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Alabama, EE. UU. – Un obrero de la construcción, también ciudadano estadounidense, interpuso una demanda colectiva ante un tribunal federal después de ser detenido en dos ocasiones por agentes migratorios que, por su origen latino, lo confundieron con un inmigrante indocumentado.
El afectado, Leo García Venegas, nació en Estados Unidos y vive en el condado de Baldwin, Alabama, una zona de rápido crecimiento laboral y demográfico en la costa del Golfo. Venegas afirma que, en menos de treinta días, fue arrestado dos veces por funcionarios de inmigración mientras trabajaba en obras de construcción, a pesar de presentar su licencia de conducir REAL ID – documento que sólo se expide a ciudadanos y residentes legales.
La acción judicial, presentada con el apoyo del Institute for Justice, califica de “inconstitucionales e ilegales” las redadas laborales llevadas a cabo durante la administración de Donald Trump, que habitualmente se centran en sectores con alta concentración de trabajadores inmigrantes.
En una de las redadas, efectuada en mayo, un video grabado por un compañero de trabajo muestra a Venegas siendo arrastrado al suelo por agentes que le acusaban de portar documentos falsos, pese a sus reiteradas declaraciones de que es ciudadano estadounidense. En ambos incidentes fue puesto en libertad después de unos treinta minutos, aunque no sin haber experimentado detenciones que él describe como arbitrarias y discriminatorias.
“El Departamento de Seguridad Nacional autoriza estas redadas armadas basándose en la suposición de que ciertos grupos, incluidos los latinos, son probablemente inmigrantes ilegales”, indica la demanda.
El abogado del caso, Jaba Tsitsuashvili, sostuvo que su cliente “es un trabajador ciudadano estadounidense que defiende el derecho de todos a laborar sin ser detenidos por su apariencia o el tipo de empleo que desempeñan”.
Por su parte, Venegas declaró: “Es como si no hubiera nada que pueda hacer para evitar que me arresten cuando quieran. Sólo quiero trabajar en paz. La Constitución protege mi derecho a hacerlo”.
La acción judicial se produce semanas después de que la Corte Suprema levantara una restricción que impedía a los agentes migratorios en Los Ángeles detener a personas únicamente por su raza, idioma o lugar de trabajo. El fallo abrió la puerta a redadas más amplias, aunque la constitucionalidad de esas prácticas aún podría ser debatida en los tribunales.
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