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Para el 2022, uno de los años en que la red estuvo activa, el precio promedio por kilo de cocaína en EE. UU. rondaba entre los 20,000 y 25,000 dólares americanos.
La red de tráfico de drogas del regidor Edickson Herrera Silvestre transportó un mínimo de 376 kilogramos de cocaína hacia el sur de La Florida, en Estados Unidos, según su propia confesión al declararse culpable.
El cargamento viajó en un barco llamado “The Ghost” (El Fantasma) y contenía cocaína que era propiedad del regidor, además de la de otros traficantes que le habían pagado por el transporte.
Para el 2022, uno de los años de operación de la red, el valor promedio del kilogramo de cocaína en Estados Unidos oscilaba entre 20,000 y 25,000 dólares estadounidenses.
Si tomamos la cifra más baja y la multiplicamos por los 376 kilos traficados, obtenemos una cifra de US$7,520,000 solo en dos años de actividad de la red. Eso equivale a unos RD$436,160,000 al tipo de cambio promedio de ese año.
Un Negocio Considerablemente Grande
Herrera Silvestre estableció un negocio de gran escala: no solo traficaba su propia cocaína hacia EE. UU., sino que también llevaba la de otros narcotraficantes cobrando $5,000 dólares por cada kilo transportado.
Los traficantes utilizaban una “casa de resguardo” como “depósito mayorista” en el sur de La Florida, donde guardaban cientos de kilos de cocaína.
Las agencias estadounidenses informaron haber visto a uno de los traficantes sacar de la casa unos 10 kilos de cocaína, cubiertos con una lona amarilla, y cargarlos a un automóvil.
En uno de los documentos del expediente se menciona que las autoridades intentaron interceptar el vehículo una vez que estaba en marcha, pero les fue imposible y el conductor logró escapar en ese momento.
El narcotraficante al volante ocultó los 10 kilogramos de cocaína en un bote de basura ubicado detrás de un establecimiento comercial.
Dicho traficante ha sido identificado como José Eduviges Aponte Torres, el tercer implicado en los cargos contra el regidor y el general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jérez.
Aponte Torres fue el primero de los acusados en llegar a un acuerdo de culpabilidad y cooperación con las autoridades de Estados Unidos.
Luego de la huida de Aponte Torres, las autoridades consiguieron una orden para registrar la vivienda empleada como almacén encubierto, donde hallaron cuatro sacos con aproximadamente 160 kilogramos de cocaína.
Dos de los narcos, al percatarse del allanamiento en la casa usada como depósito, se ocultaron y posteriormente viajaron a Texas, desde donde cruzaron la frontera hacia México y regresaron a la República Dominicana.
“En las semanas posteriores, el regidor y algunos de los implicados se reunieron en República Dominicana para debatir la pérdida de la cocaína y cómo recuperarían sus fondos”, se indica en los documentos.
El General
Los documentos relacionados con el general retirado William Durán Jerez indican que él era dueño de 50 kilogramos de cocaína que movió la red, y que además había vendido otros 50 kilos a un traficante diferente involucrado en la operación.
Durán Jerez ocupó cargos como director de Seguridad Preventiva de la Policía Nacional y supervisor general de la Junta Central Electoral. Fue pasado a retiro en 2009 por el entonces presidente Leonel Fernández debido a “antigüedad en el servicio”.
Se Entregó
El diario El Día reportó en junio de este año que el general se entregó a la DEA, agencia que lo puso bajo custodia y luego lo trasladó en un avión privado a Estados Unidos.
También se le señala como la persona que consiguió y presentó al capitán para el buque que había adquirido el regidor Edickson Herrera Silvestre.
La ruta de la droga era la siguiente: inicialmente adquirida en Suramérica, era llevada a República Dominicana, donde se guardaba. Desde un hotel en Puerto Plata, se cargaba una lancha pequeña para llevar los narcóticos a mar abierto, donde se transferían a un buque adquirido por la red.
Los narcóticos llegaban al sur de La Florida, lugar donde se distribuían y vendían. El dinero de las ventas regresaba a República Dominicana, procediéndose a la distribución del capital a cada narcotraficante que participó en la maniobra.
La acusación formal contra el trío de narcotraficantes está fechada el 5 de marzo de 2025, y para septiembre y octubre ya todos habían aceptado su culpabilidad y firmado su colaboración con las autoridades estadounidenses.
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