Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
La coyuntura económica de América Latina y el Caribe revela una nueva fase de ralentización o desaceleración general en su crecimiento, lo que viene a confirmar las dificultades de una década marcada por un desarrollo económico modesto. Entre el año 2016 y el 2025, se estima que el producto interior bruto (PIB) de la región habrá crecido en media apenas un 1,2%, un dato incluso inferior al registro de los años ochenta. Esta es una de las principales conclusiones del recién publicado Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Según las previsiones de la CEPAL, se espera que América Latina y el Caribe logre un crecimiento del 2,2% en 2025 y un 2,3% en el ejercicio de 2026. Esta prolongada senda de crecimiento limitado es el resultado de la confluencia de varios factores, tanto internos como externos. En el plano puramente interno, destacan las disparidades estructurales, el limitado avance en la generación de empleo, las altas tasas de informalidad laboral, el estancamiento de las inversiones y la disminución del consumo dentro de los países. En el ámbito externo, influyen de manera notable la debilidad general de la demanda a nivel mundial y las condiciones financieras que tienden a ser restrictivas. A esto se suma la menor fuerza del consumo privado, que ha impactado directamente sobre la actividad económica. Finalmente, persisten las diferencias históricas de género, con una escasa participación de las mujeres en el mercado laboral formal y una cobertura limitada de la protección social, elementos que acentúan la fragilidad del crecimiento.
Si se desciende al nivel subregional, las proyecciones muestran una significativa disparidad en las tasas de crecimiento esperadas. Se prevé que América del Sur alcance un crecimiento del 2,7% en 2025 y del 2,4% en 2026. Por su parte, Centroamérica y México apenas conseguirían un 1,0% y un 1,7% respectivamente, viéndose afectados principalmente por la desaceleración de la economía de Estados Unidos. En el caso específico del Caribe (excluyendo a Guyana), los números rondarían el 1,8% para 2025 y el 1,7% para 2026. Estas variaciones reflejan la heterogeneidad de las circunstancias, tanto domésticas como internacionales, que enfrentan las distintas naciones de la zona.
El informe pone de relieve la elevada dependencia que tiene la región respecto de la inversión extranjera directa y del nivel de endeudamiento con el exterior. Estos factores fuerzan a los países a corregir sus desequilibrios externos a través de ajustes internos que suelen implicar un alto coste social. A esto se añade la complejidad del entorno global para 2025, caracterizado por un crecimiento moderado, la ralentización de las economías de Estados Unidos y Europa, el escaso dinamismo de China, y la presencia de tensiones geopolíticas, el incremento del proteccionismo y la posibilidad de profundos cambios en el funcionamiento de las cadenas de suministro globales.
Frente a este horizonte de desafíos, la CEPAL lanza una advertencia sobre la necesidad imperiosa de que los gobiernos movilicen recursos financieros suficientes para el desarrollo, con el fin de evitar que la región caiga en lo que sería otra “década perdida”. De este modo, sería posible estabilizar los indicadores macroeconómicos y abordar los problemas estructurales que aún no han sido resueltos. La movilización de estos recursos debe enfocarse en tres áreas consideradas fundamentales por la Comisión.
En primer lugar, los retos de índole fiscal y estructural requieren una reformulación de la estructura impositiva y de ingresos. Esto implica fortalecer las políticas fiscales teniendo en cuenta las presiones sobre el gasto público, unos niveles de ingresos que resultan insuficientes y una capacidad institucional que se percibe como débil. La estrategia esencial se centra en el papel del Estado como motor del crecimiento y del cambio estructural, apoyándose en una política fiscal con carácter transformador que garantice uno de los desafíos más urgentes: la sostenibilidad económica de los sistemas de protección social.
En lo concerniente a la movilización de capital para una transformación productiva que sea sostenible, se hace imprescindible acceder a financiamiento que sea tanto asequible como contracíclico, ya provenga de fuentes nacionales o externas. Esto permitiría a los países afrontar las crisis o *shocks* sin comprometer la financiación destinada a los objetivos de desarrollo.
Por último, considerando que las instituciones financieras creadas tras la Segunda Guerra Mundial no han conseguido cumplir plenamente sus propósitos iniciales y han mostrado ciertas limitaciones para apoyar una movilización de fondos estable y a largo plazo, se considera necesario impulsar una reforma de la arquitectura financiera internacional, lo que implica establecer nuevas reglas de funcionamiento y redefinir las propias instituciones.
En este contexto, dos aspectos merecen especial consideración: el primero tiene que ver con el aumento de los niveles de endeudamiento y el elevado costo que supone el financiamiento (el *dispositivo* de la deuda); y el segundo se centra en el rol activo de la banca de desarrollo como instrumento crucial para la promoción del progreso productivo y social.
Atrapada en este patrón de bajo crecimiento, América Latina y el Caribe se ve obligada a abordar múltiples desafíos interconectados: una población que envejece a gran velocidad, lo que genera mayores exigencias para los sistemas de salud, las pensiones y los servicios de cuidado; la crisis climática, que demanda inversiones mucho mayores; y unas enormes desigualdades sociales que siguen sin resolverse. A esta compleja situación se añaden las nuevas medidas arancelarias anunciadas por la Administración de Estados Unidos que afectan a otras naciones.
Este paquete de aranceles modificará, sin lugar a dudas, las condiciones del comercio internacional, además de generar impactos inmediatos tanto en la región como en la propia economía norteamericana, aunque evidentemente de forma diferente. Sin embargo, para América Latina, esta situación puede representar una oportunidad para impulsar el escaso comercio que existe actualmente entre los países de la propia región y para intentar explorar nuevos mercados, diferentes al norteamericano, en el marco de la defensa y el fortalecimiento del multilateralismo.
Agregar Comentario