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En días recientes, la Ministra de Interior y Policía ha puesto en entredicho al expresidente Leonel Fernández, al comparar las cifras de homicidios durante su gestión y asegurar que los índices actuales son inferiores. No obstante, para realizar una comparación objetiva de las tasas de criminalidad entre diversos períodos de gobierno, resulta imprescindible utilizar la misma metodología de cálculo y las mismas fuentes oficiales. De no ser así, dichas comparaciones pierden toda validez técnica y se convierten, simplemente, en argumentos de índole política.
El fondo del asunto reside en que la República Dominicana –al igual que la mayoría de los países del Caribe y Centroamérica– adolece de estadísticas criminales que sean integrales, confiables y estandarizadas. Por esta razón, desde hace décadas, la tasa de homicidios se utiliza como el único indicador para medir la violencia. Esto sucede no porque refleje la totalidad de la realidad, sino porque es el único dato que casi siempre se registra con cierta precisión: hay un cuerpo, una investigación y, por ende, un número.
La criminalidad no se mide solo con homicidios
El número de homicidios es apenas la cumbre del iceberg delictivo. La verdadera criminalidad se evidencia en los robos, asaltos, atracos y hurtos, que impactan diariamente a la población y representan la principal fuente de inseguridad percibida.
Sin embargo, nadie puede confirmar con certeza cuál es la tasa nacional de robos por cada 100 mil habitantes, pues esta información no se divulga.
En el año 2007, bajo el mandato del doctor Leonel Fernández, se logró una de las pocas evaluaciones exhaustivas, ya que las estadísticas se depuraron por primera vez: se registraron 524,194 robos, asaltos y atracos, lo que representó una tasa de 5,698 por cada 100 mil habitantes. Esta cifra, si bien alta, fue el resultado de un esfuerzo técnico que contrastó denuncias policiales con proyecciones de delitos no denunciados, empleando un método validado por entidades como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El lapso 2007-2010 marcó el período con el menor índice de victimización, según datos suministrados por el Observatorio de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección de la experta Moraima Díaz.
Casi veinte años después, no existe una cifra equivalente ni una metodología pública que permita dimensionar la magnitud real de los delitos contra la propiedad en el país. Si no se cuenta con este dato, es imposible sostener con rigor que la criminalidad haya disminuido.
El error en la interpretación: 19,994 robos menos
El Ministerio de Interior y Policía informó recientemente que en 2024 hubo “19,994 robos menos que en 2023.” Esta declaración, sin embargo, induce a confusión, ya que no se acompañó del total nacional de robos. Decir que hubo “menos” presupone la existencia de una cifra base, pero esta no ha sido hecha pública. ¿Cuál es la razón?
Si se interpretara de manera literal –como algunos medios han hecho– que el total de robos registrados en todo el año fue de solo 19,994, el resultado sería completamente carente de sentido: esta cantidad, dividida entre los 158 municipios y los 365 días del año, equivaldría a 0.35 robos diarios por municipio, es decir, un robo cada tres días. Una proporción absolutamente falsa si se compara con la experiencia que vive la ciudadanía.
En lugar de limitarse a repetir que “hay menos robos”, lo correcto sería publicar con total transparencia el número total de robos, asaltos y atracos registrados en 2024, junto con el método utilizado para su medición.
Menor capacidad para registrar denuncias
A esta falta de claridad estadística se suma un inconveniente estructural: solo el 24 % de los destacamentos, puestos e inspectorías policiales en el país están facultados para recibir denuncias. Esto implica que el 76 % del territorio nacional no reporta directamente al sistema estadístico policial, lo que sesga la información y reduce la credibilidad de los resultados.
En contraste, durante la administración del expresidente Fernández, la cobertura alcanzaba un 51 %, una cifra aceptable y superior a la actual. En vez de avanzar hacia un sistema más moderno y completo, se ha visto un retroceso en la capacidad de registro.
Por lo tanto, al presentar cifras que sugieren un descenso del delito, surge una pregunta ineludible: ¿se redujo la delincuencia o fue la capacidad del Estado para medirla lo que disminuyó?
Menos patrullaje: más desorden, más inseguridad
El comisionado para la reforma policial anunció que para el año 2030 se aspira a tener el 40% de la fuerza policial dedicada al patrullaje. No obstante, esta meta pone en evidencia el problema actual: hoy, según datos revelados por la Ministra la semana pasada, solo el 13% de los policías patrullan las calles; es decir, unos 4,000 agentes para todo el territorio nacional.
Por el contrario, durante el gobierno del expresidente Fernández, el promedio de patrullaje era del 49%, un dato verificable a través de las órdenes de operación y los registros de visibilidad. Existían patrullas a pie, en motocicletas y en vehículos, con presencia clara en calles y comunidades.
Incluso se implementaban pruebas de calidad del servicio: cualquier ciudadano podía solicitar asistencia policial, y el tiempo de respuesta promedio era de cinco minutos. Hoy, incontables ciudadanos tienen que salir a buscar a los agentes, a menudo sin éxito. La realidad cotidiana contradice los anuncios.
Victimización y percepción ciudadana
De acuerdo con el informe del U.S. Department of Justice (OSC-RD, 2020), la victimización en la República Dominicana se elevó de 16.6 % en 2010 a 25.5 % en 2019. En otras palabras, uno de cada cuatro ciudadanos fue víctima de algún delito. Este dato, proveniente de una fuente internacional independiente, confirma que la inseguridad no ha disminuido, sino que se ha acrecentado en la vivencia diaria de la población, sobre todo tras dejar de aplicarse el PLAN DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA diseñado y ejecutado en el gobierno del expresidente Leonel Fernández.
Por otra parte, los recientes informes de Latinobarómetro sitúan la inseguridad entre las tres principales inquietudes de los dominicanos. Aunque los indicadores gubernamentales intenten mostrar otra realidad, la percepción ciudadana y la realidad práctica convergen en el mismo punto: el miedo y la falta de confianza.
El pueblo tiene la palabra
Han transcurrido 18 años desde 2007, cuando se estimó una tasa de más de medio millón de robos, asaltos y atracos. ¿Ha descendido realmente esa cifra? ¿Los ciudadanos perciben esa mejoría? ¿O es una afirmación exclusiva del gobierno?
Si la delincuencia estuviera verdaderamente bajo control, ¿por qué el presidente y sus ministros deben asistir cada lunes a la Policía Nacional para revisar la situación de seguridad?
En este contexto, la transparencia exige que el Ministerio de Interior y Policía dé a conocer el total de robos, asaltos y atracos reportados en 2024, junto con la metodología empleada. Solo así el país podrá debatir con datos fidedignos y no con retórica política.
Al margen de los comunicados oficiales, la realidad diaria es palpable: déficit de patrullaje, ausencia de autoridad, temor e impunidad. La discusión sobre quién registró más homicidios resulta estéril si no se asume una auténtica transparencia estadística, una presencia policial efectiva y un respeto genuino por la ley.
El pueblo dominicano, que experimenta día a día la inseguridad en sus barrios, será el juez que determine quién tiene la razón y quién dice la verdad.
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