Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) – Una magistrada federal en Maryland buscó, este lunes, la seguridad de que el gobierno no vaya a deportar a Kilmar Ábrego García antes de que ella retire una orden judicial que prohíbe su expulsión de territorio estadounidense.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó la semana anterior un aviso con su plan de deportar a Ábrego García a Liberia tan pronto como este viernes. Liberia es el más reciente de varios países africanos que la agencia ha designado como posibles destinos para este ciudadano salvadoreño.
Ábrego García está casado con una mujer estadounidense, tiene un hijo y reside en Maryland desde hace varios años, aunque emigró a Estados Unidos de forma ilegal durante su adolescencia. En el 2019, un juez de inmigración le brindó protección para que no pudiera ser devuelto a El Salvador, país donde enfrenta un “temor bien fundado” de abuso por parte de una pandilla que acosaba a su familia.
Hace unos meses, su errónea deportación a El Salvador –donde fue recluido en una prisión de máxima seguridad a pesar de no contar con antecedentes penales– sirvió para movilizar la oposición a las políticas migratorias represivas del presidente Donald Trump. Ante la creciente presión de la opinión pública y una orden de la corte, el gobierno federal tomó medidas y lo regresó a Estados Unidos en junio.
La jueza federal Paula Xinis se preguntó el lunes, durante una conferencia de prensa, por qué el gobierno simplemente no deporta a Ábrego García a Costa Rica –un país al que él ha expresado voluntad de ir porque le han prometido que sería recibido como inmigrante legal y no sería devuelto, una vez más, a El Salvador.
“¿Alguna idea de por qué continuamos con esta audiencia cuando podrían deportarlo a un tercer país mañana mismo?”, inquirió Xinis a los representantes legales del gobierno. Resaltó que tanto la administración como Ábrego García estaban “a punto de derrochar recursos significativos” en una disputa sobre si es legalmente viable su deportación a Liberia.
Los abogados gubernamentales, incluyendo el asistente adjunto del fiscal general Drew C Ensign y el asistente adjunto del fiscal general Jonathan Guynn, no pudieron contestar de inmediato, pero dejaron entrever que el asunto podría ser parte de un futuro escrito judicial.
Mientras tanto, los abogados indicaron que ICE se está alistando para entrevistar a Ábrego García después de que él presentara una notificación oficial donde expresaba su miedo a ser deportado a Liberia. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, le informó a la jueza que han recibido algunos documentos categorizados como confidenciales relativos a las garantías ofrecidas por el gobierno liberiano sobre el trato que recibiría Ábrego García en dicha nación. Sin embargo, no se sienten satisfechos con lo que les han proporcionado. Sugirió que el gobierno liberiano solamente aceptó recibir a Ábrego García por un lapso de tiempo limitado.
Los acuerdos de deportación del gobierno con los denominados terceros países han sido objetados en los tribunales por grupos de defensa, quienes sostienen que tales medidas violentan los derechos al debido proceso y que los inmigrantes son enviados a naciones con largos historiales de violaciones a los derechos humanos. Pese a esto, la Corte Suprema permitió en junio pasado la deportación de inmigrantes hacia países distintos al de su nación de origen con mínima antelación.
Cuando Ábrego García fue traído de vuelta a Estados Unidos en junio, fue acusado en Tennessee por tráfico de personas. Él se ha declarado inocente y le ha solicitado a la jueza que desestime la acusación penal. Una audiencia para debatir esa moción de desestimación está agendada para la próxima semana, y Xinis puso de relieve el hecho de que el gobierno parece querer deportarlo justo antes de que esto suceda, alegando que su expulsión anularía el caso penal.
“No supera el estándar de que no haya existido algún tipo de coordinación”, explicó Xinis, señalando que la audiencia en el caso penal era “de conocimiento público”.
“Si no retiro la orden judicial, ¿ustedes la acatarán y él no será expulsado? ¿Es correcto?” preguntó a los abogados de la administración. Ellos estuvieron de acuerdo con la afirmación.
Mientras tanto, Ábrego García ha solicitado asilo en Estados Unidos ante un tribunal de inmigración.
Esta narración fue traducida del idioma inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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