Aclárenlo: no se comprende el motivo de las materias vedadas

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Resultaría igualmente improcedente que ciertos grupos intenten imponer sus condiciones particulares como prerrequisito para dialogar sobre la reforma laboral, sin que estas pasen por el filtro de la concertación y la negociación; de igual manera, sería inapropiado que otros cierren toda vía para tratar temas fundamentales de esa reforma, aun antes de iniciar cualquier debate.

Mucho más considerando que, por una parte, llevamos décadas conviviendo con la realidad de que más de la mitad de los empleados permanecen en la informalidad, y por la otra, existe un consenso, convertido en promesa, de que los derechos ya ganados por los trabajadores no se verían comprometidos al negociar las nuevas normativas laborales.

Una reforma del ámbito laboral que pretenda ser justa y perdurable debe emerger del intercambio abierto para desmantelar todos los pilares del Código Laboral actual y erigir uno nuevo que se ajuste a los mercados en constante evolución de hoy.

Y si el panorama duro de tener un código que dificulta la formalidad y la generación de puestos de trabajo dignos no es suficiente argumento, entonces busquemos la claridad que ofrecen diversos estudios que prueban la relación entre costos elevados, junto a gran rigidez, y un mercado de trabajo estancado e informal.

Un análisis del BID, titulado Empleos para crecer, calcula que en Latinoamérica y el Caribe la formalización implica un desembolso de cerca del 39 % de lo que el empleado produce (los gastos incluyen salario, aportes y beneficios), lo cual desincentiva la contratación formal.

Dicho estudio, que ofrece un diagnóstico exhaustivo de los mercados de trabajo en la zona, establece que los costes salariales y no salariales, en proporción a la productividad, son un 50 % superiores en la región comparados con el promedio de los países de la OCDE.

Además, otra investigación regional del Banco Mundial concluye que las rigideces laborales están vinculadas a una menor creación neta de empleo, mientras que una mayor flexibilidad regulatoria tiende a impulsarla. Advierte que las normas sobre contratación y cese de actividades influyen directamente en la decisión empresarial de establecer plazas formales.

Asimismo, indagaciones del FMI y otras entidades internacionales demuestran que los entornos laborales con alta informalidad y regulaciones estrictas suelen ajustar el empleo con mayor lentitud y sufrir consecuencias negativas en el crecimiento a medio plazo.

El escenario empeora para las pequeñas empresas, más expuestas a la carga de los costes de cumplimiento. Informes del BID, Banco Mundial y análisis enfocados en pymes confirman que estas tienen menos margen para asumir obligaciones laborales fijas y normativas complejas. Por ende, los costos de contratación y formalización afectan más profundamente sus determinaciones.

Superar ese obstáculo requiere estrategias de formalización que combinen la reducción de costes con transformaciones estructurales.

Y para lograrlo, será imperativo dejar de lado la aprensión: el temor a perder pequeñas seguridades, de escaso beneficio, con el fin de alcanzar las grandes victorias que el progreso —ese otro nombre de la dignidad humana— demanda.