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CIUDAD DEL VATICANO. Las personas víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero siguen enfrentando represalias “inquietantes” por parte de los líderes de la Iglesia católica al alzar su voz, según ha revelado una comisión vaticana.
En su segundo informe anual, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores también señala que la “oposición cultural” obstaculiza la lucha contra estas agresiones en diversas diócesis y destaca las “enormes diferencias” que se observan entre distintas regiones.
Por primera vez, 40 afectados colaboraron en la redacción del documento, y algunos de ellos denunciaron haber recibido presiones de responsables de la institución, incluso más de dos décadas después de que se conocieran las primeras denuncias masivas en Estados Unidos.
“Mi hermano era seminarista. El obispo le comunicó a mi familia que mi denuncia podía poner en riesgo su ordenación”, relató una de las víctimas. Otra compartió que su familia fue excomulgada públicamente después de presentar su queja.
“Es un verdadero clamor de las víctimas: no se sienten escuchadas, no se sienten respaldadas, a menudo no encuentran una relación empática, y a veces ni siquiera de respeto”, apuntó el colombiano Luis Manuel Alí Herrera, secretario de la comisión, durante una conferencia de prensa ofrecida el jueves.
El informe de 103 páginas, entregado al papa León XIV en septiembre, subraya la importancia capital de la reparación a las víctimas, mediante apoyo psicológico, disculpas públicas y compensaciones económicas.
Pero también resalta lo esencial de “hacer públicos los motivos” por los cuales un sacerdote ha sido apartado.
Ante las “persistentes omisiones sistémicas” de la Iglesia, este informe anual busca ser “un instrumento” de avance, declaró a AFP el arzobispo francés Thibault Verny, quien fue nombrado en julio presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores por León XIV.
“Las figuras de autoridad al interior de la Iglesia que cometieron o consintieron abusos pudieron haber sido vistas como demasiado fundamentales e importantes para ser responsabilizadas. La respuesta de la Iglesia ante los abusos no debe repetir estos mismos errores”, se lee en el informe.
Tras analizar en 2024 las situaciones particulares de alrededor de 20 naciones, la comisión evidencia los “prejuicios culturales” y la “cultura del silencio” que envuelven estos actos de violencia, desde Malta a Etiopía, pasando por Mozambique o Guinea.
Italia, por sus lazos históricos con la Santa Sede, recibe una crítica especial por mostrar “una resistencia cultural considerable a enfrentar los abusos”, asegura el documento.
También reprocha a los obispos del país su falta de cooperación, ya que solo 81 de las 226 diócesis respondieron al cuestionario de la investigación.
El papa Francisco estableció esta comisión en 2014, al inicio de su pontificado, y la integró con expertos religiosos y laicos provenientes de campos como el derecho, la pedagogía, la psicología y la psiquiatría.
Después de numerosas críticas sobre su funcionamiento y tras la renuncia de varios de sus integrantes, el pontífice argentino la incorporó en 2022 a la Curia romana, el gobierno de la Santa Sede, y solicitó un reporte anual sobre sus progresos.
Su sucesor, León XIV, elegido en mayo, “abordó este asunto muy rápidamente” al reunirse con sus miembros. “Sentimos que se tomaba muy en serio esta misión crucial e importante”, confió monseñor Verny.
En su primera entrevista publicada en septiembre, el pontífice estadounidense —que también posee ciudadanía peruana— mencionó la relevancia de amparar a los sacerdotes que son objeto de acusaciones infundadas, lo que generó preocupación entre las organizaciones de víctimas, que exigen una política de tolerancia cero.
“Puede haber denuncias falsas. Hay que asumir que se trata de porcentajes muy, muy marginales”, matizó monseñor Verny, haciendo hincapié en la necesidad de que la Iglesia “no esté continuamente a la defensiva”.
Desde 2013 hasta su fallecimiento en abril de 2025, el papa Francisco implementó múltiples medidas para contener la proliferación de los abusos sexuales, si bien el secreto de confesión sigue siendo inviolable y el clero no está obligado a reportar posibles crímenes a las autoridades civiles, a menos que la legislación local lo exija.
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