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CIUDAD DE MÉXICO. — De acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del bloque de Morena, la elaboración o difusión de memes, stickers o cualquier contenido producido con inteligencia artificial (IA) sin el permiso de las personas afectadas podría ser castigada con penas que van de tres a seis años de prisión y una multa de hasta 600 días, si la propuesta es aprobada.
La propuesta, remitida el 23 de septiembre a la Cámara de Diputados, pretende incorporar los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal para tipificar como delito el uso no autorizado de imágenes, audios, videos o reproducciones digitales que vulneren la identidad, la voz o la reputación de un individuo.
“Cada imagen manipulada, cada audio alterado y cada meme compartido sin autorización atentan directamente contra la dignidad, el honor y la esfera privada de las personas. México no puede quedarse rezagado ante esta realidad”, reza el documento.
El artículo 211 Bis 8 establece que se impondrá pena privativa de la libertad y multa a quien, por cualquier medio digital, elabore, modifique, transforme o propague imágenes, videos, audios o reproducciones digitales generadas con tecnologías de edición o IA que, sin el consentimiento del titular, utilicen su identidad o voz con el fin de ridiculizar, acosar, suplantar o menoscabar su reputación o dignidad.
El artículo 211 Bis 9 prevé un aumento de la sanción hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad o servidor público, o cuando el contenido se difunda de forma masiva en redes sociales y provoque un daño verificable en la vida personal, laboral o psicológica del afectado.
Corona Arvizu sostuvo que su iniciativa no busca coartar la libertad de expresión, sino regular el abuso digital y resguardar la identidad personal frente a la manipulación tecnológica, en especial ante la proliferación de los llamados deepfakes —imágenes o videos falsos creados con IA.
“Crear stickers, memes y contenidos generados con IA sin autorización constituye una forma moderna de violencia que no debemos normalizar ni tolerar”, afirmó. “La tecnología ha dejado de ser un mero instrumento de comunicación para convertirse en un medio con la capacidad de moldear identidades, construir reputaciones o destruirlas en segundos”, añadió el legislador morenista.
El diputado explicó que la iniciativa pretende equilibrar el derecho a expresarse con el derecho a no ser vulnerado en la esfera personal y social. “Una sanción penal tendrá un efecto disuasorio, reduciendo la impunidad en casos de ciberacoso”, señaló.
No era la primera vez que el legislador abordaba el tema. En febrero de 2024, Corona Arvizu presentó otra propuesta para sancionar la difusión de audios falsos de figuras públicas, al considerar que el uso indebido de tecnologías de manipulación digital representa “una amenaza a la integridad y la convivencia social”.
“Detrás de cada personalidad pública hay un individuo con una vida que merece respeto. La tecnología debe servir a la humanidad, no ser un instrumento de destrucción”, declaró entonces.
Paralelamente, en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta anunció que revisará el artículo 480 del Código Penal estatal —relativo al delito de ciberasedio— para excluir a los servidores públicos de posibles beneficios, con el objetivo de impedir que la ley se utilice para restringir críticas o comentarios.
“Los servidores públicos deben quedar excluidos de los beneficios de esta norma; no hay censura y pueden expresarse libremente. Lo importante es que nadie se salga con la suya. Estamos hablando de ciberdelincuentes, no de medios de comunicación”, afirmó Armenta.
Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, coincidió en que las reformas deben garantizar la libertad de expresión y mantener el escrutinio público de los funcionarios.
La iniciativa ha generado un intenso debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de la identidad digital. Organizaciones y usuarios de redes sociales advirtieron que una aplicación excesiva de la norma podría terminar en censura de contenidos satíricos o humorísticos, especialmente aquellos dirigidos a autoridades públicas.
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