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Esta organización delictiva, mediante un plan piramidal, transfirió más de RD $4.239 millones y US $11,6 millones, perjudicando a 332 víctimas.
Atendiendo la petición de los fiscales de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional resolvió el envío a juicio de los miembros de la red criminal desmantelada en la operación Gaviota, la cual había implementado un esquema piramidal que movilizó las sumas mencionadas, afectando a 332 damnificados.
El órgano acusador determinó en el proceso que, entre 2020 y 2024, la estructura delictiva operó un fraude piramidal bajo el nombre de Investor Winner, captando y desplazando dichos recursos de forma fraudulenta, al prometer rendimientos mensuales entre el 10 % y el 30 % bajo el pretexto falso de inversiones bursátiles legítimas.
Al considerar suficientes las pruebas que sustentan la causa, el tribunal dictó auto de apertura a juicio contra los líderes Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz de Martínez; Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
Asimismo, se ordenó el envío a juicio de O’Neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, así como de Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Martínez Vicente.
Para la comisión de los hechos, los imputados utilizaron las sociedades IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
Además, emplearon las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
La investigación estuvo a cargo de los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín, Enmanuel Ramírez, Miguel Crucey Rodríguez y Alexis Piña, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
El magistrado del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero Jiménez, emitió el auto de apertura a juicio y fijó la lectura íntegra de la decisión para el 14 de noviembre de 2025.
Los fiscales ingresaron al proceso más de 650 pruebas, entre ellas 376 testimonios, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentos y 29 evidencias materiales contra los miembros de la red.
En el periodo señalado, los acusados captaron los fondos de las víctimas en diversas provincias del país, muchas de las cuales hipotecaron inmuebles o comprometieron sus ahorros personales.
Entre sus prácticas, reclutaban a los supuestos inversores convenciéndolos de estar realizando una inversión legítima, creando empresas ficticias para captar recursos del público sin contar con los permisos ni registros requeridos ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público verificó que no existían inversiones reales en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros participantes eran financiados con los aportes de nuevos ingresantes.
Las averiguaciones mostraron que los cabecillas Rafael Martínez Batista y su esposa Eridania García Veloz de Martínez, junto con el resto de los acusados, captaban a las víctimas a través de la empresa Investor Winner IW S.R.L. y del entramado de sociedades y cooperativas simuladas.
El Ministerio Público detalló que la organización criminal utilizó redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar oportunidades de inversión falsas, falsificó estados financieros y constituyó empresas pantalla, logrando atraer a cientos de personas.
Para encubrir rastros y entorpecer la investigación, los imputados cedieron las acciones de las empresas tras el colapso del esquema y abandonaron sus domicilios habituales, mudándose de Higüey a Dajabón o Azua; algunos incluso abandonaron el país.
El tribunal calificó jurídicamente los hechos como violación al artículo 15 de la Ley 53‑07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología (estafa mediante medios de alta tecnología); los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano (asociación de malhechores para cometer estafa contra el Estado); artículo 3, literales (a) y (b); 35, literal (a); artículo 68, literal (a), numerales (1) y (5); y artículo 70, literal (a), numeral (1) de la Ley Monetaria y Financiera Núm. 183‑02 (intermediación financiera sin autorización).
Asimismo, se constató la infracción a los artículos 336, numerales (1), (5) y (6), 340 y 352 de la Ley 249‑17 del Mercado de Valores de la República Dominicana (captar fondos para supuesta operación en el mercado sin autorización), así como el artículo 69 de la Ley 127‑64 sobre cooperativismo y los artículos 2, numerales (11) y (15); 3, numerales (1), (2), (3), (5), 7 y 9, numerales (1) y (2), de la Ley No. 155‑17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
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