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El desorden se inició el martes en la mitad norte de la urbe carioca, entre los complejos de Penha y Alemão, punto central del operativo, y se propagó por toda la capital.
Los comercios cerraron anticipadamente, el tren subterráneo iba repleto y en las paradas de autobús los usuarios se deseaban buena suerte para intentar regresar a salvo a sus hogares.
El operativo policial más rudo en la historia de Río de Janeiro tenía como meta ejecutar 100 órdenes de detención y frenar el avance territorial del Comando Vermelho, el grupo delictivo de mayor trayectoria en el estado.
De los más de 100 fallecidos, cuatro son uniformados. Se confiscaron más de 100 artefactos bélicos y se practicaron 81 apresamientos. Se movilizaron 2.500 efectivos de las fuerzas de orden de Río de Janeiro para la incursión.
En los últimos años, la agrupación ha recobrado su influencia. Conforme al Mapa de Agrupaciones Armadas —una colaboración entre el Instituto Fuego Cruzado, el Grupo de Estudios de Nuevas Ilegalidades (GENI) y la Universidad Federal Fluminense (UFF)—, el Comando Vermelho fue la única organización criminal que expandió su control territorial en la entidad, mientras que todas las demás cedieron terreno.
Entre 2022 y 2023, la entidad incrementó en un 8,4% las demarcaciones bajo su potestad y recuperó la supremacía perdida ante las milicias en años precedentes. Con ello, pasó a representar el 51,9% de las áreas dominadas por conjuntos armados en el Entorno Metropolitano de Río.
Casi 50 años de historia —y un régimen de gobierno militar de por medio— separan el surgimiento del Comando Vermelho de esta jornada violenta en Río de Janeiro. Allá por los años 70, prisioneros con ideas políticas se mezclaron con reclusos comunes en el Instituto Penal Cândido Mendes, en Isla Grande, a más de 100 kilómetros del centro urbano.
Hasta ese momento, con escasa o nula formación académica, los internos más veteranos, la mayoría encarcelados por asaltos a bancos, desconocían sus derechos. Los aprendieron al convivir con los presos políticos, en su mayoría descendientes de la clase media, quienes comenzaron a intervenir en las negociaciones buscando mejores condiciones.
“El Comando Vermelho nace en el interior de las cárceles, en el núcleo del Estado. En la coexistencia con aquellos detenidos por la Ley de Seguridad Nacional. Inicialmente, se denominaba Falange da Segurança Nacional. Luego adoptó el nombre de Falange Vermelha. Y, tiempo después, la prensa lo bautizó como Comando Vermelho”, explica la socióloga Carolina Grillo, de la UFF.
“Vermelho” en nuestro idioma significa “rojo”.
“No es que los detenidos con inclinación de izquierda se organizaran. Ambos compartían algo: el apoderamiento de bancos. Estos actos ilícitos eran considerados de seguridad nacional porque los grupos de oposición a la dictadura robaban bancos para financiar la resistencia ideológica. Por eso adquirió un estatus particular en la legislación, lo que llevaba a los ladrones de bancos convencionales a Isla Grande”, añade Jacqueline Muniz, del Instituto de Estudios Comparados en Administración de Conflictos del Departamento de Seguridad Pública.
Uno de sus principales artífices fue William da Silva Lima, conocido como el Profesor. En su obra “400 x 1: una crónica del Comando Vermelho”, Lima relata que el conjunto se formó para ordenar el entorno penitenciario, estableciendo normas de coexistencia.
Al promulgarse la Ley de Amnistía, en 1979, los presos políticos fueron liberados, mientras que el resto permaneció allí. La pugna por la justicia social dentro del penal mermó sin los antiguos compañeros de celda.
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Los integrantes de la Falange Vermelha se reagruparon de otras formas. En 1980 iniciaron las evasiones: más de 100 reclusos consiguieron escapar de la prisión, para consternación de los banqueros. Con las ganancias de los atracos a bancos, el Comando Rojo invirtió en otro rubro: la comercialización de cocaína.
“En aquel instante, en la década de 1980, Colombia devino productora de cocaína. Y eso desata cambios en las rutas internacionales del tráfico. Brasil se vuelve un punto intermedio en el trayecto hacia Europa, tal como lo es hasta hoy”, comenta Grillo.
Con el comercio clandestino, los miembros del Comando Vermelho necesitaron resguardar sus mercancías de los intentos de hurto de otros grupos.
“No puedes acudir a la estación de policía a poner una denuncia porque te han sustraído la droga. La capacidad de amparar la tenencia, a diferencia de la propiedad legal, de la cual uno posee una factura o certificado, en el ámbito delictivo requiere armamento para asegurar los pactos, salvaguardar la posesión de la actividad ilícita”, sostiene Muniz.
“Existían desavenencias y animosidades, disputas zonales. Y quienes se benefician son los proveedores de armas y los agentes policiales que asimismo empezaron a suministrar armamento. Esto generó en la propia policía una necesidad de pertrecharse más sólidamente para hacer frente al comercio ilegal de armas”, agrega Grillo.
En los años 90, los niveles de conflicto alcanzaron sus peores momentos en la historia de Río de Janeiro. En 1994, se registraron 64,8 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Para tener una referencia, actualmente, este índice es de 24,3 defunciones en el estado.
En un intento por doblegar al Comando Vermelho, el gobierno trasladó a sus cabecillas a distintas prisiones. El resultado fue el opuesto: el Comando Vermelho difundió sus preceptos a otros reclusos y cosechó aún más poder hasta erigirse como la principal entidad delictiva de Río de Janeiro.
A partir de ese momento, el Comando Vermelho ya no se limitaría al estado de Río.
“El Comando Vermelho opera como una franquicia. Hay varios dueños de las favelas. Ninguno domina más ni menos, es una comunión de intereses. Eso es lo que posibilitó al Comando Vermelho crecer a nivel nacional”, expresa el periodista Rafael Soares, autor del libro “Milicianos: cómo agentes formados para combatir el crimen pasaron a matar al servicio del mismo”.
Esta filosofía de facción permitió que los líderes de otras entidades, en principio, se volvieran socios comerciales de sus agrupaciones”, añade.
De acuerdo con él, en los últimos seis años, el Comando Vermelho ha incrementado su presencia en 25 estados, mientras que antes la organización solo controlaba 10.
“Un punto crucial en la nacionalización del PCC [Primer Comando de la Capital] y del Comando Vermelho fueron las reclusiones federales. Esa ‘genial’ idea del gobierno central de reubicar a los grandes líderes del PCC y del CV en presidios federales de otras provincias”, critica Grillo.
El crecimiento del Comando Vermelho requirió nuevas erogaciones. El tráfico de estupefacientes sigue siendo el núcleo de sus operaciones, principalmente con el dominio de áreas limítrofes, como la Amazonía, donde la facción y el PCC extienden sus corredores.
Pero las ganancias ya no provienen únicamente de las sustancias prohibidas. Según un estudio del Foro Brasileño de Seguridad Pública, el crimen organizado movió, en 2022, cerca de US$273.300 millones en mercados ilícitos de metales preciosos, carburantes, brebajes y tabaco.
También ha variado la manera de adquirir armamento. Hasta hace unos años, los maleantes se pertrechaban básicamente de dos formas: mediante ventas clandestinas provenientes de Paraguay o a través de desviaciones de las propias fuerzas de seguridad nacional.
Hoy en día, existen métodos para ensamblar el propio artefacto y compañías ilegales capaces de producirlos a gran escala.
“Son factorías con maquinaria moderna, aparatos muy costosos, que valen hasta medio millón de reales (US$93.300). Son impresoras 3D, que funcionan con metal y entregan componentes terminados. Al ser equipos industriales, producen en masa”, detalla Bruno Langeani, consultor del Instituto Sou da Paz.
En agosto, la Policía Federal descubrió una planta clandestina de ensamblaje de armas en Rio das Pedras, en la zona occidental de Río, e incautó cuatro impresoras 3D.
Esta no es la única innovación tecnológica utilizada por el delito organizado. El martes, el Comando Vermelho exhibió su capacidad armamentística empleando aparatos no tripulados que arrojaban explosivos durante los intercambios de disparos.
Otro aspecto señalado por Langeani es la facilidad para hallar piezas para el montaje de estas armas. Con las directrices de flexibilización de las regulaciones de control de armas durante los años del mandato de Jair Bolsonaro, se produjo una proliferación de talleres en este sector.
“Hubo un estímulo económico para los fabricantes de empuñaduras, por ejemplo. Antes solo vendían, fundamentalmente, a la policía y a las Fuerzas Armadas. Entonces, no tenía lógica tener una industria de ese tipo en Brasil. Pero después de Bolsonaro, miles de civiles adquirieron fusiles. Y estas personas, a veces, desean modificarlos, cambiar la culata o el agarre”, señala.
La flexibilización del acceso a las armas, entre 2018 y 2022, incrementó drásticamente los registros de Coleccionistas, Tiradores y Cazadores (CAC), y algunos de ellos llevan sus instrumentos legales al crimen organizado.
De acuerdo con el Instituto Sou da Paz, el 50% de las confiscaciones en el sector sureste del país corresponden a armamento desviado, el 30% a instrumentos ensamblados y el 20% proveniente de los CAC.
Los indicadores sugieren que los operativos policiales más onerosos y cruentos del estado no han logrado los efectos deseados. Mientras el Comando Vermelho avanza sobre el territorio de Río de Janeiro, es precisamente en las áreas bajo su control donde la policía interviene con mayor ímpetu y donde se intensifican los choques.
Según el Mapa de Grupos Armados, existen 3,71 veces más posibilidades de que un área dominada por el narcotráfico registre enfrentamientos en comparación con las zonas controladas por las milicias. En cerca del 60% de los lugares donde hay contiendas se halla implicación policial.
“No percibo una correspondencia directa entre la acción del g
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