Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión del editor/periodista.
WASHINGTON (AP) — La Administración de Donald Trump tuvo una acogida fría el miércoles en la Corte Suprema, donde la mayoría de los magistrados expresaron dudas sobre el uso innovador que hizo el presidente de una ley de facultades de emergencia para establecer aranceles a escala global.
El máximo tribunal, que cuenta con tres jueces designados por Trump y que generalmente son proclives a un robusto poder presidencial, podría concluir que el mandatario ha excedido sus atribuciones.
Esta es la primera política de Trump que llega al tribunal para una resolución definitiva y las repercusiones son significativas, tanto en el ámbito político como en el financiero.
El líder republicano ha convertido los gravámenes aduaneros en un eje de su estrategia económica y exterior, y ha advertido que sería un “desastre” si la Corte Suprema resolviera en su contra.
A continuación, se exponen algunos puntos clave sobre las audiencias relativas a los aranceles ante el Tribunal Supremo.
Una potencial mayoría en contra de los aranceles muy probablemente incluiría a los tres jueces progresistas del tribunal y al menos a dos de los conservadores.
Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, ambos nominados por Trump, junto con el presidente del Tribunal, John Roberts, parecían ser los más inclinados a fallar en detrimento del presidente.
La Constitución confiere al Congreso la facultad de imponer tributos aduaneros, pero Trump se ha amparado en una potestad excepcional para operar sin el asentimiento del Capitolio al declarar estados de excepción nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
En febrero, se invocó esta ley para fijar aranceles a Canadá, México y China, argumentando que el tránsito irregular de inmigrantes y drogas a través de la frontera estadounidense configuraba una emergencia nacional y que estos tres países debían intensificar sus esfuerzos para frenarlo.
En abril, extendió los gravámenes a nivel mundial tras proclamar que los persistentes desequilibrios comerciales del país constituían “un estado de emergencia nacional”.
No obstante, Roberts no se mostró convencido de que Trump poseyera tal potestad. La ley “jamás se había empleado para justificar gravámenes. Nadie había sostenido que lo hiciera hasta este litigio”, le manifestó Roberts al fiscal general, D. John Sauer.
Los aranceles gravan las importaciones, y Gorsuch manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso pudiera delegar su potestad fiscal en el presidente. “El poder de inmiscuirse en los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses es distinto y lo ha sido desde los inicios”, destacó Gorsuch, aludiendo a cómo las controversias fiscales contribuyeron a desencadenar la gesta revolucionaria estadounidense.
Tanto Barrett como Roberts plantearon interrogantes que denotaban cierta inquietud sobre cómo debería resolverse este asunto, y los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Clarence Thomas también podrían respaldar a la Casa Blanca.
Kavanaugh dirigió al Sr. Sauer algunas preguntas afables sobre los aranceles globales del 10% impuestos por el presidente Richard Nixon, amparado en un antecesor de la ley ahora invocada que utilizaba una redacción muy similar.
Comprender los aranceles de Nixon, validados por un tribunal de apelaciones pero nunca elevados a la Corte Suprema, “es verdaderamente crucial para dirimir correctamente en esta causa”.
Barrett y Kavanaugh se centraron en los argumentos de los demandantes en el sentido de que Trump podría ordenar un bloqueo comercial total, pero no establecer gravámenes mínimos del 1% bajo el marco de la ley de emergencia.
“¿No resulta lógico, entonces, que el Congreso deseara que el presidente utilizara algo que fuera (…) un recurso menos severo que clausurar por completo el comercio como elemento de presión para intentar conseguir algo de una nación foránea?”, inquirió Barrett.
El tribunal accedió a examinar el caso en septiembre y fijó la vista oral para menos de dos meses después. Esta celeridad, al menos bajo los parámetros del Tribunal Supremo, sugiere que buscará emitir una decisión rápidamente.
Los asuntos de gran repercusión pueden tardar medio año o más en resolverse, a menudo debido a las múltiples rondas de revisión que atraviesan los autos de mayoría y de disidencia.
Pero el máximo órgano judicial puede actuar con premura cuando los plazos apremian. Recientemente, emitió su dictamen apenas una semana después de escuchar los alegatos en la causa de TikTok, ratificando por unanimidad una normativa que obligaba a desinvertir en la popular aplicación de redes sociales en EE. UU. si no era vendida por su empresa matriz china. Trump ha interferido varias veces para impedir que dicha ley entre en vigor mientras prosiguen las negociaciones con China.
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Esta crónica fue adaptada del inglés por un editor de AP con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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