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Una vez más, la ADP (Asociación Dominicana de Estudiantes) vuelve a ser noticia. Nuevamente, la paralización de clases, promovida por la ADP, afecta las escuelas.
Esta vez, las novedades provienen de Tenares, un municipio de la provincia Hermanas Mirabal. La información periodística relata que el cese de docencia se ha programado por 48 horas, abarcando jueves y viernes, con la posibilidad de extenderse si las autoridades de Educación no acceden a las demandas de la dirigencia de la ADP.
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Otra crónica informa que el ala local de la ADP movilizó a los profesores fuera de los salones de clase para realizar una marcha por las calles del municipio, protestando por el precario estado de diversos centros educativos.
El *paro* de la docencia, es decir, el abandono de las labores, y las marchas son los dos métodos predilectos de los líderes de la ADP para exigir mejoras salariales, servicios, reparaciones o nuevos nombramientos.
Con esta estrategia para hacerse notar y forzar al Ministerio de Educación a prestar atención a sus peticiones, los docentes dilapidan el dinero de los contribuyentes y perjudican la trayectoria escolar de los estudiantes. En otras palabras, estas son dos maneras con las que tanto maestros como directivos de la ADP minan la escuela, la educación y la enseñanza misma.
Resulta penoso que esta situación se haya institucionalizado durante varios años en un país que arrastra tantas carencias en la formación de sus ciudadanos, incluyendo tanto a los alumnos como a sus profesores.
La recurrencia de estas suspensiones, la sistematicidad en los patrones de protesta y el incumplimiento de los acuerdos que prohíben la paralización de la enseñanza, entre otros factores, sugieren que podría haber motivaciones político-partidistas detrás de este comportamiento. Porque no se explica tanta irracionalidad, tanta persistencia en causar daño, en abusar de la confianza de niños, adolescentes y jóvenes que necesitan formarse, adquirir conocimientos, labrarse un futuro para luego aspirar a una posición decente en el mercado laboral.
Sin temor a exagerar, es imperativo comunicarle a la ADP, a sus cabezas mayores y a los representantes regionales, así como al cuerpo docente en su conjunto, que la sociedad dominicana está harta de sus excesos. Reclamar derechos no implica molestar, ni dañar, ni abusar, mucho menos cuando las peticiones provienen de educadores.
Y al Ministerio de Educación, hay que recordarle, sin rodeos, que ha llegado el momento de que emplee los recursos y facultades que la ley pone a su disposición.
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