangchuk ha rechazado las imputaciones gubernamentales de incitación a la violencia, acusando al gobierno de seguir una “fórmula para generar malestar social” y de rehusar atender sus reivindicaciones.
En vez de emplear tácticas ilegales para acallarlos, la ONG insta al gobierno indio a trabajar con los activistas y las comunidades manifestantes para atender sus demandas, manifestó la organización en un comunicado, recordando que “las recientes protestas en Asia demuestran que la población, sobre todo los jóvenes, está descontenta con la mala gestión, la escasez de empleo, la corrupción y las promesas huecas de sus autoridades”.
Ese mismo jueves se amplió el toque de queda en Ladaj, donde se contabilizan cuatro muertos y unas 80 personas heridas en los disturbios, además de cerca de cincuenta arrestos, mientras se intensificaron las patrullas de las fuerzas de seguridad en el área, ubicada en la cordillera del Himalaya.
Los manifestantes han retomado las calles para denunciar los fallecimientos y la falta de cupos en los empleos públicos, exigiendo también investigaciones completas sobre las muertes. Asimismo, reclaman justicia para el enclave, que perdió su autonomía de facto en 2019 cuando el primer ministro Modi anuló la autonomía de Cachemira con el objetivo de dividir la zona en dos unidades federales bajo control directo de Nueva Delhi: el enclave budista y musulmán de Ladaj y el resto de Cachemira.
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