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Tucson, Arizona. – La directriz del presidente Donald Trump que pretende anular la ciudadanía por nacimiento para los hijos de personas que no sean ciudadanas ni residentes legales en Estados Unidos ha provocado una fuerte pugna legal y política a nivel nacional, dejando patente el anhelo de los republicanos de suprimir la Enmienda XIV de la Carta Magna estadounidense.
A esta iniciativa se sumaron dieciocho procuradores generales republicanos, encabezados por la fiscal general de Iowa, Brenna Bird, quienes emitieron un *amicus brief* en respaldo de la medida.
Un *amicus brief* (o “dictamen de amigo de la corte”) es un documento jurídico presentado por un individuo, organización o ente que no forma parte directa de un litigio, pero posee interés en el desenlace y desea aportar información, argumentos jurídicos o puntos de vista que puedan asistir al tribunal en su resolución.
En el asunto de la ciudadanía por nacimiento, estas jurisdicciones republicanas que presentaron *amicus brief* —Iowa, Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Utah y Wyoming— respaldan con ello la revisión de la Enmienda XIV, aun sin ser los querellantes principales, para que la Corte Suprema evalúe sus argumentos. ┌——————————————————┐ │ Corte Suprema │ │ (decide sobre el litigio) │ └————————┬————————┘ │ ┌——————————————┼——————————————┐ │ │ │ ┌—————————-┐ ┌—————————-┐ ┌————————————┐ │ Querellante │ │ Parte Demandada │ │ Informe de Amigo de │ │ (quien │ │ (quien se │ │ la Corte”, no es │ │ inicia la │ │ defiende) │ │ parte del proceso) │ │ acción legal) │ │ │ └—————————-┘ └—————————-┘ └————————————┘ │ │ │ │ Argumentos │ Argumentos │ Información, │ y pruebas │ y defensas │ estudios, perspectivas │ │ │ para asistir al tribunal
Por otra parte, territorios como Arizona han interpuesto recursos legales contra la orden ejecutiva presidencial, y la determinación definitiva recae ahora en la Corte Suprema.
Para comprender el trasfondo jurídico y político de este expediente, Conecta Arizona dialogó con el jurista constitucionalista Daniel Ortega, quien explicó que esta propuesta obedece fundamentalmente a una táctica política conservadora.
“Todo lo que se está viviendo actualmente ha sido impulsado por la ideología conservadora, proveniente del presidente Donald Trump… él prometió en su campaña deshacer la ciudadanía por derecho de nacimiento”, aseveró Ortega.
El letrado rememoró que la Corte Suprema ya dictaminó en la década de 1940 que toda persona nacida dentro de las fronteras de EE. UU. tiene derecho a la nacionalidad, sin importar la situación legal de sus progenitores. “La administración Trump busca aprovechar la actual configuración conservadora de la Corte Suprema para intentar revocar este derecho”, añadió Ortega, señalando que el esfuerzo legal está distribuido en diversos fueros del país.
Ortega también aclaró la complejidad del proceso para efectuar una modificación a la Constitución, sobre todo porque esta es una intención del presidente Trump y los republicanos. Alterar una enmienda exige intervención del Congreso y la concurrencia de diversos factores; algo que quizás nunca se materialice.
Respecto a las jurisdicciones que apoyan la tesis, Ortega subrayó que es más un movimiento político que legal: “Los estados republicanos que apoyan al presidente intentan ejercer influencia política sobre la Corte, pero esto no asegura una modificación legal. La Corte Suprema tendrá la última palabra”. Arizona, junto con otras regiones, ha presentado litigios contra la directriz ejecutiva, procurando resguardar el derecho establecido a la ciudadanía por nacimiento.
Ortega concluyó que cualquier intento de alterar la ciudadanía por nacimiento a través de la Constitución sería sumamente intrincado: “Para modificar una enmienda se requiere un procedimiento prolongado y con múltiples etapas: votaciones en el Congreso, ratificación por tres cuartas partes de los estados y otros elementos. No es algo que se logre con un mandato ejecutivo o presión política. Si la Corte Suprema mantiene el precedente que estableció la ciudadanía por derecho, es muy factible que el empeño del presidente y sus aliados fracase, aunque la controversia seguirá”, indicó el abogado.
Sí, es factible modificar la Constitución de Estados Unidos, pero es extraordinariamente arduo. El procedimiento está diseñado para demandar un consenso político y federal amplio, lo cual lo hace infrecuente en la práctica:
Por estas razones, aunque viable, muy pocas enmiendas han sido aprobadas desde la promulgación de la Constitución en 1789. Reformarla no es únicamente una cuestión política, sino un proceso que requiere un acuerdo amplio y sostenido a escala nacional.
