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MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS)
El Ejecutivo estadounidense sopesa ahora mismo una iniciativa que busca imponer gravámenes adicionales a Nicaragua y revocar, en su totalidad o parcialmente, los convenios comerciales vigentes, como respuesta a la vulneración sistemática de los Derechos Humanos. La justificación esgrime que tal situación acarrea perjuicios económicos para la nación norteamericana.
La Oficina del Representante Comercial (USTR) de EE. UU. ha determinado, tras un análisis detallado, que el régimen de Daniel Ortega está incurriendo en “abusos de los derechos en el ámbito laboral, violaciones de los Derechos Humanos y las libertades esenciales”, además de estar “erosionando el Estado de derecho”.
Estas prácticas, catalogadas como “carentes de sentido”, conllevan “trabas o limitaciones” para las transacciones comerciales de Estados Unidos, según lo establecido por dicho organismo. La referencia utilizada es la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, la cual faculta a Washington a investigar las prácticas laborales y el respeto a las libertades en sus socios comerciales.
En consecuencia, el plan propone “interrumpir” la aplicación de la totalidad o de una parte de las ventajas que Nicaragua obtiene del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), e introducir aranceles del 100% sobre las mercancías importadas procedentes de Nicaragua, ya sea de forma inmediata o escalonada.
La USTR, que prevé que estas sanciones se mantengan por un periodo de “hasta doce meses”, está sugiriendo un incremento notable si se compara con el arancel del 18% que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció previamente este mismo año específicamente para el caso nicaragüense.
De acuerdo con datos de la USTR, Estados Unidos adquirió bienes nicaragüenses por un valor de 4.600 millones de dólares en 2024, mientras que las ventas de EE. UU. a Nicaragua alcanzaron los 2.700 millones, lo que resulta en un desequilibrio comercial desfavorable de 1.900 millones de dólares.
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