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El gobierno de Trump dirige su enfoque a Minnesota en la última demanda contra las políticas de santuario

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La demanda, presentada el lunes, se dirige contra el estado, las ciudades de Minneapolis y St. Paul, y el condado de Hennepin, que incluye a Minneapolis.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.

MINNEAPOLIS, Minnesota, EE. UU. (AP) — El Departamento de Justicia de EE. UU. interpuso una demanda contra el estado de Minnesota, sus dos ciudades mayores y un condado, alegando que sus políticas de santuario entorpecen la autoridad del gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración.
La acción legal sostiene que dichas políticas provocan la liberación de criminales peligrosos que, de otro modo, estarían sujetos a deportación, y pide a un tribunal federal que anule las normas y prácticas estatales y locales que, según la acusación, impiden la ejecución de la legislación migratoria. La demanda, presentada el lunes, se dirige contra el estado, las ciudades de Minneapolis y St. Paul, y el condado de Hennepin, que incluye a Minneapolis.

«Los funcionarios de Minnesota ponen en riesgo la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que inmigrantes indocumentados eludan el proceso legal», declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en un comunicado.

Minnesota es la última jurisdicción en la que el gobierno del expresidente Donald Trump ha centrado sus acciones; también ha demandado a Colorado, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y a varias ciudades, entre ellas Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva York y Rochester, Nueva York, por sus políticas migratorias.

En otro plano, las autoridades federales anunciaron el martes que detectaron un fraude migratorio generalizado durante una operación sin precedentes realizada este mes en el área metropolitana de Minneapolis‑St. Paul. Añadieron que planean ampliar la estrategia a «muchas» otras ciudades, las cuales no fueron especificadas.

**Fraude migratorio generalizado**
La llamada “Operación Twin Shield” se enfocó en más de 1 000 casos de inmigración que involucraban a más de 900 personas, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Los investigadores informaron haber encontrado evidencia de fraude u otras señales de alerta en 275 de los casos. Derivaron a 42 extranjeros para posibles acciones y arrestaron a cuatro de ellos, y anticipan que los números seguirán aumentando a medida que avancen las investigaciones. No se presentaron cargos penales.

«Lo que hallamos debería conmocionar a todo el país», afirmó Joseph Edlow, director del USCIS, en una rueda de prensa en Minneapolis. Dijo que los agentes descubrieron «fraude matrimonial flagrante», extensiones de estadía indebidas y otros usos inadecuados de visas, además de personas que alegaban trabajar en negocios que quizá no existían. La agencia no precisó cuántos casos adicionales revisó respecto a la media habitual.

Edlow subrayó “patrones preocupantes” entre los patrocinadores del programa “Uniting for Ukraine”, los cuales, según él, deberían haber generado serias dudas al gobierno del presidente Joe Biden. El programa de permisos humanitarios que permite a los ucranianos permanecer y trabajar temporalmente en EE. UU. con un patrocinador estadounidense se creó en 2022 y la Casa Blanca lo suspendió en enero.

Edlow señaló que sus agentes recibieron una «enorme cooperación de nuestros socios federales, y allí terminó la colaboración», al calificar como problemáticas las políticas de santuario locales.

**La demanda contra Minnesota**
El secretario de Justicia de Minnesota, Keith Ellison, declaró que su estado no impide que el gobierno federal coopere con las fuerzas del orden locales para procesar a individuos peligrosos.
«Esta demanda infundada es nada más que represalia política contra Minnesota y la contestaremos en los tribunales», manifestó en un comunicado.

La demanda menciona una opinión consultiva no vinculante que Ellison emitió en febrero, la cual indicaba que ni la legislación estatal ni la federal autoriza a las autoridades estatales o locales retener a personas por órdenes de inmigración si no están bajo custodia de otro modo. La acusación afirma que muchos condados citan esa opinión como razón para no entregar a individuos que podrían estar sujetos a deportación. Además, el estado prohibiría compartir datos de licencias de conducir para la aplicación de las leyes migratorias, según la demanda.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, afirmó que su ciudad «da la bienvenida con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias que buscan oportunidades» y no retrocederá.
«Donald Trump ha construido su carrera atacando a los inmigrantes y dividiendo a los estadounidenses, y ahora arrastra a nuestra ciudad a los tribunales con una demanda motivada por el miedo y la política», señaló Frey en un comunicado.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue uno de los tres gobernadores demócratas a los que una comisión de supervisión de la Cámara de Representantes solicitó testificar en julio sobre las políticas migratorias de sus estados. Walz rechazó la afirmación de que Minnesota sea un estado santuario; el estado no cuenta con una ley que proteja de la deportación a los inmigrantes que están en EE. UU. de manera ilegal.

Sin embargo, Minneapolis, St. Paul y el condado de Hennepin limitan el grado en que sus agentes y demás empleados cooperan con las leyes migratorias, según la demanda. La cárcel del condado de Hennepin, por ejemplo, no retiene a personas exclusivamente por órdenes de detención administrativa de inmigración y no notifica a las autoridades federales de inmigración cuando libera a individuos sujetos a esas órdenes.

**¿Qué es una jurisdicción santuario?**
No existe una definición legal estricta de jurisdicción santuario, pero el término suele referirse a gobiernos locales con políticas que restringen la cooperación con las autoridades de inmigración. Los tribunales han confirmado previamente la legitimidad de tales normas.

Minnesota es uno de los 14 estados y cientos de ciudades y condados que a principios de este año fueron catalogados por el Departamento de Seguridad Nacional como “jurisdicciones santuario que desafían la ley de inmigración federal”. La lista fue retirada más tarde del sitio web del departamento tras críticas que señalaban la inclusión errónea de algunos gobiernos locales que apoyan las políticas migratorias de Trump.

Beck informó desde Omaha, Nebraska.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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