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La principal dificultad para evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo radica en la gran economía informal presente en el país, manifestó Bienvenido Roberts.
Santo Domingo.- La Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana remitió al Ministerio Público cerca de 4,500 movimientos sospechosos provenientes del ámbito financiero y no financiero, abarcando la banca, el mercado bursátil, seguros y cooperativas.
En la categoría de los no financieros se incluyen el sector inmobiliario, los vendedores de automóviles, concesionarios y los juegos de azar.
Así lo detalló Bienvenido Roberts, director técnico de la Unidad de Análisis Financiero, organismo técnico dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de elevar al Ministerio Público las posibles transgresiones ligadas al lavado de activos y el financiamiento terrorista.
Roberts resaltó que el mayor obstáculo para la prevención del lavado de divisas y el sostenimiento del terrorismo es la marcada informalidad existente en la nación, la cual obstaculiza el seguimiento de las maniobras ejecutadas por las tramas de lavado y terroristas.
Comentó que este desafío no es exclusivo de la República Dominicana, sino que es un asunto global, dado que son ámbitos relativamente nuevos que se suman a las tareas de prevención del lavado de dinero y el apoyo al terrorismo.
Indicó que el sector financiero posee mayor experiencia y un historial de cumplimiento, si bien se están dando pasos positivos para involucrar a otras áreas.
Agregó que elaboran notificaciones al Ministerio Público y brindan formación a los participantes del sistema para impedir que actividades económicas sean empleadas para blanquear fortunas o financiar el terrorismo.
Mencionó que dicha entidad, adscrita al Ministerio de Hacienda, cumple una función crucial en la anticipación y el descubrimiento del lavado de activos y el soporte al terrorismo en el territorio dominicano.
Explicó que su labor fundamental consiste en recibir, examinar y notificar transacciones financieras que levanten sospechas, las cuales provienen tanto del ámbito financiero —bancos, cooperativas, aseguradoras y el mercado de valores— como del no financiero, que incluye inmobiliarias, agencias de vehículos, juegos de azar y otros.
Señaló que, conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, estas organizaciones tienen la obligación de informar cualquier operatividad no habitual que pudiera implicar un riesgo. Una vez recibida la información, la UAF realiza un análisis técnico y, al detectar posibles fallas, confecciona un Informe de Inteligencia Financiera que se entrega al Ministerio Público como apoyo a las investigaciones.
Estos informes no constituyen evidencia judicial, pero facilitan a las autoridades enfocar con mayor exactitud las indagaciones relacionadas con delitos económicos, precisó.
La UAF mantiene asimismo intercambios con entidades internacionales a través del Grupo Egmont, una red que congrega a más de 170 unidades de análisis financiero de diversas naciones para compartir datos y ofrecer ayuda en casos que cruzan fronteras.
Además, destacó que la institución promueve programas de capacitación y concienciación dirigidos a los sectores público y privado, con miras a robustecer la cultura de acatamiento y prevención.
El directivo informó que mañana y el día 30 del presente mes, con ocasión del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF), organizará la octava edición del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos (Congreso CLA).
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