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El abogado Salvador Catrain, quien actúa como representante legal de los comerciantes, anunció que recibió una convocatoria oficial de las autoridades competentes, invitándolo a él y a los empresarios afectados a una reunión programada para este lunes a las 10:00 a.m.
En Santo Domingo, los comerciantes chinos cuyas tiendas fueron clausuradas en distintas zonas del país darán inicio este lunes a un proceso de diálogo con el gobierno, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que posibilite la reapertura de sus establecimientos.
El abogado Salvador Catrain, encargado de la defensa legal de los comerciantes, comunicó que le llegó una llamada formal de las autoridades, convocándolo junto a los empresarios perjudicados a un encuentro fijado para este lunes a las 10 horas de la mañana.
Por este acercamiento, Catrain decidió aplazar la rueda de prensa previamente anunciada, como señal de su apertura al diálogo.
“Entendemos que comenzará un proceso de conversaciones que garantice tanto la posición del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones como los derechos de las empresas chinas que representamos”, manifestó el abogado.
Catrain instó a la ciudadanía a estar atenta a los resultados del encuentro, pues podrían anunciarse avances o acuerdos concretos que permitan resolver el conflicto.
“Representamos intereses, y el diálogo, la conversación y los pactos consensuados son la mejor vía para llegar a una solución en estas situaciones”, añadió.
Aunque no especificó con quién se reunirá, agradeció el interés de los medios y aseguró que mantendrá informada a la opinión pública sobre el desarrollo de la reunión.
El pasado 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, el MIVHED ordenó el cierre de la tienda SUPLAX, situada en el Distrito Nacional, y de otros locales en el interior del país, alegando una supuesta falta de licencia de construcción. Posteriormente, la medida se extendió a nueve establecimientos más, acumulando un total de once comercios afectados.
Según el abogado Catrain, el ministerio actuó de forma arbitraria y sin competencia legal, vulnerando derechos fundamentales de los empresarios y mermando la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera en la República Dominicana.
“Estas decisiones carecen de sustento jurídico y afectan gravemente la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas”, afirmó.
Los representantes legales sostienen que las tiendas disponen de permisos municipales y medioambientales vigentes, y que han operado durante más de un año generando empleo directo e indirecto, además de contribuir al desarrollo económico y comercial de las comunidades donde se ubican.
Las empresas denunciaron una supuesta falta de transparencia por parte del MIVHED y lo califican como una persecución selectiva.
En una reunión con comerciantes chinos, la institución presentó un supuesto informe de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONISVIE), fechado el 17 de septiembre, comprometiéndose a entregarlo formalmente. Sin embargo, el documento nunca fue proporcionado, pese a las reiteradas solicitudes.
Ante la negativa, las empresas solicitaron el informe mediante el mecanismo de acceso a la información pública, lo que ha entorpecido su proceso de defensa. Además, denunciaron que los cierres se ejecutaron antes de la existencia del informe técnico, lo cual consideran una irregularidad grave.
Los representantes legales interpusieron un recurso contencioso‑administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), acompañado de una solicitud de medida cautelar, para suspender los efectos de las decisiones del MIVHED hasta que el tribunal conozca el fondo del asunto.
La audiencia está fijada para el 16 de octubre de 2025 y se celebrará de forma virtual. En ella, los abogados intentarán demostrar que las actuaciones del ministerio carecen de fundamento legal, técnico y constitucional.
“Con esta acción buscamos restablecer la legalidad, proteger los derechos empresariales y preservar la seguridad jurídica, pilares esenciales para mantener un clima de inversión estable y transparente en la República Dominicana”, expresó Catrain.
Más de tres mil puestos de trabajo estarían en riesgo a causa de los cierres, además de la pérdida de una importante contribución fiscal para el Estado.
Los empresarios subrayaron que estos comercios son reconocidos por ofrecer productos a precios accesibles, beneficiando directamente a los hogares dominicanos y fomentando la libre competencia en el mercado.
Ante la situación, los representantes legales exhortaron al MIVHED y al Estado dominicano a mantener un diálogo constructivo que permita a las tiendas operar mientras se completan los procesos de regularización técnica, evitando así daños económicos innecesarios, pérdida de empleo y afectación al clima de inversión.
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