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La Mesa de las Cortes de Castilla y León obstaculiza el Presupuesto de 2026 y duda de su tramitación si no se aprueba el techo de gasto.
Fuera de término y de manera incorrecta. Tras más de tres décadas de gestión en Castilla y León, el Partido Popular (PP) ignora o desatiende los plazos y requisitos necesarios para la presentación de los Presupuestos. El desliz no es menor. Las Cortes no van a proceder a la tramitación del Anteproyecto de Presupuestos Generales para el año 2026 debido a dos motivos: el primero es que ni siquiera se ha dado luz verde al límite de gasto, y el segundo, que tampoco se ha aprobado la sección 20 de los mismos, que corresponde al presupuesto propio de las Cortes y de sus instituciones dependientes (Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Procurador del Común). Así lo detalla la Letrada Mayor en un informe dirigido a la Mesa de las Cortes.
En dicho informe, se hace constar que la Junta ya se saltó la normativa al inscribir los presupuestos el pasado 15 de octubre —un día después de darlos a conocer a los medios— y “un día después del plazo establecido en el artículo 89.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ya que este precepto, tras disponer que corresponde a la Junta de Castilla y León la elaboración de los Presupuestos de Castilla y León y a las Cortes de Castilla y León su estudio, enmienda y aprobación, estipula literalmente que la Junta presentará el proyecto de Presupuestos a las Cortes de Castilla y León antes del 15 de octubre de cada año”.
Con la entrega del proyecto, se iniciaría en el Parlamento autonómico el proceso legislativo especial contemplado en los artículos 127 a 129 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, que se desarrolla según un calendario de tramitación con fechas estrictamente definidas por la Mesa, tras consultar a la Junta de Portavoces, con el fin de asegurar que las Cortes de Castilla y León puedan, si procede, aprobar, después de su examen y posible modificación, el proyecto de presupuestos presentado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, y permitir, además, su adecuada publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad antes de esa misma fecha. Sin embargo, esto no sucederá. “A pesar de la presentación en el Registro de la Cámara del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2026 este año, las Cortes de Castilla y León no pueden poner en marcha dicho procedimiento legislativo ni, por consiguiente, procesar este proyecto de ley de presupuestos en particular”, afirma la Letrada Mayor.
En primer lugar, el anteproyecto de ley de presupuestos ha sido entregado en las Cortes de Castilla y León antes de que se pudiera debatir y, si fuera necesario, aprobar el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2026, el cual fue presentado por el Ejecutivo en el registro de la Cámara el 10 de octubre. Según aclara la Letrada en su escrito, “es bien sabido” que el proceso legislativo presupuestario requiere, para poder comenzar, la aprobación previa por las Cortes de Castilla y León del Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se establece el límite de gasto no financiero para el ejercicio presupuestario correspondiente, conocido como “techo de gasto”. “Podríamos decir que es la etapa inicial, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de todo el proceso presupuestario visto en un sentido amplio, en el que, antes de iniciarse el proceso legislativo presupuestario con la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para el ejercicio respectivo, la Junta de Castilla y León debe haber sometido a debate y aprobación de las Cortes de Castilla y León el Acuerdo por el que el Consejo de Gobierno fija el límite de gasto no financiero, tratándose de un debate de conjunto y una aprobación global del Acuerdo, sin que la Cámara tenga la facultad de modificarlo”.
Diversas disposiciones normativas dictan que esta es la forma correcta de actuar. El artículo 7 de la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que entre otras cosas indica que el techo de gasto debe estar aprobado antes del 31 de julio, no en octubre como pretende la Junta. Pero es que incluso la propia Junta lo reconoce en la Orden EYH/845/2025, de 25 de julio, por la que se dictan las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2026, y menciona ese mismo artículo. “Esta institución admite, en la presentación que ha realizado el 15 de octubre del proyecto de presupuestos, que el mismo no puede ser tramitado por las Cortes de Castilla y León en el momento actual al señalar que lo presenta a los efectos de su tramitación una vez que el límite de gasto no financiero esté aprobado por las Cortes”, indica el informe.
Aunque la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla y León “no se pronuncia de forma explícita”, a diferencia del Artículo 15 de la LO 2/2012, sobre las consecuencias de no aprobarse el techo de gasto, “solo puede entenderse que, en el supuesto de un rechazo por parte de la Cámara, la Junta de Castilla y León deberá presentar de nuevo un nuevo límite de gasto no financiero para su aprobación por las Cortes, y a ese nuevo ‘techo de gasto’ deberá ajustarse el proyecto de ley de presupuestos que posteriormente elabore y presente en las Cortes de Castilla y León para su evaluación, enmienda y posterior aprobación”. Así, según la letrada, la aprobación previa del techo de gasto es “una condición indispensable” para la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del presupuesto.
La Junta de Castilla y León presentó en las Cortes de Castilla y León el denominado “techo de gasto” el viernes 10 de octubre de 2025, solo cinco días naturales antes de la presentación del proyecto de ley de presupuestos generales, por lo que, “a día de hoy, siguiendo los procedimientos reglamentarios correspondientes, está pendiente de debate y votación en Pleno ese Acuerdo presentado por el Ejecutivo, siendo un punto del orden del día de la siguiente sesión plenaria convocada para los días 21 y 22 de octubre de 2025”.
Además, el proyecto de ley de presupuestos ha sido entregado con una Sección 20, sección que incluye el proyecto de presupuesto de las Cortes de Castilla y León y las Instituciones Propias de la Comunidad, sin que esta sección haya sido aprobada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León, que es el órgano con competencia para ello. En este aspecto, la letrada señala que “no es intrascendente” recordar que la autonomía presupuestaria de las Cortes es fundamental para que el Parlamento de Castilla y León pueda ejercer correctamente sus funciones, “entre las que se encuentran la función legislativa y la función de control político al Gobierno sin las injerencias de este último”. Es, en consecuencia, una de las garantías esenciales del principio de separación de poderes, pilar de nuestro sistema democrático, porque, sin ella, sin la autonomía presupuestaria o financiera de la Cámara, la independencia del Parlamento en todo lo demás sería puramente simbólica, ya que la Junta de Castilla y León acabaría por influir en su acción”.
Añade que las Cortes de Castilla y León “no son una institución de autogobierno más”, sino que son el poder legislativo de la Comunidad, por lo que su autonomía “no está a su disposición ni puede ser renunciada, sino que está al servicio del funcionamiento efectivo de la separación de poderes; no es, por lo tanto, un privilegio, sino un deber que se debe cumplir, respetar y defender”. La Mesa de las Cortes, su órgano de gobierno, como se ha mencionado, en el ejercicio de la autonomía presupuestaria de la Cámara, es quien debe dar el visto bueno al proyecto de presupuestos del Parlamento de la Comunidad y también al de las Instituciones Propias de la misma, porque así lo establecen sus leyes reguladoras.
Solo después de esta aprobación, en coordinación necesaria con la Junta de Castilla y León, tal como lo prevé el artículo 5 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, se remite a la Junta el proyecto de Presupuestos de la Cámara para que lo incorpore, sin introducir ninguna modificación en el mismo, en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad, como una Sección específica, concretamente la numerada como Sección 20, dentro de su Estado de Gastos.
Esta aprobación del proyecto de presupuesto de la Sección 20 por la Mesa de la Cámara para que pueda formar parte del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad, a día de hoy, todavía no se ha producido, subraya. De este modo, el proyecto de presupuestos presentado por la Junta de Castilla y León antes de la aprobación del límite de gasto no financiero por el Pleno de las Cortes de Castilla y León incluye una Sección 20 con un proyecto de presupuestos de las Cortes y de las Instituciones Propias que no ha sido aprobado por el órgano competente para ello, “por lo que presenta un defecto que deberá ser corregido con una nueva presentación, una vez que el límite de gasto no financiero haya sido aprobado por las propias Cortes y se haya aprobado el proyecto de presupuestos de la Sección 20”.
La letrada concluye que “por todo lo anteriormente expuesto, y sin perjuicio de la existencia de otro criterio mejor fundamentado en derecho”, procede que la Mesa de las Cortes de Castilla y León acuerde notificar a la Junta de Castilla y León la imposibilidad de tramitar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 2026.
Con esta decisión que la Mesa tomará este martes, queda por determinar cómo se reajustará el calendario ahora, y si será factible aprobar los presupuestos antes de la obligatoria disolución de las Cortes a mediados de enero debido a la convocatoria electoral.
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