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Desde Nueva York y Culiacán se difunden dos informaciones que se entrelazan: por una parte, Ismael Zambada García, fundador del Cártel del Pacífico, sostiene padecer demencia y busca ser trasladado de un centro de detención de Brooklyn a una prisión mexicana; por otra, la violencia e inseguridad en Sinaloa se intensifican, señalando —según autoridades federales— que se estrecha el cerco para capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual líder de “Los Chapitos”, una de las dos facciones que luchan por el control del cártel tras la condena en EE. UU. de su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en febrero de 2019, y la abrupta escalada provocada por la entrega de “El Mayo” a la justicia estadounidense en julio de 2024.
Frank Pérez, abogado de Zambada García, quien se ha declarado culpable de los cargos que le atribuyen y espera a que el gobierno de EE. UU. defina el lugar donde cumplirá su condena por narcotráfico, asegura que el centro de detención de Nueva York donde permanece su defendido ha detectado una “demencia en fase temprana”, un deterioro progresivo que afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la capacidad de ejecutar actividades cotidianas, además de diabetes, problemas en las rodillas y un desgaste general de su salud.
Esta condición pone en entredicho, o al menos cuestiona, las declaraciones que le imputan o la información que, como parte de un acuerdo con los fiscales de la corte neoyorquina, pudiera aportar.
Pérez explica que esa misma argumentación se presentó en febrero pasado —y aún no ha recibido respuesta— para solicitar la repatriación de “El Mayo” Zambada, a fin de que cumpla su condena en una cárcel mexicana.
El defensor del capo argumenta que el estado actual de “El Mayo” le impediría soportar condiciones de aislamiento extremo como las que su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera enfrenta en el ADX Florence, Colorado.
Como se recordará, “El Mayo” Zambada se declaró culpable ante la justicia estadounidense, evitando así un proceso judicial. Reconoció haber dirigido el Cártel de Sinaloa o del Pacífico durante más de cinco décadas, haber sobornado a autoridades y participado en actividades delictivas entre 1989 y 2024. Además, aceptó pagar una multa de 15 mil millones de dólares y pidió perdón a las víctimas de los actos del cártel.
El abogado Frank Ruiz aclara que Zambada se declaró culpable porque reconoce haber cometido los delitos que se le imputan y quiere asumir la responsabilidad, precisando que el capo no busca reducciones de pena ni beneficios. “No está colaborando con ningún gobierno, ni americano ni mexicano, y no lo hace porque no le convenga; ya tiene 75 años y pasará el resto de su vida tras las rejas”, agrega.
Sin embargo, funcionarios estadounidenses se mantienen firmes: “Morirá en una cárcel federal, donde corresponde que esté”, afirmó la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, mientras Terrance Cole, administrador de la DEA, señaló que este caso demuestra que los líderes de cárteles mexicanos no son intocables ante la justicia.
En Culiacán, el martes pasado se registró otro episodio de la violencia cotidiana que azota a la capital sinaloense, pero que muchos interpretan como una advertencia dramática de “Los Chapitos” ante la posible captura de su líder Iván Archivaldo Guzmán Salazar:
La camioneta oficial asignada a Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF de Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya, recibió disparos en un hecho que se investiga como intento de robo, aunque no se descarta la hipótesis de un intento de secuestro de la nieta del mandatario, quien viajaba en el vehículo y resultó ilesa.
Poco antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, había encabezado en Culiacán, como cada quince días, la reunión del gabinete de seguridad, en la que —según fuentes de la propia dependencia— se realizó una evaluación detallada de la inminente captura de Iván Archivaldo.
1. NEPOTISMO Y ELECCIONES. Se vislumbra un camino estrecho y arriesgado para Morena de cara a las elecciones de 2027 en varios estados. La tensión que se genera plantea la disyuntiva de acatar la directriz de la presidenta Sheinbaum o seguir el respaldo popular y una victoria prácticamente asegurada de militantes que ahora se ven limitados por esa directriz, lo que inevitablemente generaría acusaciones de autoritarismo. Un caso paradigmático es el de Guerrero, con el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado. Histórico líder del movimiento de AMLO, su actuación ha sido siempre controvertida. ¿Se recuerda cuando, como diputado federal en 1988, denunció el fraude electoral y Cuauhtémoc Cárdenas mostró dos sacos de boletas quemadas halladas en un basurero? Esa figura polémica lo ha colocado como favorito de los morenistas guerrerenses para ser candidato a gobernador. La presidenta Sheinbaum propuso una iniciativa de ley que impida a familiares directos de cargos electivos aspirar a sucederlos en el periodo inmediato a partir de 2027. La norma se aprobó, pero su vigencia se pospuso para 2030. La dirigencia nacional de Morena, sin embargo, ordenó que su militancia la aplique desde 2027. De ahí que, en el caso de Guerrero, surja la pregunta: ¿serán autoritarios al imponer esa regla a liderazgos históricos o reafirmarán su máxima partidista de obedecer al pueblo sabio?
2. “El Pollo” EN SLP. Un escenario similar ocurre en San Luis Potosí. Allí, quien pretende suceder al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, conocido como “el Pollo”, es su esposa, la senadora Ruth González Silva. Ella, militante del Partido Verde, se enfrenta al impedimento legal de suceder a un familiar directo, que entrará en vigor en 2030. No obstante, esto genera más tensiones con su aliado guinda. La senadora González Silva, que ya aparece en campañas de posicionamiento en la capital potosina, declara: “… respeto la opinión de la presidenta Sheinbaum, pero es la gente quien decidirá”.
3. MALA RACHA. La racha del diputado Ricardo Monreal en los pasillos de San Lázaro no parece la mejor. Primero, apostó a que el contralor interno del INE, Víctor Hugo Carvente Conteras, podría intimidar a las consejeras (específicamente Dania Ravel y Claudia Zavala) con un expediente de hace cuatro años por respaldar la suspensión de la revocación de mandato por falta de presupuesto, pero la jugada resultó en un bumerán que mostró una intención de manipular al árbitro electoral. Después, en un intento de corregir, recurrió a Sergio Gutiérrez Luna para que enviara un oficio solicitando el desistimiento de un caso obsoleto y muerto. Sin embargo, Gutiérrez Luna ya es vicepresidente de la mesa directiva y la única vía para un desistimiento de esa naturaleza es la presidenta de la mesa, hoy a cargo de la panista Kenia López Rabadán, quien no está dispuesta a entrar en esas maniobras. La bancada morenista revisa con lupa estos errores de su coordinador, al igual que la bancada senatorial lo hace con su líder Adán Augusto López. De esto también están muy atentos en el Palacio Nacional.
4. OTRA DEL SECTOR SALUD. Más allá del ya complicado suministro de medicamentos, existe una controversia legal en la contratación de servicios de limpieza del IMSS‑Bienestar. Aunque persiste una inconformidad bajo el expediente No. INC/001/2025, las autoridades ceden a la presión de las empresas Jared, Lamap y Armot, representadas por Juan José Reyes, en defensa de un contrato de más de tres mil millones de pesos. Resultó poco eficaz seguir cauces judiciales cuando la dependencia admite escritos sin sustento jurídico ni justificación procesal, con el fin de evitar la reposición del procedimiento y del fallo. Ganan tiempo, pues no se puede suspender un servicio vital para la infraestructura médica: el mantenimiento de la limpieza.
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