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WASHINGTON – La Corte Suprema de EE. UU. autorizó este viernes que la administración del presidente Donald Trump elimine las garantías legales de más de 300 000 venezolanos.
Los magistrados dictaron una medida de urgencia, vigente mientras prosiga el litigio, que suspende una resolución de un tribunal inferior firmada por el juez federal de distrito Edward Chen en San Francisco, en la cual se concluyó que la ejecución gubernamental había revocado indebidamente el estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. Los tres jueces liberales se opusieron.
El ejecutivo republicano de Trump ha avanzado en la supresión de diversas salvaguardas que permitían a inmigrantes residir y trabajar legalmente en los Estados Unidos, entre ellas el cese del TPS para un total de 600 000 venezolanos y 500 000 haitianos que obtuvieron dicha protección bajo la administración del expresidente demócrata Joe Biden. El TPS se otorga en periodos de 18 meses.
En mayo, la Corte Suprema anuló una orden provisional de Chen que impactaba a otros 350 000 venezolanos cuyas protecciones expiraron en abril. El máximo tribunal no ofreció explicación entonces, lo cual es habitual en procedimientos de emergencia.
«La misma determinación que adoptamos en mayo resulta adecuada aquí», señaló el tribunal el viernes en una orden no firmada.
Algunos migrantes han perdido sus puestos de trabajo y viviendas, mientras que otros han sido detenidos y expulsados después de la intervención inicial de los jueces, según manifestaron ante el tribunal los abogados de los migrantes.
«Considero la resolución de hoy como otro uso indebido grave de nuestro expediente de emergencia», declaró la jueza Ketanji Brown Jackson. «Me opongo porque, con todo respeto, no puedo aceptar nuestra reiterada, gratuita y perjudicial intromisión en procesos pendientes en los tribunales inferiores cuando hay vidas en juego».
El Congreso instauró el TPS en 1990 para impedir deportaciones de países que padecen catástrofes naturales, conflictos civiles u otras situaciones peligrosas. La designación puede ser concedida por el secretario de Seguridad Nacional.
Chen concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) actuó «con una premura sin precedentes y de una forma sin igual… con el objetivo predeterminado de acelerar la terminación del TPS venezolano».
Al rechazar previamente la apelación de urgencia del gobierno de Trump, la jueza Kim Wardlaw escribió para un panel unánime de tres magistrados de apelación que Chen determinó que el DHS tomó sus «decisiones primero y buscó una base válida para esas decisiones después».
El procurador general D. John Sauer, principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema, argumentó en la nueva presentación que la orden de los magistrados emitida en mayo también debería aplicarse al caso actual.
«Este asunto es familiar para el tribunal e implica el cada vez más frecuente e insostenible fenómeno de los tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de este Tribunal en el expediente de emergencia», señaló Sauer.
El resultado, según él, es que la «nueva orden, al igual que la anterior, detuvo la anulación y finalización del TPS que afecta a más de 300 000 extranjeros basándose en teorías jurídicas sin mérito».
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