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Washington – El Tribunal Supremo de EE. UU. indicó este martes una inclinación a anular la prohibición vigente en Colorado sobre las llamadas “terapias de conversión”, en una audiencia centrada en el derecho a la libertad de expresión de quienes realizan estas controvertidas intervenciones.
El máximo tribunal examinó si la autoridad de los estados para regular o prohibir dichas prácticas entra en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.
Las terapias de conversión pretenden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona bajo argumentos religiosos o conservadores, intentando “convertir” a heterosexuales o cisgénero a quienes no lo son.
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El caso surgió a raíz de una demanda presentada por la terapeuta cristiana Kaley Chiles, quien alega que la ley estatal vulnera su libertad de expresión al impedirle conversar abiertamente con sus pacientes sobre estos temas. Su reclamo cuenta con el apoyo del gobierno del expresidente Donald Trump.
Durante la audiencia, los magistrados – mayoritariamente conservadores – mostraron escepticismo respecto a la normativa de Colorado y cuestionaron si un estado puede “tomar partido” en asuntos de esta índole. Algunos jueces insinuaron que podría haber una violación del derecho constitucional a expresarse.
Por su parte, la fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, defendió la constitucionalidad del precepto, recordando que no existe evidencia científica que respalde la efectividad de las terapias de conversión.
«Llevamos cien años intentando aplicar estas terapias sin ningún éxito documentado. No hay ningún estudio que haya demostrado su eficacia», afirmó Stevenson.
Las organizaciones médicas y de derechos humanos rechazan estas prácticas, señalando que pueden constituir abusos psicológicos o físicos comparables a la tortura. Investigaciones internacionales han demostrado que quienes se someten a dichos procedimientos presentan un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales a largo plazo.
Según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), 17 países han prohibido oficialmente estas terapias, mientras que otros imponen restricciones parciales.
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