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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica determinó el 27 de junio que Rodrigo Chaves no podía participar en la campaña presidencial de febrero de 2026, al concluir que “usó indebidamente” su cargo para “promover un programa político”, pese a que el mandatario no puede postularse a la reelección.
Dos semanas después, el mismo organismo instó al Congreso a levantar la inmunidad al presidente por una supuesta “beligerancia política”, después de que la Corte Suprema hubiera rechazado previamente una solicitud similar.
Tanto la Constitución como el Código Electoral prohíben al presidente y a los altos funcionarios involucrarse en actividades partidistas o electorales ni emplear sus cargos para beneficiar a un partido.
El proceso por “beligerancia política y participación política prohibida del presidente” podría culminar con su destitución del cargo y una inhabilitación para ejercer cargos públicos de entre dos y cuatro años, según explicó el TSE.
El constitucionalista y académico Luis Felipe Rodríguez precisó a la AFP que la petición actual difiere de la anterior, en la que la Corte Suprema había pedido que se le quitara la inmunidad para que pudiera ser juzgado por un tribunal.
En caso de que la Asamblea Legislativa retire dicha inmunidad, el asunto volvería al Tribunal Supremo de Elecciones, que “emitirá eventualmente una sanción que podrá ser apelada ante el propio tribunal electoral”, añadió Rodríguez.
**Denuncias de la oposición**
El 22 de septiembre, el Congreso rechazó retirar la inmunidad a Chaves para que fuera procesado por presunta corrupción, marcando la primera ocasión en que un presidente democrático del país enfrentó una solicitud de desafuero.
El TSE informó que la petición de “levantamiento de la inmunidad” se originó a partir de denuncias presentadas por dirigentes y legisladores opositores, entre ellos Ricardo Sancho Chavarría, presidente del Partido Liberación Nacional, y Juan Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana.
Los magistrados del TSE coincidieron unánimemente en que “las denuncias sobrepasan el umbral de admisibilidad, pero es necesario solicitar previamente el levantamiento de la inmunidad a la Asamblea Legislativa para iniciar el procedimiento sancionatorio ordinario”.
El analista político Gustavo Machado comentó a la AFP que “es evidente que el presidente y, en general, el Poder Ejecutivo, han intentado de forma constante ejercer una influencia directa en la contienda electoral”.
Chaves, economista conservador de 64 años y exfuncionario del Banco Mundial, ha manifestado su intención de que su partido logre una mayoría calificada en la Asamblea para impulsar una serie de reformas.
Desde su llegada al poder en 2022, el mandatario acusa a la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Congreso de entorpecer sus iniciativas, mientras los dirigentes de esas instituciones le imputan actitudes autoritarias.
Machado subrayó que “el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido una institución intachable y, desde la fundación de la Segunda República en 1949, ha garantizado la transparencia”.
**Faltaron cuatro votos**
La solicitud de la Fiscalía, avalada por la Corte Suprema el 1 de julio, fue catalogada por Chaves como “un intento de golpe de Estado judicial”.
La moción para privarle de la inmunidad obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se necesitaba una mayoría calificada de 38 votos para aprobarla.
La Fiscalía acusa al presidente de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a pagar 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen, Federico Cruz.
Según la denuncia, la contratación se realizó con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mediante un procedimiento “presumiblemente” irregular.
Cuando Chaves entregue la presidencia en mayo de 2026, tendrá que responder a ese proceso como cualquier ciudadano.
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