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Los triunfos y realizaciones del Ejecutivo, que son bastantes, están sobradamente divulgados y proclamados. De igual modo, sus fallos.
El día de hoy, mi intención no es ensalzar los primeros ni hacer hincapié en los segundos, a excepción de uno cuyo talante inmoral excede en gravedad a su impacto económico. Es posible que intuyan que me refiero al deterioro crítico de las EDE, que si bien comenzó previo al 2020, jamás había alcanzado cotas tan deplorables.
La mayoría de los analistas, sean contendientes políticos o ciudadanos probos, señalan habitualmente el perjuicio de inyectar cuantiosas sumas —más de doce mil millones de dólares (RD$768,000 millones) en un quinquenio— en un pozo sin drenaje. Es otro asunto, pero a ese auxilio desastroso hay que añadir otra cifra prodigiosa malgastada en ayudas sociales indiscriminadas y sujetas a intereses políticos.
No obstante, incluso sumando ambas cantidades, la falla moral que considero más grave es que la ineptitud administrativa de las EDE fuerza a centenares de miles de hogares honrados a participar en el hurto de energía mediante empalmes clandestinos, puesto que quienes dirigen no logran formalizar sus consumos con contadores o convenios legales.
Esta situación irregular, o hurto involuntario por imperativo, ya que ¿quién puede prescindir de electricidad?, convive con el generoso abanico de subsidios sin criterio, que equivale a obsequiar a un grupo social lo que una minoría cubre con impuestos y lo que el Estado toma prestado.
Junto con tantas otras infracciones impunes de normativas, estatutos y preceptos de convivencia ciudadana, forzar a tantas familias a criar a sus vástagos “aceptando” el hurto eléctrico (o recibir ayudas que solo corresponden a los más necesitados) es un atentado peor que el colapso financiero de las EDE. Pero como suelo estar en el error, ¡que persista la celebración!Este texto vio la luz originalmente en El Día
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