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El economista Apolinar Veloz afirmó ayer que, al suprimir las exenciones y la evasión tributaria, el Gobierno no tendría que elevar los gravámenes en una reforma fiscal. Según él, las exenciones fiscales del último año alcanzaron aproximadamente RD$384,000 millones, mientras que la evasión tributaria se sitúa en RD$240,000 millones. Ambas cifras suman más de RD$500,000 millones, lo que constituye más del doble de lo necesario para solventar el déficit fiscal.
Afirmó que los desbalances fiscales sitúan al Gobierno y a sus finanzas al borde del colapso, obligando a incrementar año tras año el endeudamiento público, tanto interno como externo.
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Veloz revisó un informe elaborado por ocho entidades, que subraya la urgencia de que la nación debate un pacto fiscal equitativo, sin que penalice a los trabajadores ni a la clase media. Propuso que una reforma tributaria auténtica debe implementar gravámenes progresivos, de modo que quienes perciben mayores ingresos y poseen más bienes contribuyan en mayor medida, aumentando así la elasticidad de la recaudación.
Indicó que bajo el lema “Que paguen más quienes ganan más”, se exhorta a erigir un sistema tributario progresivo que no eleve la carga fiscal sobre los trabajadores, la clase media ni los sectores más vulnerables. Descartó que la solución a los retos fiscales se reduzca a subir los impuestos al consumo o a alterar las tarifas sin replantear el esquema de gasto público ni los privilegios impositivos.
Argumenta que los déficits y el endeudamiento del sector público son efectos directos de un sistema tributario regresivo, altas tasas de evasión y elusión fiscal, gasto clientelar, impuestos prediales escasos y exenciones que favorecen a conglomerados empresariales.
“Exigimos un pacto fiscal, ya que el Gobierno no está dispuesto a crear un acuerdo que beneficie a la sociedad, sino uno que favorezca a los empresarios”, sostuvo.
Según él, el gasto corriente del Gobierno continúa centrado en nóminas clientelares, transferencias de naturaleza política y amortización de deuda, en vez de priorizar la salud y la educación.
Entre los suscritores de la iniciativa se encuentran el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la organización Ciudad Alternativa.
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