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Washington. — La mayoría de los ministros del Tribunal Supremo mostraron ayer escepticismo respecto a la facultad del presidente Donald Trump de establecer aranceles de manera unilateral, lo que pone en peligro un pilar fundamental de su programa en la prueba legal más significativa de su mandato hasta ahora.
El máximo tribunal, con mayoría conservadora, inició ayer las vistas para determinar si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga a los mandatarios la potestad de enfrentar una “amenaza” durante una “crisis nacional”, habilita a Trump para imponer tributos a casi todos sus socios comerciales, como los dirigidos a México, al que el republicano acusa de facilitar el trasiego de fentanilo hacia EE. UU., con potenciales repercusiones de miles de millones para la economía global.
Los tres magistrados progresistas, de los nueve que componen la Alta Corte, también manifestaron su duda. Uno de los puntos cruciales que se discute en el tribunal es la “doctrina de los asuntos importantes”, según la cual, es el Congreso quien debe facultar al presidente para adoptar resoluciones de gran trascendencia.
El procurador general John Sauer, defensor del gobierno, señaló a los nueve jueces que esta doctrina no aplica dada la amplia gama de atribuciones inherentes al cargo presidencial y advirtió que anular los aranceles expondría a Estados Unidos a “represalias comerciales implacables” de otras naciones. “Los tributos son potestad del Poder Legislativo (…) y los aranceles son impuestos”, aseveró la jueza liberal Sonia Sotomayor.
El presidente usa esta legislación de emergencia “para imponer gravámenes aduaneros sin distinción de producto o país de origen, decidiendo el monto y la duración”, apuntó el juez conservador John Roberts, presidente del tribunal, lo que, a su parecer, confiere una “autoridad inmensa” al presidente. Los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett expresaron una inquietud similar. Esta última resaltó que el estatuto que ha cedido facultades a los mandatarios no se había empleado como lo ha hecho Trump.
“Resulta bastante obvio que el Congreso buscaba restringir los poderes de emergencia del presidente”, no ampliarlos, indicó.
Un tribunal dictaminó en mayo que el presidente excedió su mandato al establecer los aranceles, si bien la apelación del gobierno permitió que siguieran vigentes temporalmente. Posteriormente, un tribunal de apelaciones federal concluyó en agosto que las tasas eran contrarias a la ley, lo que llevó al gobierno a elevar el caso a la Corte Suprema.
Un tema central que flotaba en los argumentos era si las empresas tendrían derecho a recuperar los pagos de las tasas si los jueces fallan en contra del uso de las facultades de emergencia por parte de la administración Trump para imponerlas.
En una plática con Fox Business, Trump advirtió que si el Tribunal Supremo resolvía en su contra, “tendríamos que reintegrar el dinero”. Barrett cuestionó al abogado Neal Katyal, representante de las firmas que demandaron a Trump por los aranceles, sobre cómo se desarrollaría ese proceso, una señal de que podría tener reservas sobre las consecuencias prácticas de fallar en detrimento de la administración. “¿Sería un caos total?”, inquirió.
El magistrado conservador Samuel Alito pareció mostrar interés en zanjar pronto la cuestión de las devoluciones, ya que la dilación solo incrementaría la recaudación arancelaria y la dificultad del proceso. Hasta ahora, el Tesoro ha acumulado cerca de 90 mil millones de dólares por los tributos impuestos bajo la IEEPA.
A la audiencia asistió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en representación de Trump, quien sostuvo que la aplicación de las tasas es imprescindible debido a la emergencia económica que afronta Estados Unidos. En X, Bessent reiteró que Trump busca “reequilibrar décadas de comercio injusto contra EE. UU., reactivar la manufactura y corregir los desequilibrios”.
Se prevé que el Supremo emita un fallo hacia finales de junio, al concluir el ciclo político, aunque es posible que, dada la relevancia del caso, se anticipe.
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