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Donald Guerrero manifestó que el Ministerio Público vulneró sus derechos y el principio del debido proceso al ocultarle un informe que se habría empleado en diligencias y autorizaciones procesales.
La rutina del juicio preliminar del caso Calamar se quebró ayer con las declaraciones de los acusados: Donald Guerrero, quien adelantó que pronto probará de forma “irrefutable” su inocencia; Angel Lockward, quien denunció a tres abogados querellantes que supuestamente habrían exigido RD$50 millones para retirar la acusación contra el exministro de Hacienda; y el altercado provocado por uno de los citados, que llevó a la jueza a amenazar con detenerlo durante la audiencia.
El primer orador fue el exministro de Hacienda, a quien el Ministerio Público señala como cabeza de una presunta “coalición de funcionarios” que, junto a otros imputados, habría perpetrado una estafa millonaria contra el Estado dominicano mediante un esquema de sobornos y pagos ilegales a contratistas de la Oisoe, expropiaciones y cobros ilícitos en juegos de azar, con el fin de financiar la campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en 2020.
Guerrero explicó que solicitó el turno únicamente para advertir que el informe de la Unidad Antifraude de la Contraloría General, cuyo contenido se ha difundido en los medios y que habría servido durante más de cuatro años como “base de diligencias y autorizaciones procesales”, nunca le fue notificado, infringiendo flagrantemente sus derechos fundamentales y el debido proceso.
“Hoy solo quiero dejar constancia en acta de que ese informe, empleado durante más de cuatro años a mis espaldas, jamás me fue comunicado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa, vulnerando abiertamente lo dispuesto en la Ley 107‑03”, subrayó el exfuncionario ante la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Rodríguez.
Se trata de un informe de 2021 cuya exclusión, al igual que la de otras pruebas presentadas por el MP, será solicitada en esta fase del proceso por la defensa del exministro.
“Cuando sea el momento de presentar mi defensa, demostraré de forma irrefutable la absoluta transparencia con la que desempeñé mis funciones públicas”, precisó Guerrero.
Tras reiterar su inocencia frente a las acusaciones de los abogados de la familia Mota, uno de los querellantes en el caso Calamar por presunto incumplimiento en el pago de sus expropiaciones, Angel Lockward afirmó que, mucho antes de ser puesto bajo proceso judicial, había sido víctima de “chantaje y extorsión no solo por querellantes sino también por jueces”, por defender los derechos de clientes afectados por las expropiaciones.
Indicó que de la querella presentada contra él por la línea de Lucas Mota en la Parcela del Parque del Este, solo quedan cuatro acciones, puesto que el resto fueron abandonadas por falta de fundamento.
Contó que, en una reunión con el director de Persecución de la Procuraduría, Wilson Camacho, y la fiscal del Distrito, Rosalba Ramos, “propuse ceder mis honorarios no percibidos a los abogados de esos querellantes”, aunque aclaró que dichos profesionales carecían de calidad.
Lockward se refirió a los abogados Pablo Castillo, Martín Rubiera y José Javier Amado Bidó, señalando que acordaron que Castillo redactaría un borrador de convenio y lo entregaría en su oficina.
Añadió que, esa misma noche, Castillo lo visitó y le sugirió solicitar RD$50 millones a Donald Guerrero para que retirara la querella interpuesta por los Mota contra él.
Esa propuesta provocó que el abogado Castillo se levantara de su asiento y, rompiendo la solemnidad del tribunal, inmensamente enojado, acusara a Lockward de mentiroso y le exigiera retractarse, alegando que jamás intentó sobornar a nadie.
La jueza intervino en dos ocasiones, ordenándole desde el estrado que guardara silencio y permaneciera sentado, pues el imputado (Lockward) estaba ejerciendo su defensa material, mientras el abogado seguía gesticulando irritado sin atender a la magistrada.
“La acusación de soborno es falsa; ya lo he dicho dos veces y es mentira”, repetía el abogado alzando la voz por encima de la jueza, hasta que ésta lo amenazó con arrestarlo en ese mismo instante y trasladarlo a la “celdita” del cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Solo entonces el abogado se sentó, y los otros dos abogados mencionados por Lockward intentaron intervenir, pero la jueza también les negó la palabra, argumentando que el imputado estaba realizando su defensa material y no podía ser interrumpido.
Lockward minimizó a los querellantes del clan Mota, indicando que la mayoría había desistido, y que de los cuatro que quedan, Humberto Mota le había otorgado un poder para tasar la propiedad de RD$2 520 390, equivalentes a RD$1 millón, compartiendo ese detalle con uno de sus clientes, bisnieto de Cristiano Mota.
“Es decir, que el señor Mota (Humberto) no ha incurrido en nada, pues yo poseo los poderes y las determinaciones de los herederos, además del título; nadie pudo haber sido engañado como afirma el Ministerio Público”.
También Julián Omar Fernández Figuereo, exdirector de Casinos y Juegos de Hazar, utilizó la palabra ayer para rechazar su inclusión en una nueva querella presentada por Paula de la Rosa Ávila a través de su abogada Teresa de Jesús Silverio.
Afirmó que estuvo al frente de esa dirección entre 2019 y 2020 “y no tengo absolutamente nada que ver con las expropiaciones. Quiero que conste en acta”, concluyó el imputado Fernández.
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