Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
Estados Unidos, la nación que cimentó su identidad en la Primera Enmienda y la promesa de libertad, está levantando de forma discreta un andamiaje que transforma la idea misma de democracia. La pregunta que debemos formularnos es: ¿Estamos** calcando el modelo chino**, o estamos renunciando a la democracia de las libertades que tanto se nos ha predicado? ¿Nos dirigimos hacia un nuevo concepto democrático? Hacia un **Totalitarismo Democrático.**
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha puesto en marcha un nuevo programa de **vigilancia digital con soporte en inteligencia artificial**, diseñado para monitorizar en tiempo real a millones de usuarios de redes sociales. Se trata de un **salto inaudito** que podría contravenir los principios rectores de la Constitución estadounidense.
La **vigilancia masiva** en plataformas sociales, sobre todo cuando se utiliza para elaborar **perfiles políticos o ideológicos** de individuos, coarta el ejercicio de la libre expresión al generar un **”efecto inhibidor”** (*chilling effect*).
Cuando un ciudadano teme que sus publicaciones puedan ser vistas como subversivas o “peligrosas”, opta por la **autocensura**. Esto no es una restricción formal, sino una **coacción psicológica** de igual o mayor eficacia para mermar el debate público.
La propia Corte Suprema de EE. UU., en el dictamen **NAACP contra Alabama (1958)**, estableció que forzar la revelación de listados de miembros de asociaciones civiles lesionaba la libertad de expresión y de asociación.
La vigilancia algorítmica de ICE **repite ese mismo esquema**, pero empleando herramientas infinitamente más intrusivas: hace patente lo personal, hace medible lo ideológico y pretende predecir lo sentimental.
La interrogante es: ¿Qué pasará con la famosa **Cuarta Enmienda**, que ampara contra “registros e incautaciones irrazonables” sin orden judicial ni fundamento comprobado? Esto significa la anulación de una enmienda esencial.
Sin embargo, ICE, el DHS y la NSA han ideado sistemas que recolectan y analizan información personal sin necesidad de una orden, alegando la ambigüedad de que los datos “públicos” en redes sociales no requieren permiso.
El dilema legal radica en que la **recopilación automatizada y a gran escala** de datos sobrepasa cualquier “expectativa razonable de intimidad”.
La **Doctrina del Tercer Interesado** (*Third-Party Doctrine*), definida en **Smith contra Maryland (1979)**, fue reinterpretada en la era digital, pero la Corte Suprema en **Carpenter contra Estados Unidos (2018)** determinó que los registros masivos de geolocalización sí necesitan una orden judicial.
Por extensión, el análisis algorítmico de publicaciones, ubicaciones y círculos sociales podría considerarse un tipo de registro sin causa justificada, constituyendo una **violación de la Cuarta Enmienda**.
El acuerdo, valorado en **5.7 millones de dólares** y suscrito con la firma Zignal Labs a través de Carahsoft Technology, otorga a ICE una plataforma con capacidades sin par: la capacidad de examinar más de **8 mil millones de publicaciones diarias** en más de 100 lenguas, utilizando algoritmos de aprendizaje automático, visión artificial y reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
Zignal Labs etiqueta su sistema como una herramienta de **”inteligencia narrativa en tiempo real”**, apta para detectar patrones, emociones y conductas de riesgo en redes. Sin embargo, en manos de una agencia dedicada al control migratorio, esta promesa tecnológica se convierte en un aparato de **vigilancia generalizada** con capacidad de afectar derechos fundamentales.
El sistema es capaz de trazar **perfiles detallados** de usuarios (desde su posición geográfica hasta sus preferencias políticas, religiosas o emocionales) y generar “flujos de detección curados”, que ICE puede usar para señalar blancos potenciales de deportación o investigación.
El Debido Proceso y la Igualdad de Trato
Es imperativo recordar las **Quinta y Decimocuarta Enmiendas**. Cuando ICE emplea la inteligencia artificial para fijar perfiles de “riesgo migratorio” o para denegar beneficios, asilo o ciudadanía basándose en el comportamiento digital, se vulnera el principio de **debido proceso**.
La Constitución prohíbe que el Estado prive a una persona de “vida, libertad o propiedad sin el **debido procedimiento legal**”.
Los algoritmos de Zignal Labs y otros contratistas carecen de **auditoría y transparencia**, lo que impide al ciudadano rebatir una decisión automática que podría afectar su estatus migratorio o sus derechos civiles.
Esto configura lo que algunos juristas denominan **”proceso sin magistrado”**, donde la máquina sustituye al derecho y el código informático reemplaza la deliberación judicial.
Además, cuando la vigilancia se **focaliza en grupos específicos**, como latinos o musulmanes estadounidenses, se quebranta el principio de **igualdad ante la ley**, garantizado en la Decimocuarta Enmienda.
El Armamento Invisible: Una Estructura de Control Digital
Los informes de gasto federal indican que solo en septiembre, ICE firmó **1.4 mil millones de dólares** en nuevos contratos tecnológicos, la mayor inversión en 18 años.
El propósito manifiesto: transformar publicaciones personales en **”pistas procesables”** para las operaciones de deportación.
Para Will Owen, del **Surveillance Technology Oversight Project**, la magnitud de este programa marca una nueva fase:
“ICE actúa como una agencia al margen de la ley. Empleará la inteligencia artificial no solo para perseguir a inmigrantes, sino para **amedrentar a activistas y periodistas** que exponen sus abusos. Este es un ataque a nuestra democracia, costeado con los impuestos de los ciudadanos.”
Bajo la Lupa: Los Latinos y la Inteligencia Artificial
Ningún colectivo ha sido más impactado por esta expansión del control digital que la **comunidad latina en Estados Unidos**.
La última generación de algoritmos de ICE establece prioridades en perfiles basados en el idioma, la geolocalización y la conducta digital. Esto implica que las publicaciones en **español o en dialectos latinos** están sujetas a un análisis especial, bajo la premisa de detectar “indicadores de riesgo migratorio”.
Defensores de derechos humanos alertan que estas herramientas no solo identifican a personas sin documentación, sino que **rastrean y clasifican las interacciones de comunidades enteras**, incluyendo ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano o hispano.
Las bases de datos combinan información de fuentes privadas —como Thomson Reuters y LexisNexis— que venden perfiles digitales con **hasta 10,000 datos individuales por persona**, abarcando historial médico, ingresos, antecedentes escolares y afinidades ideológicas.
De este modo, ICE ha transformado las redes sociales en un **mapa sociopolítico** de la población latina.
Las publicaciones sobre temas delicados como la inmigración, los derechos laborales, la religión o las críticas a la administración estadounidense pueden ser suficiente para **catalogar a un individuo en una lista** de “interés operativo”.
En 2025, la reactivación del programa bajo la gestión de Donald Trump ha exacerbado esta vigilancia.
El discurso oficial insiste en la seguridad fronteriza, pero en la práctica, se han documentado **detenciones de personas identificadas por su actividad digital**, provenientes principalmente de México, El Salvador y República Dominicana.
Los activistas por los derechos civiles sostienen que los algoritmos **replican sesgos culturales y raciales**, potenciando la discriminación estructural bajo un falso manto de objetividad tecnológica.
Pero lo que muchos pasan por alto es que en los comicios de 2024, los latinos elegibles alcanzaron **36.2 millones**, representando el 14.7% del total de electores en EE. UU. Para 2028, se proyecta que serán **41.8 millones** de latinos elegibles, cerca del 16% del electorado. La población latina en EE. UU. es más joven, lo que genera un “impulso de mayoría de edad” más intenso que otros grupos poblacionales más avejentados. Si este **16% del electorado se unifica**, estaríamos hablando de un factor decisivo en la contienda electoral nacional.
Si el **bloque latino mejora su movilización**, podría generar un **efecto “multiplicador”**: no solo volumen, sino también mayor influencia temática, presencia en medios y campañas dirigidas. Esto sugiere que en elecciones muy ajustadas, un **pequeño cambio en este segmento** puede decantar estados clave (Arizona, Nevada, Florida, Texas, Carolina del Norte). Pensemos en Texas: para 2028 podrían constituir posiblemente entre el 35% y el 40% del electorado elegible, o incluso más, asumiendo una buena movilización. **Los latinos decidirán quién ganará las elecciones de 2028.**
La Comunidad Dominicana: Libertad en Cuestión
En el caso de la **comunidad dominicana**, una de las más interactivas y conectadas digitalmente en EE. UU., la vigilancia digital tiene una resonancia sutil pero profunda.
Los dominicanos componen una porción creciente de los usuarios hispanos en redes, y su compromiso político y cultural ha crecido en los últimos años.
No obstante, los sistemas de análisis de ICE y el Departamento de Seguridad Nacional han identificado ciertos patrones de **”activismo transnacional”** como posibles “signos de radicalización o interferencia extranjera”.
Esto abarca interacciones en temas como la reforma migratoria, la justicia social o las críticas a abusos policiales.
En Nueva York, Nueva Jersey y Florida, líderes comunitarios dominicanos han reportado una **sensación creciente de autocensura**:
“Sabemos que nos espían. Si opinas sobre política o inmigración, temes que lo utilicen en tu contra si buscas la residencia o la ciudadanía”, comenta una activista dominicana en Washington Heights, quien prefirió el anonimato.
La vigilancia digital se traduce, por tanto, en un **factor que inhibe la participación cívica**, minando poco a poco la confianza que suscita
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