Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Pontevedra, 29 de septiembre (EFE).‑ Tres agrupaciones han anunciado este lunes el inicio de acciones judiciales conjuntas contra el proceso de concesión de recursos hídricos que está gestionando la Xunta de Galicia para la planta que la multinacional Altri planea instalar en Palas de Rei (Lugo).
Así lo han manifestado portavoces de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y del sindicato CIG durante una rueda de prensa celebrada en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.
La controvertida macroplanta de Lugo sigue su marcha a pesar de “quedarse sin luz”.
En concreto, los colectivos han interpuesto un recurso contencioso‑administrativo contra la denegación del recurso de alzada que solicitaba el archivo del expediente de concesión de aguas para Altri, al haber transcurrido el plazo máximo legal sin que la Xunta hubiera dictado resolución.
Los portavoces han explicado que el reglamento establecía un plazo máximo de 18 meses para decidir la solicitud de Altri, que pretendía captar unos 46.000 metros cúbicos de agua al día; vencido ese plazo, la petición debería entenderse desestimada.
Para Adega, PDRA y CIG, ese término expiró el 30 de mayo de 2024, por lo que solicitaron a Aguas de Galicia que declarase la caducidad del procedimiento, pero el organismo lo rechazó, lo que, según estos colectivos, permite “resolver fuera de plazo”.
Los grupos demandantes consideran que esta dilación genera “inseguridad jurídica” y perjudica el interés público, puesto que el caudal que Altri pretende usar estaba destinado hasta ahora a usos ambientales y de abastecimiento, un objetivo “contrario” al de la empresa.
En su intervención, el secretario general del sindicato CIG, Paulo Carril, lamentó el “persistente intento” de la Xunta de mantener abierto este expediente, a pesar del “masivo y unánime” clamor social contra un proyecto “que debería estar descartado”.
“Rechazamos que estos recursos sean expropiados y que se negocie con ellos a costa de desencadenar no sólo un desastre social, sino también la ruina de los sectores económicos y productivos”, señaló Carril, quien defiende que el agua debe quedar “bajo control público”.
Para el dirigente nacionalista, el río Ulla, del que depende la fábrica de Altri, es “símbolo del expolio y de la depredación” de recursos naturales que, según añade, el PP y la Xunta “pretenden poner al servicio del capital”.
Greenpeace recuerda que Altri solicita 250 millones de ayuda pública y exige que el Gobierno aclare que no financiará la macrocelulosa.
Todo este proceso cuenta, según sus promotores, con el respaldo de una veintena de organizaciones de la ría de Arousa, entre ellas siete cofradías de pescadores y de “todo” el sector productivo que agrupa a mariscadores y mejilloneros.
“Lo que estamos haciendo es defender la calidad de nuestras aguas”, afirmó el presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, quien reiteró que el caudal procedente del Ulla es “esencial” para la supervivencia de la ría de Arousa.
La calidad del agua sería “mucho peor” si Altri captara 46.000 metros cúbicos diarios y devolviese al río 30.000 de ellos “contaminados con 65 toneladas de químicos”, lo que supondría la “estocada final” para el sector marítimo.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, el presidente del gobierno autonómico, Alfonso Rueda, ha rechazado la idea de que la Xunta esté retrasando la tramitación de la autorización ambiental integrada (AAI), tras haber otorgado en marzo la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto de macroplanta de celulosa a partir de fibra textil.
Rueda ha argumentado que todavía se están conociendo “muchas condicionantes” sobre el futuro de este proyecto, como la “decisión política” del Gobierno central de dejarlo sin fondos públicos y sin la conexión eléctrica que requiere. A partir de ese punto, corresponderá a la empresa “evaluar” qué hacer, ya sea “presentar alegaciones o tomar decisiones”.
Según el presidente, la Xunta está siguiendo el proceso establecido por la normativa y solo resta la AAI; pero, “si la empresa adopta otras decisiones en el camino, no tendría sentido continuar con la tramitación”; de lo contrario, el Ejecutivo gallego “seguirá cumpliendo los trámites”.
En cualquier caso, Rueda ha centrado la crítica no en la autorización pendiente de la Xunta, sino en la responsabilidad del gobierno central, al que ya se le había dicho que el proyecto era inviable por la falta de conexión, una decisión que, según él, se adoptó “sin ninguna explicación”.
Agregar Comentario