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La Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (Mnicr), a través de una comunicación escrita, solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) la suspensión temporal de la campaña denominada “malicia indígena”. En consecuencia, el colectivo pide “se empleen los buenos oficios necesarios, enviando las instrucciones pertinentes a la autoridad correspondiente, a fin de que se realice de inmediato la revisión y corrección de la campaña ‘malicia indígena’”. Asimismo, solicita “la paralización provisional de la campaña mientras se efectúan los ajustes y la revisión correspondiente”, según el documento firmado por Donald Rojas, presidente del Mnicr, dirigido a Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología.
La petición se sustenta en que la expresión “malicia indígena” se define como “una intención encubierta, comúnmente malévola o picante, con la que se dice o se actúa”. De manera coloquial, se considera que el uso de dicho término es inapropiado, falta de pertinencia cultural, constituye un estereotipo que simula reconocimiento a los valores y principios indígenas sin reconocer la inteligencia y los valiosos aportes de los pueblos originarios al desarrollo nacional.
Al respecto, Micitt contestó a una consulta de CR Hoy indicando que “la solicitud llegó el domingo pasado y está siendo evaluada por el equipo técnico; en cuanto tengamos una posición oficial se la comunicaremos”. El proyecto se enmarca dentro de la conmemoración del mes de la ciberseguridad organizada por el Micitt y se justificó su nombre bajo la premisa de que el concepto alude a la astucia e ingenio típicos del costarricense, aplicados al entorno digital para fomentar una desconfianza saludable ante ofertas inesperadas, correos sospechosos y requerimientos de datos personales. El Micitt sostiene que “malicia indígena” es “una iniciativa comunicacional diseñada para dotar a la población de herramientas simples y prácticas que les permitan protegerse de los crecientes riesgos del entorno digital”. Surge como respuesta directa a la mayor complejidad de las ciberamenazas y se basa en la experiencia vivida por el país tras el ciberataque de gran escala de 2022, una crisis que paralizó servicios esenciales y motivó la primera declaración de emergencia nacional por un hecho de esta naturaleza. Esa vivencia puso de manifiesto la necesidad urgente de promover una cultura de prevención en todos los niveles de la sociedad.
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