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El jueves 2 de octubre pasado, Henry T. Wooster, Jefe de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Haití, presionó al Consejo Presidencial de Transición (CPT) para que fijara “un plan concreto y con plazos para las elecciones y la transición política”. Al día siguiente, viernes, Brian Nichols, Subsecretario de Estado para América Latina y el Caribe, anunció nuevos incentivos por la captura de dirigentes de pandillas haitianas. Las declaraciones de estos dos altos funcionarios estadounidenses revelan una estrategia de doble carril en la política de EE. UU. hacia Haití. Por una parte, se demanda al CPT que actúe como una entidad política operativa, exigiendo un cronograma electoral. Por otra parte, se impulsa una política de seguridad agresiva, que incluye el apoyo a una “Fuerza de Represión de Pandillas” (FRG) y la puesta en marcha de un programa de recompensas para la “decapitación” de los líderes criminales. No resulta evidente cómo se puede solicitar la organización de un proceso electoral mientras se prepara abiertamente el terreno para una lucha armada de alta intensidad y represión. La experiencia de países como la República Dominicana, con más de seis décadas de procesos electorales desde la caída de la tiranía, muestra que la preparación de unas elecciones requiere al menos cierta estabilidad, libertad de movimiento, confianza ciudadana y participación cívica. La insistencia del embajador Wooster en un plan electoral se inscribe en la necesidad diplomática de legitimar la transición y buscar una solución liderada por Haití. Sin embargo, al afirmar que “Haití debe liderar la salida de su propia crisis política”, se evidencia una forma de eludir el reclamo a la comunidad internacional para imponer una solución. Wooster también presiona al CPT para que cumpla su mandato y evite perpetuarse en el poder, recordando que “los cargos no son vitalicios”. No obstante, las declaraciones de estos dos dirigentes ponen al descubierto una profunda desconexión entre las expectativas políticas y la realidad en el terreno. Con más del 90 % del área metropolitana de Puerto Príncipe bajo control de bandas armadas, y el propio embajador reconociendo que la crisis de seguridad está “en el corazón de la crisis política”, exigir un calendario electoral inmediato parece prematuro. Sin un control territorial significativo, cualquier intento de elección sería fácilmente saboteado, minando la credibilidad del proceso y poniendo en riesgo a votantes y candidatos. Seguridad primero: la guerra abierta. El apoyo a la FRG, junto con el programa de recompensas, confirma que la prioridad inmediata de EE. UU. es la “guerra abierta” contra las pandillas haitianas. La descripción de la fuerza como de “represión” y el objetivo de “combatir a las bandas criminales para recuperar el control” elimina la idea de una misión de paz tradicional. Es una misión de contrainsurgencia o represión cuyo fin es desmantelar estructuras criminales mediante la fuerza. El programa de recompensas constituye una táctica de guerra psicológica y financiera que busca minar la cohesión interna de las pandillas, fomentando paranoia, traición y división. Esta estrategia conlleva el riesgo inmediato de una ola de violencia intensificada, pues los líderes criminales probablemente ejecutarán purgas internas y escalarán los ataques contra civiles para demostrar su poder. No se pueden celebrar elecciones seguras con enfrentamientos armados generalizados. La violencia generada por la FRG y las pandillas pondría en peligro la inscripción de votantes, la instalación de centros de votación y el escrutinio de los votos. La represión y la incertidumbre reducen la participación electoral y, lo que es igualmente grave, el clima de guerra no favorece el debate democrático ni la formación de una opinión pública bien informada. La aparente contradicción, en la que un alto funcionario exige elecciones mientras otro financia la guerra, parece obedecer a la necesidad de mantener una doble narrativa diplomática y de seguridad. La diplomática, por parte de Wooster: es una rama (la Embajada) que tiene el mandato de legitimar y proyectar la imagen de una solución política. La presión por un calendario electoral cumple con ese rol, manteniendo la apariencia de que la transición es liderada por Haití, mientras obliga al CPT a rendir cuentas. En cuanto al mandato de seguridad, del lado de Nichols: le corresponde la seguridad e inteligencia, centrada en la realidad inmediata de la amenaza. Saben que sin estabilidad la diplomacia es inútil. Los fondos de recompensa indican que la eliminación de la amenaza es la única condición real para cualquier proceso electoral futuro. La presión simultánea no parece un error de comunicación, sino un intento de mantener la presión política sobre la transición y, al mismo tiempo, señalar el compromiso irreversible con la seguridad. Es posible que se exija el calendario electoral ahora para evitar que “seguridad primero” se convierta en excusa para la perpetuación del poder del gobierno transitorio, obligándolos a planificar la salida incluso mientras se libra la batalla. Esta doble exigencia es el arma más fuerte de EE. UU. para controlar el proceso.
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