Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
ATLANTA (AP) — Un reportero hispanohablante que había permanecido bajo custodia de las autoridades migratorias en Georgia desde junio fue expulsado el viernes a El Salvador.
Mario Guevara, de 48 años, cubría una manifestación en la periferia de Atlanta el 14 de junio cuando la policía local lo arrestó y, varios días después, lo entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Sus defensores habían estado librando batallas simultáneas en el tribunal de inmigración y en los sistemas de justicia federal, intentando lograr su puesta en libertad.
En un video en vivo subido a Facebook el viernes por la tarde, se observó a Guevara, escoltado por funcionarios del gobierno salvadoreño, descendiendo de un automóvil y abrazando a una mujer que le apuntaba con un móvil con cámara. “Hola mamá”, dijo frente a la pantalla.
Miró al cielo, agradeció a Dios y afirmó que no había querido regresar a su país de esa manera.
Compartió en Facebook una foto en la que aparece en un restaurante degustando pupusas, el plato típico salvadoreño de tortillas de maíz rellenas de queso y otros ingredientes. En otra publicación comentó: “¡Listos para seguir trabajando al doble desde mi tierra, así lo ha querido mi Dios!”.
La deportación de Guevara se produjo después de que la Corte Federal de Apelaciones del 11.º Circuito rechazara el miércoles la solicitud de suspender una orden de expulsión emitida el mes anterior por la Junta de Apelaciones de Inmigración.
Todas las acusaciones penales presentadas contra Guevara desde su arresto fueron archivadas por fiscales locales. Sus abogados sostuvieron que estaba siendo retenido como represalia por su labor periodística, una medida destinada a silenciarlo y vulnerar sus derechos constitucionales.
El arresto y la detención de Guevara generaron críticas de organizaciones de prensa, defensores de la libertad de expresión y grupos de derechos civiles. Katherine Jacobsen, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), señaló que su deportación era “una señal alarmante del deterioro de la libertad de prensa bajo la administración de (Donald) Trump”.
“Resulta vergonzoso que Estados Unidos deportara a Guevara; es la primera vez que el CPJ documenta este tipo de represalia vinculada a la actividad periodística”, declaró en un comunicado enviado por correo electrónico.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han descartado sistemáticamente la hipótesis de que Guevara estuviera siendo castigado por su trabajo, argumentando que se encontraba en el país de manera irregular.
Guevara escapó de El Salvador hace veinte años por temor y se ganó una amplia audiencia como reportero en el área de Atlanta. Laboró durante varios años para Mundo Hispánico, un diario en español, antes de lanzar el medio digital MG News el año pasado. Estaba transmitiendo en vivo en redes sociales desde una manifestación “No Kings” contra la administración del presidente Trump cuando la policía del condado de DeKalb lo arrestó.
Frecuentemente se encontraba en lugares donde el ICE u otras agencias estaban presentes y, de forma regular, difundía en directo lo que observaba.
En el vídeo de su detención se le ve con una camiseta roja bajo un chaleco antibalas que lleva la inscripción “PRENSA” en el pecho. Se le oye decirle a un oficial: “Soy miembro de los medios, oficial”. Estaba parado en la acera junto a otros reporteros, sin aglomeraciones ni enfrentamientos a su alrededor.
Los cargos presentados contra él en el condado de DeKalb y los acusados en el vecino condado de Gwinnett tras su arresto fueron descartados. Un juez de inmigración le concedió fianza en julio, pero permaneció bajo custodia mientras el gobierno apelaba.
En 2012, un juez de inmigración negó la solicitud de Guevara para permanecer en Estados Unidos. Él apeló esa resolución ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, que revisa decisiones de tribunales migratorios, pero el caso quedó cerrado cuando los fiscales acordaron archivarlo administrativamente. Sus abogados afirman que contaba con autorización para vivir y trabajar en el país durante los últimos 13 años.
Poco después de que Guevara fuera puesto bajo custodia del ICE en junio, el gobierno pidió a la Junta de Apelaciones de Inmigración reabrir ese antiguo expediente migratorio. Sus defensores no se opusieron a la medida, pero solicitaron que el caso retornara al tribunal de inmigración de primera instancia, ya que ahora cuenta con una solicitud de visa pendiente respaldada por su hijo adulto, ciudadano estadounidense.
El mes pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración aceptó reabrir el caso, rechazó la apelación de Guevara y se negó a devolverlo al tribunal de primera instancia. Además, ordenó su expulsión a El Salvador y desestimó la apelación del gobierno sobre la decisión de concederle fianza, alegando que ya es irrelevante.
Los abogados de Guevara interpusieron recurso ante el 11.º Circuito, solicitando que se suspendiera la orden de deportación mientras el recurso estaba pendiente.
Argumentaron que la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración y la posterior negativa del 11.º Circuito a detener la orden de expulsión se basan en información errónea.
Un proceso separado cuestiona la constitucionalidad de la detención de Guevara por parte de autoridades migratorias y sigue abierto en un tribunal federal. Sus representantes alegan que está siendo penalizado por su actividad periodística y pidieron a un juez que ordenara su liberación inmediata y prohibiera su deportación mientras ese asunto continúe en litigio.
Esta crónica fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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