Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
NASHVILLE, Tennessee, EE. UU. (AP) — Un magistrado federal de Tennessee advirtió el lunes sobre posibles medidas punitivas contra altos cargos de la administración del presidente Donald Trump si continúan emitiendo comentarios inflamatorios concernientes a Kilmar Ábrego García que puedan menoscabar su próximo proceso judicial.
El juez federal de distrito, Waverly Crenshaw, emitió una resolución el lunes por la noche instruyendo a los procuradores locales de Nashville para que hagan llegar una copia de su parecer a todos los integrantes del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DOJ y DHS, respectivamente), incluyendo a la fiscal general, Pam Bondi, y a la titular de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Ciertos funcionarios gubernamentales han emitido declaraciones fuera del tribunal que resultan inquietantes, sobre todo porque muchas de ellas son exageradas, si no rotundamente imprecisas”. Señaló Crenshaw.
El administrador de justicia enumera varios ejemplos de aseveraciones vetadas según las normas vigentes para el Tribunal Federal de Distrito del Centro de Tennessee. Estas abarcan cualquier comentario sobre el “carácter, la credibilidad, la trayectoria o el historial delictivo de una de las partes” y “cualquier juicio sobre la culpabilidad o inocencia del acusado”.
“Los colaboradores del DOJ y del DHS que ignoren la directriz de abstenerse de proferir cualquier declaración que ‘tenga una probabilidad considerable de afectar negativamente’ este procedimiento penal podrían ser objeto de sanciones”, se lee en el dictamen.
A inicios de este año, la deportación errónea de Ábrego García a El Salvador, donde fue confinado en una prisión conocida por su dureza a pesar de no contar con antecedentes penales, contribuyó a intensificar la oposición a las políticas migratorias restrictivas de Trump. Ante la creciente presión social y una orden judicial, el gobierno del republicano lo trajo de vuelta a Estados Unidos en junio, pero solo tras emitir una orden de arresto por acusaciones de trata de personas en Tennessee. Ábrego García ha negado estos cargos y ha solicitado a Crenshaw su desestimación.
Entretanto, funcionarios del régimen de Trump han llevado a cabo una tenaz campaña de difusión mediática en contra de Ábrego García, refiriéndose a él recurrentemente como un integrante de la pandilla MS-13 e incluso asociándolo con un homicidio. El escrito de Crenshaw menciona intervenciones de diversos altos funcionarios, entre ellos Bondi y Noem, calificándolas como potencialmente perjudiciales para el derecho de Ábrego García a un juicio justo. También se reprueba a sus representantes legales por ventilar públicamente aspectos de las pláticas sobre acuerdos de culpabilidad.
Ábrego García tiene cónyuge e hijo ciudadanos estadounidenses y residía en Maryland desde hacía años, aunque ingresó a Estados Unidos de forma irregular desde El Salvador siendo adolescente. En 2019, un juez de inmigración le concedió protección contra la expulsión a su nación de origen, al considerar fundado su temor a sufrir represalias allí por parte de una banda que había hostigado a su familia.
Desde su retorno a EE. UU. en junio, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha comunicado sus planes de enviarlo a diversos países africanos, siendo Liberia el destino más reciente.
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Esta reseña fue adaptada del inglés por un editor de AP con apoyo de un sistema de inteligencia artificial generativa.
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